El pasado 18 de agosto los comunitarios Gerardo Chale Allen, de 30 años; Neli Pedro Parista, de 28 años, y Eddy Osorio, de 27, salieron en dirección a sus parcelas ubicadas en la comunidad de Esperanza, Río Coco, en busca de alimentos.
En el camino habrían sido emboscados por un grupo de colonos que secuestraron a Allen y Parista y únicamente Osorio logró escapar y así dar aviso a los líderes de la comunidad.
El 19 de agosto una comisión conformada por los líderes de la comunidad se habrían dirigido a las cercanías de la comunidad Wasput Ta, donde el Ejército construía una unidad militar para pedir ayuda, pero sus miembros “les habrían indicado que contaban con poco personal y no podrían ‘entrar a la montaña’ sin orden de sus superiores”.
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A partir del 20 de agosto los comunitarios iniciaron la búsqueda y el 22 de agosto siete de sus guardabosques llegaron al lugar de los hechos, donde encontraron un papel con un texto amenazante.
En una nueva búsqueda, iniciada el 27 de agosto, cerca del lugar de los hechos, los guardabosques encontraron un rastro de sangre, el que siguieron al día siguiente y que los condujo al sitio donde hallaron parte de los restos de Allen y Parista, descuartizados, decapitados y, en estado de descomposición.
La anterior descripción de lo ocurrido con los indígenas miskitos está plasmada en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitida el pasado 23 de noviembre, como causa para ordenar medidas provisionales a favor de la comunidad Esperanza, de Río Coco, en Waspam, a solicitud del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).
Y el razonamiento de la Corte IDH fue: “De la información presentada a este Tribunal se desprende que el riesgo en la comunidad Esperanza, de Río Coco, se ha agravado con hechos como el secuestro y posterior asesinato, decapitación y descuartizamiento de dos de sus pobladores”.
A su vez, advierte la Corte IDH que “de lo anterior se constatan elementos que reflejan una situación de extrema gravedad y urgencia, con la posibilidad razonable de que se continúen materializando daños irreparables a los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de dicha comunidad”.
Además ese Tribunal expresa particular preocupación por la suerte de Osorio, quien, refiere, escapó a un eventual secuestro y alertó a los líderes comunitarios, “lo cual lo coloca en una situación de vulnerabilidad y riesgo”.
Ese Tribunal también advierte que los graves hechos reportados tienen “una conexión fáctica” con las medidas provisionales otorgadas a otras cinco comunidades en septiembre pasado.
“Al compartir una fuente común de riesgo, resultante del contexto de violencia presentado en la región costa Caribe Norte de Nicaragua y la conflictividad existente con terceros o colonos en el marco de la reivindicación de los territorios ancestrales del pueblo indígena Miskitu, así como los procesos de saneamiento que tienen lugar en dicha zona”, establece la Corte IDH.
Mientras tanto el gobierno de Daniel Ortega asegura que ningún gobierno en la historia de Nicaragua ha dado muestras de cumplir “con la aspiración de justicia y demanda histórica de las comunidades originarias y afrodescendientes” como lo hace este.
Gobierno sordo
Sin embargo, representantes de diferentes comunidades indígenas que sufren la violencia a causa de la invasión de colonos, dicen lo contrario y coinciden en la demanda de saneamiento de sus territorios.
Silvio Herrera, indígena de Esperanza, Río Coco, del territorio Li Aubra, estima que “este Gobierno es sordo” a la demanda de los miskitos de que sus territorios sean saneados y mencionó que, por ejemplo, en su comunidad los colonos “tiran sus carriles” de Mocó a Palán, prohibiéndole así a la comunidad que trabaje.
“Todos somos nicaragüenses y nos tienen discriminados”, expuso Herrera, quien señaló que esto indica que “la costa (Caribe) no tiene Gobierno”, por lo que en la costa el desarrollo solo lo conocen de palabra.
“Si un Gobierno es insensato, la ciudad se arruina, dice la Biblia (…), como es insensato, es decir, que es corrupto, hay bastante droga y delincuentes y nunca da solución y hay militares y Policía Nacional, campantes están en su hamacas solo esperando su pago sin dar protección al pueblo, para nada están allí”, criticó Herrera, que dijo que más bien el pueblo quiere que salgan porque más bien están “de estorbo”.
A su vez, advirtió Herrera que no permitirán que los comunitarios sean desarmados hasta tanto no sean depuestas las armas por parte de los colonos.
