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código penal

Plenario de la Asamblea Nacional. LA PRENSA/ARCHIVO

Reformas a código penal hasta en 2017

Las reformas al Código Penal de Nicaragua o Ley 641 y al Código Procesal Penal (CPP), quedaron pendientes para el 2017 en la Asamblea Nacional, debido a que se están introduciendo nuevas propuestas.

Las reformas al Código Penal de Nicaragua o Ley 641 y al Código Procesal Penal (CPP), quedaron pendientes para el 2017 en la Asamblea Nacional, debido a que se están introduciendo nuevas propuestas.

Carlos Emilio López, diputado sandinista y vicepresidente de la Comisión de la Mujer de la Asamblea, explicó que entre los cambios que se contemplan en el CPP está que en los juicios por delitos contra la vida no hayan jurados de conciencia, sino que los conozcan “jueces técnicos”.

Lea además: Habrá reforma a Código Penal

“Porque ahí tenemos otro filón de posibilidad en que muchas veces los jurados de conciencia son influenciados por lo que se presente en la audiencia de juicio, y aunque el Ministerio Público, la Policía y el juez hacen su trabajo, muchas veces los jurados declaran inocente al acusado, pese a las pruebas contundentes que se presentan”, dijo López.

Otro cambio

Además se impulsaría que todo acusado de cometer delitos contra la vida de las mujeres enfrente el proceso en detención; aunque eso ya lo establece la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer.

“Con esta reforma (al CPP) una persona que sea acusada de un delito contra la vida de una mujer será detenida inmediatamente y el proceso penal será en prisión preventiva”, explicó el diputado López.

Lo que se buscaría evitar, según el legislador, es que los acusados de cometer delitos contra la vida de las mujeres eviten enfrentar la justicia porque se trasladan a otros municipios (luego de cometer el delito) y queremos que haya una actuación más rápida de las autoridades para evitar que esas personas se fuguen.

Se resisten a tocar a la CSJ

Sin embargo, los legisladores sandinistas que son mayoría en el parlamento nacional se resisten a revertir la reforma de hecho que hizo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la Ley 779 que, a través de un reglamento y una normativa de aplicación, redujo el femicidio al ámbito de pareja y abrió la mediación en los casos de violencia psicológica y de violencia física leve.

Homologar penas

Irma Dávila, diputada sandinista y presidenta de la Comisión de Justicia, refirió que parte de las reformas al Código Penal y el CPP contemplan la armonización de las penas de delitos transnacionales como el lavado de capitales y crimen organizado con el resto de la región.

Pandillas y crimen organizado

La propuesta de reforma al Código Penal fue presentada por la CSJ en el 2015, sin embargo no han logrado el consenso con organismos de la sociedad civil y los diputados para que la Asamblea Nacional la apruebe.

En Nicaragua, por ejemplo, la pena por crimen organizado es de cinco a siete años, y la propuesta es subirlos de ocho a diez años. Por lavado de dinero también es de cinco a siete años de cárcel y se planteó que sean de siete a diez años.

El exprocurador Alberto Novoa explicó que existe la tendencia en América Latina de “uniformidad en este tipo de delitos de carácter internacional, entonces los sentenciados están recibiendo penas similares en los países”.

Novoa dijo que uno de los temas complejos es que el crimen organizado busca refugiarse en países donde tienen leyes donde los niños y adolescentes involucrados en ese delito “prácticamente los hacen inconmutable”.

Nuestro Código es moderno, pero hay que armonizar algunos delitos con otros países de Centroamérica y el Caribe, para que el crimen organizado no se vaya a refrescar a ninguno de nuestros países, sino tener armonizada las sanciones”.
Irma Dávila, presidenta de la Comisión de Justicia.

Política código penal Nicaragua Reformas archivo

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COMENTARIOS

  1. El patriota
    Hace 7 años

    La ley 779 fue reformada por la asamblea, el problema de los jueces técnicos es la corrupción del sistema judicial, la cual no es tanto económica si no política, mientras permitamos que un comisario político esté influenciando hasta en las mediaciones en los distritos de policía, este gobierno orteguista caerá inevitablemente como en 1990, con consecuencias más funestas.

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