A dos meses del triple crimen ocurrido en el Cerro El Coyol, comarca La Magdalena, en Ciudad Antigua, las autoridades se niegan referirse al tema o a recibir denuncias criticó el alcalde de ese municipio, Henry Quiñónez, quien dice que el silencio es demostrativo de quienes son los responsables.
“Donde hemos ido a poner la denuncia nos han cerrado las puertas”, afirmó Quiñónez quien sostuvo que en las instituciones a las que han acudido tanto en el municipio como en el departamento ni siquiera les han aceptado firmar las cartas de recibido.
Esto para Quiñónez indica de que las autoridades de justicia no quieren asumir la responsabilidad, pero advirtió que no desistirán para evitar que las tres muertes queden en la impunidad.
Los asesinados en el lugar el pasado 6 de noviembre fueron Nahúm Mendoza Arriola, Margarito Mendoza Sevilla, su yerno y el joven Santos Armando Pérez López.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, calificó este hecho como grave y preocupante pues revela la indolencia de parte de las autoridades.
“Estamos verdaderamente alarmados ante esta situación porque es un comportamiento reiterado de las autoridades de ocultar la realidad que vive el país”, dijo Núñez, quien expresó que con esto queda al descubierto no solo la falta de investigación, sino el desprecio que existe a la vida humana.
La defensora de derechos humanos señaló que “esa situación de ocultamiento, de que no hay respuesta de las autoridades, es una expresión palpable de la impunidad que hay en el país, de todas las instituciones que tienen que ver con la administración de justicia, pues no solo es la Policía, sino que continúa en la Fiscalía y repercute en el poder judicial”.
Por lo que considera Núñez, que con esta situación, “la Policía se ha convertido no solo en cómplice sino en autor necesario de los crímenes que otras instancias pueden estar cometiendo”.
Recordó que en el informe que realizó el Cenidh sobre esas muertes “está señalado que los responsables de las ejecuciones en Ciudad Antigua es el Ejército”.
El informe del Cenidh sobre ese caso concluyó a mediado de noviembre del año pasado, que las víctimas “fueron ejecutadas y torturadas” y recomendó una investigación exhaustiva sobre las circunstancias en que murieron estas personas, la que debe incluir a militares y policías asignados a esa zona como posibles responsables y ejercer la acción penal correspondiente.
Lo que demuestra es la complicidad y el involucramiento (…) y que definitivamente no quiere investigar porque sería autoinvestigarse”, expresó la presidenta del Cenidh
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