Crear un fondo de garantía para agilizar el crédito a las pequeñas y medianas empresas es una de las metas a mediano plazo del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Ese fondo sería conformado por la empresa privada, instituciones públicas y cooperación internacional, los cuales aportarán el capital que servirá de respaldo a los pequeños empresarios al momento de realizar un préstamo ante la entidad bancaria. Esto está estipulado en la Ley 663, Ley de Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas para las Micro Pequeña y Medianas Empresas (mipymes).
La Agenda Cosep 2020 incluye como prioridad número tres gestionar la creación de un fondo de garantías donde estipula diseñar un esquema de fondo de garantía que faciliten el crédito a tasas preferenciales a empresarios de sectores estratégicos, especialmente a las pymes y agroindustrias que no siempre cuentan con las garantías necesarias.
“Los fondos serán enfocados en préstamos para inversión en la transformación tecnológica de las empresas” señala la Agenda Cosep 2020.
El representante del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) afirma que de iniciar a hacer uso de este recurso podrían bajar los intereses de los préstamos de hasta el 30 por ciento.
“El 80 por ciento de las empresas (mipymes) no tienen financiamiento y eso resulta que estas se vean limitadas en su crecimiento, su acceso a tecnología y su acceso al comercio exterior, al encadenamiento productivo por eso nos estamos planteando trabajar en 7 líneas de acción, una de ellas es gestionar la creación de fondos de garantías, estamos buscando darle acceso al crédito a la pymes a tasas más bajas (interés) ”, indicó José Adán Aguerri, presidente del Cosep.
“Es como una especie de cooperativa que recibe los ahorros de los empresarios, pero luego las cooperativas le dan a un banco una garantía monetaria para el crédito. ‘Te doy un aval sobre mis fondos’ y con eso el banco agilizará el crédito”, explica Freddy Cruz, vicepresidente de Conimipyme.
Cruz asegura que esta ley se aprobó en 2008 pero no se ha implementado porque existe un órgano de regulación que está en manos del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, pero no lo han hecho funcionar.