Ante la posición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de no incorporar como abogados y notarios a estudiantes de derecho en universidades que no estén autorizadas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) para ofertar dicha carrera, el Colegio de Abogados es del criterio que no se debe perjudicar a los alumnos y se debe procurar la legalización de las universidades ante el CNU.
“Se estaría violando el derecho constitucional de tratar a todos por igual, porque los alumnos no tienen culpa que el CNU no tenga actualizada la lista de universidades legales que ofertan la carrera de derecho y se les causaría un grave daño económico a las familias de estos”, dijo Marlon Loáisiga, promotor del Colegio de Abogados de Nicaragua.
Según la magistrada Ramos, los únicos que se salvarán serán los egresados de esta carrera en el 2016, el resto de alumnos quedará fuera y deberá de llegar a arreglos con las autoridades pertinentes.
La lista de universidades debidamente acreditadas y autorizadas para ofertar la carrera de derecho debió estar lista desde noviembre de este año, según declaraciones de Telémaco Talavera, presidente del CNU, en una nota de esta institución en su sitio web.
“En ese mismo sentido, a finales de este mes e inicios del próximo se le informará al pueblo de Nicaragua sobre las universidades que existen jurídicamente y las carreras que han sido dictaminadas “para que no hayan equivocaciones, esta iniciativa es en positivo para fortalecer a las universidades…”, dice la nota, pero la lista no se hizo.
Estudiantes deben exigir
Al respecto, Oscar Castillo, decano de la escuela de Ciencias Jurídicas de la Upoli, expresó que la ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, establece en sus artículo 58 numeral 7 que las entidades universitarias requieren autorización del CNU para funcionar como tal, asimismo en este artículo en su numeral 4 establece que las carreras que éstas ofrezcan deben ser dictaminadas por el consejo, para que gocen de reconocimiento legal.
“No pueden, entonces funcionar como entidad ni pueden ofrecer carreras que no hayan sido previamente dictaminadas. Esto lo refrendan otras leyes”, dijo el decano.
Castillo agregó que los estudiantes que se han graduado en esta entidades ilegales, tienen todo su derecho de exigirles a estas entidades que respondan, ya que puede constituirse incluso en una estafa, la cual es objeto de una acusación penal a esta entidades.
Decisión de CSJ es legal
L a Ley Orgánica del Poder Judicial y su reglamento (artículo 22 numeral 3) establece que uno de los requisitos para incorporarse como abogado es que ostenten el título de licenciado en derecho de una facultad de derecho y universidad legalmente establecida, esto quiere decir autorizada para funcionar por el CNU y autorizada como persona jurídica por la Asamblea Nacional.
“De tal manera que tiene razón la Corte Suprema de Justicia el de negar la incorporación si el titulo que acredita tu formación universitaria como Licenciado en Derecho proviene de una facultad de derecho de una universidad que no cuenta con tal autorización o dictamen de Carrera”, dijo Oscar Castillo, decano de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Upoli.
700 títulos y notas de licenciados en derecho que estaban en proceso de incorporación ante la CSJ, fueron investigados este año, donde solo cuatro expedientes salieron con títulos falsos.