Esta situación es igual en el resto de comunidades indígenas. Ramos Astin Broun señaló que “la situación en esos territorios es bien grave”. Y recordó Ramos Astin que la mayoría de las comunidades ha sufrido ataques a bala, ha sufrido el secuestro de sus pobladores, por lo que padecen “momentos de miedo, de temor, de terror, cada momento estamos esperando a qué hora nos vienen atacar”.
Ubencio Dawn Peralta señala, por su parte, que el sector de Santa Clara, territorio de Wangki Twi, es “muy vulnerable porque está invadido por los colonos”.
Allí los comunitarios no pueden ir a traer ni sembrar alimentos, por lo que hay hambruna. En ese lugar ha habido ocho lesionados, dos muertos y más de 180 desplazados.
Eladio Guevara, de Polo Paiwas, desde hace un año está refugiado en Santa Fe, después que su comunidad fue invadida, donde destruyeron por completo la comunidad, incendiaron ranchos y mataron sus animales.
“Son gente desconocida, que les llaman invasores, colonos de otros municipios, dicen que hay personas de Juigalpa, de diferentes departamentos”, denunció Guevara.
A los indígenas les han dejado terrenos fangosos donde no pueden cultivar, pues los colonos ocuparon las mejores tierras, pero tampoco pueden salir a cazar, “porque ellos se están tomando todo el mando de los territorios”, explicó Guevara.
Por su parte, Etman Zamora, quien es delegado de la Palabra, en la comunidad San Jerónimo, del territorio Li Aubra, recordó que desde el 2013 empezó este problema, pero antes de que ocurrieran las primeras muertes ellos introdujeron cartas al Gobierno Regional, a la Policía, al Ejército, al Consejo Regional y a la Procuraduría General de la República, pero nunca les escucharon.
Apuntó Zamora que la mina de Morubila sigue siendo explotada por los colonos, que bien podrían ir los miskitos a desalojarlos, “si nosotros entramos, los miskitos, allí va a haber matancina”.
Ricardo Jarquín Wilson, del territorio Lilamni, insistió en que los indígenas viven de la tierra y ahora los indígenas no pueden ir a trabajarla, por lo que demandan al Gobierno se las deje libre de colonos.
En septiembre del 2015, “por esa tierra” a Jarquín le mataron a su yerno Bermúdez Wilson, por lo que increpa: “¿Quién nos puede resolver este caso?” Al tiempo que apunta: “Tenemos problemas”, pues es tiempo de siembra de frijol, pero al igual que el resto se pregunta de dónde sacarán la semilla.
La presidenta de Cejudhcan, Lottie Cunningham, recordó que con Esperanza, de Río Coco, suman seis las comunidades con medidas provisionales otorgadas por la Corte. Y en su informe ante la Corte IDH el Estado de Nicaragua alega que las otras cinco comunidades, como son Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi, están incluidas en el listado de territorios beneficiados con la entrega de títulos, los que fueron otorgados entre el 2007 y el 2010.
La presidenta de Cejudhcan anunció que continuarán con las gestiones ante los mecanismos de derechos humanos tanto de Naciones Unidas como el Alto Comisionado de Derechos Humanos, como lo han hecho ante el Sistema Interamericano, “porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados”.
Gobierno: “No hay denuncias”
En su informe ante la Corte IDH el Estado de Nicaragua señala que el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua “han venido realizando trabajos de prevención y seguridad para todas las comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa Caribe, haciendo llamados a mantener la paz y que frente a hechos ilícitos se acuda a la Policía Nacional a interponer las denuncias para darles el debido proceso”.
Y añade: “No obstante, en relación con los hechos referidos por los peticionarios y mencionados por la Corte IDH en su resolución de medidas provisionales, se constató que no existen denuncias ante la Policía Nacional ni el Ministerio Público ni la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”. Tras asegurar que la Policía investiga de oficio los hechos relacionados.
Otra justificación del Gobierno
En su informe ante la Corte IDH el Estado de Nicaragua justifica que “las condiciones de seguridad bajo las que se vive en la zona obedecen a una pluralidad de factores que van desde conflictos por la tierra entre colonos y comunitarios, conflictos entre comunitarios y grupos dedicados a la delincuencia común”. Y agrega: “Este fenómeno se va agudizando por el tráfico ilegal de las propiedades comunales, que en las modalidades de ventas y concesiones han sido otorgadas ilegalmente por algunos líderes comunales a favor de terceros ajenos a las comunidades originarias”.