La situación de los privados de libertad en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) es uno de los temas de preocupación para el presente año para organizaciones de derechos humanos como la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Sobre todo por el impedimento de las autoridades penitenciarias del país de permitirles verificar las denuncias que reciben, por algún tipo de abuso.
El secretario general de la ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez, confirmó que este tema ha motivado una nueva solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en marzo próximo, donde esperan abordar la situación de los derechos humanos de los privados de libertad en Nicaragua.
En su solicitud ambas organizaciones expresan que buscan exponer la difícil situación de los derechos humanos de los detenidos, generada “por una falta de voluntad política que ha venido demostrando el Estado de Nicaragua de tutelar sin excepción los derechos humanos de la sociedad nicaragüense”.
Ambas organizaciones en su solicitud señalan que han observado que el hacinamiento y la sobrepoblación de privados de libertad, son los principales problemas que agobian no solo las penitenciarías del país , sino las cárceles preventivas.
Falta de Información
“Nos preocupa la falta de información respecto de la actual población penal y si ha habido cambios en los costos de alimentación que históricamente han sido mínimos”, señalan ambas organizaciones en su solicitud de audiencia.
Recuerdan que la asignación ha sido de 0.50 centavos dólar para los tres tiempos de comida, por cada interno en las cárceles del SPN. Destacan que esta ha sido una de las principales quejas de parte de familiares de los detenidos. Así como el bajo número de funcionarios destinados a la seguridad de los internos así como de personal capacitado en esos puestos.
A su vez, indican que en la asignación para educación en el Presupuesto General de la República para las penitenciarías “se observan porcentajes mínimos que no se corresponden con el objetivo de fomentar la reeducación, tal y como lo establece la Constitución Política”.
Hay mayor deterioro
Ambas organizaciones expresan que en los últimos años han observado “un deterioro acelerado en la población penitenciaria, en la medida que el sistema punitivo nicaragüense se ha convertido en un sistema represivo, sin beneficios alternos a la prisión para determinados delitos”.
“¿Qué es lo que está pasando realmente en las cárceles?”, pregunta Leiva, quien manifestó que “son conductas que se van profundizando en violaciones permanentes de parte del Estado en obligaciones que tiene que cumplir con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”.
El defensor de derechos humanos califica que en estos momentos hay “una situación de crisis” en el Sistema Penitenciario Nacional, dado la falta de supervisión y control sobre la situación de derechos humanos de los internos.
Según la ANPDH y la CPDH han observado un deterioro acelerado de los derechos humanos en la población penitenciaria en la medida que el sistema punitivo nicaragüense se ha convertido en un sistema represivo, sin beneficios alternos a la prisión para determinados delitos.
Esto ha generado como consecuencia el incremento de la población penal y el hacinamiento en las cárceles. Y recuerdan que en 2014 durante el Examen Periódico Universal ante Naciones Unidas, Nicaragua recibió recomendaciones en el caso de los penales.
Informe es desconocido
Álvaro Leiva Sánchez manifestó que hasta ahora se desconoce el informe del Subcomité de Prevención contra la Tortura de las Naciones Unidas, que visitó las cárceles del país en mayo del 2014.
Y recordó que él conoció que en caso de que los hallazgos del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas sobre su visita a las cárceles del país fuesen negativas, Nicaragua sería beneficiado con fondos para mejoras a las mismas.
Las correcciones son subsidiadas por un fondo especial de Naciones Unidas que asigna a los estados en beneficio de los privados de libertad. Sin embargo, hasta ahora se desconoce qué señalamientos hizo el Subcomité en ese informe y si el Gobierno de Daniel Ortega ya informó sobre las medidas adoptadas tras las recomendaciones recibidas.
Hasta ahora, de esa visita lo único que se conoce fue lo que expresó Enrique Font, jefe de la delegación del Subcomité contra la Tortura de Naciones Unidas en un comunicado: “La situación actual de las personas privadas de libertad en Nicaragua es sumamente preocupante”.