El plan para lograr que el presidente Evo Morales obtenga la reelección en 2019 ha agravado la pugna política en Bolivia y las denuncias de opositores, juristas y analistas de que está en marcha una estrategia para violar la Constitución.
Las “cuatro vías” que el gobierno defiende ahora para conseguir ese objetivo incluyen dos propuestas para reformar parcialmente la Constitución, la renuncia de Morales al concluir su actual mandato y lo que se ha denominado el “método sandinista”, en alusión al usado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para ser reelegido.
Los dos primeros caminos implican reformas al artículo 168 de la Constitución, que establece un límite de dos mandatos continuos, pero que deben ser sometidas a sendos referendos como el que el oficialismo ya perdió en febrero de este año sobre el mismo tema.
El “método sandinista” implicaría una consulta al Tribunal Constitucional sobre la primacía de los “derechos fundamentales” por encima de procedimientos constitucionales, lo que podría permitir una habilitación de Morales como candidato, según el oficialismo.
La cuarta ruta, que según el gobierno habilita “automáticamente” a Morales como candidato, es su renuncia entre un año y seis meses antes de los comicios de 2019 para argumentar que no concluyó su mandato y tiene derecho a otro período constitucional. La interrupción del mandato implicaría que el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, asuma la presidencia en 2019.
El gobernante ya recortó en un año su primer período (2006-2009), ganó un segundo mandato (2010-2015) y después consiguió que el Tribunal Constitucional emitiera un fallo que le permitió volver a ser candidato para el período 2015-2020, que actualmente ejerce.
“No se pueden cambiar reglas del juego”
El gobierno ha insistido en que las opciones son legales y se respaldan en la legitimidad del apoyo que tiene el mandatario.
En la oleada de críticas y rechazos se ha escuchado las voces de la oposición, de abogados constitucionalistas y analistas e incluso de la Iglesia católica, todos pidiendo respeto al resultado del referendo del 21 de febrero que rechazó una iniciativa similar.
El abogado Carlos Alarcón, quien fue viceministro de Justicia durante la presidencia de Carlos Mesa (2003-2005), opinó que no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de un mandato, porque eso socava “las bases de legalidad y legitimidad” del período actual.
Sostuvo, además, que cualquier reforma en la Carta Magna solo puede entrar en vigor en un próximo período y que una consulta al constitucional sobre los derechos fundamentales tiene sentido para los ciudadanos comunes, pero no para funcionarios que están en el ejercicio del poder.
