El alcalde orteguista de la comuna sandinista de Masaya, Orlando Noguera, estaría administrando de forma discrecional aproximadamente 35.8 millones de córdobas, a través de contrataciones directas de 47 proyectos estipulados para este año.
Las contrataciones directas fueron aprobadas en la primera sesión ordinaria, por la bancada sandinista de dicho Concejo Municipal.
Ante este procedimiento, que bien es cierto está contemplado en la Ley Municipal, los concejales opositores votaron en contra, porque adujeron que ninguno de los proyectos es de carácter de urgencia.
“Consideramos que hay el tiempo suficiente para hacer los proyectos, sin embargo nos llama la atención de por qué se le dio cheque en blanco al alcalde, para que maneje esa millonada de dinero, y pues como minoría que somos en el Concejo, no podemos frenar este tipo de abuso”, explicó Sergio Rosales, concejal del PLI.
Los concejales lamentaron que a pesar que existe una comisión de infraestructura que es permanente, que tiene como unos cuatro meses que no llama a reunión para ver este tipo de problemática, pues sospechan que la intención es que no haya ningún tipo de fiscalización.
“La única vez que nos llamaron a una licitación, nuestra sorpresa fue que cuando llegamos, ya habían abierto los sobres de los licitantes, y ya habían adjudicado la licitación a una empresa, y solo logramos ver en una pizarra el monto del proyecto y adjudicado a determinada empresa”, dijo Rosales.
Proceso anómalo
Para el sociólogo Cirilo Otero, este procedimiento administrativo es anómalo porque rompe con todos los principios de contabilidad mundialmente aceptada.
“Este procedimiento responde a dos cosas: la primera, es el hábito del orteguismo en desarrollar las cosas en silencio, a escondidas, para favorecer a sus amigos, familiares con empresas propias de la familia gobernante, y para realizar favores políticos a empresarios que se benefician de los hábitos gubernamentales y partidarios”, agregó.
“La segunda, es que se trata de un uso de los bienes en el Presupuesto General de la República únicamente. Con los proyectos financiados por el BID, BM, FAO, KFW, la práctica es distinta, y se someten a los reglamentos de la Ley de Contrataciones del Estado. Misma que es una obligación para seguir desembolsando los préstamos”, explicó Otero.