Desde hace dos años tierras de los indígenas en la comunidad de Isnawas, municipio de Prinzapolka, Caribe Norte, han sido invadidas por la fuerza por colonos, con el respaldo de algunas autoridades comunales que han otorgado avales a terceros.
Lo anterior lo expresa el alcalde de Prinzapolka, Eklan James Molina, en una denuncia escrita dirigida a la presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, a la que solicita brinde acompañamiento a los indígenas miskitos, “para que estos sean escuchados por las autoridades correspondientes y se promueva una negociación al conflicto”.
El alcalde menciona los casos de Patricio Michel, Rondolfo Pérez, Francisco Martínez, Virgilio Day y Domingo Washington.
El artículo 3, de la ley 445, Del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas establece claramente que las tierras indígenas son enajenables, no pueden ser vendidas, donadas o embargadas entre otros.
“Sin embargo, autoridades comunales sin escrúpulos, con pleno conocimiento de la ley, realizan actos ilícitos para provecho propio, lo que ha ocasionado conflictos entre miskitos y colonos en vista de que las autoridades correspondientes han hecho caso omiso a las distintas denuncias interpuestas por los indígenas”, denuncia Molina ante el Cenidh, través del cual señala que los hechos con saldo sangriento ocurridos a fines de la semana pasada es resultado de esta situación.
En referencia a los dos colonos muertos, un herido y cinco retenidos por los indígenas, Molina señala que a los indígenas “no les quedó más que defender sus tierras y tutelar el derecho que tienen sobre sus tierras comunales por cuenta propia”.
Molina demanda la formación de una comisión nacional que viaje al lugar del conflicto para que cese la violencia y se restablezcan los derechos de los comunitarios.
Por su parte, la organización indígena de Yatama emitió un pronunciamiento a través del cual acusó al gobierno de desinformar a la opinión pública cuando se refiere al tema del saneamiento de las comunidades indígenas, en el Caribe nicaragüense. Le atribuye falta de voluntad política para detener a los invasores de tierras y revertir las afectaciones a las comunidades indígenas.
A su vez, Yatama sostiene que la violencia que se ha extendido a otros territorios indígenas como el llano de Alamikamba, donde una familia fue asesinada en diciembre del año pasado y el más reciente, a inicios de enero, en Isnawas, sobre el Río Bambana, territorio Prinsu Awala, es debido a la “negligencia e irresponsabilidad total” del gobierno que no ha asumido el mandato legal de saneamiento de los territorios indígenas y afros como establece la Ley 445, a partir de 2008.
Demandan sanciones
La presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua ( Cejudhcan), Lottie Cunningham, expresó que los actos violentos se han profundizado en las comunidades indígenas es consecuencia de la omisión del Estado ante esa situación. El clamor es de que quienes se ven involucrados en la venta de tierras sean detenidos y sancionados, sostuvo la defensora de los pueblos indígenas quien recordó que alrededor de esta problemática hay muchos decretos y documentos que nunca han funcionado.
Respuesta de Yatama
La organización indígena Yatama respondió al informe y diagnóstico enviado por el gobierno en representación del Estado nicaragüense, ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH), con motivo de las medidas provisionales emitidas por ese tribunal para siete comunidades indígenas de Waspam.
En un pronunciamiento la organización indígena responsabiliza al Estado de ser el cómplice del despojo de los territorios ancestrales, la depredación de los bienes patrimoniales, así como a destrucción de los medios y el entorno del habitat de las comunidades. “El gobierno y los poderes estatales nicaragüenses permiten y aún respaldan a través de sus instituciones la invasión de los colonos”, afirma Yatama.