En Nicaragua sí es posible aliviar la carga fiscal a los pobres y la clase media. Basta con solo reducir el gasto en exoneraciones y exenciones para que, por ejemplo, en lugar de cobrarle al consumidor 15 por ciento en Impuesto al Valor Agregado (IVA), sea 12 por ciento, coincidieron analistas, posición con la que ha coincidido el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En 2012, con la Ley de Concertación Tributaria, hubo un intento del Gobierno por reducirle el peso del Impuesto sobre la Renta (IR) a los trabajadores y ponerle fecha de caducidad a los incentivos fiscales que gozan las empresas, pero en una reforma aplicada a finales de 2014 de manera discreta a solicitud del Ejecutivo, la Asamblea Nacional ordenó eliminar ambas medidas, que habían sido vistas con cierto optimismo de encaminar al sistema tributario del país hacia una mayor equidad.
Pero el debate no está cerrado. El investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Adelmo Sandino, y el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro, consideran que el tema debe ser reabierto y proponen algunas directrices. De entrada revisar el IR y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) puede ser el primer paso para avanzar en la progresividad del sistema, lo que no solo aliviaría la carga a los más pobres sino también que estimularía el consumo interno.
Según cifras publicadas por el Banco Central de Nicaragua, el IVA e IR concentran más del 75 por ciento del aporte total a los ingresos fiscales del Gobierno, una tendencia que se ha mantenido por años, solo que ahora el IR le ha ganado más terreno al IVA en cuanto a participación.
Reducir el IVA
Chamorro plantea que el IVA es el más regresivo comparado con el IR, porque precisamente lo pagan todos por igual, mientras que el IR está sometido al sistema de que paga más quien más gana, aunque está limitado a un reducido número de la masa de trabajadores que hay en el mercado laboral.
“El país debería moverse hacia una reducción de los impuestos indirectos como el IVA, porque al final es el que afecta más a los pobres. Y si se está hablando de exoneraciones, pues que la eliminación de estas exoneraciones vayan acompañada de una reducción del IVA para no comprometer la situación fiscal. En otras palabras, los ingresos que ganaría el Estado por reducir exoneraciones se puede compensar con una reducción en el IVA”, afirma Chamorro.
En ese sentido, Sandino estima que si se hubiese aplicado la reducción de tres puntos en la tasa del IVA (que hubiese pasado de 12 a 15 por ciento), tal como se planteó en 2012, la pérdida recaudatoria en 2016 habría sido de 4,531.3 millones de córdobas, suponiendo que la productividad de este impuesto se hubiese mantenido constante.
¿Cómo se compensaría ese hueco financiero? “Si asumimos que las exenciones y exoneraciones se mantienen en la misma proporción que en el 2010, que fue de 6.8 por ciento del PIB (únicamente del IVA), entonces bastaría que se redujeran las exenciones y exoneraciones en un 18 por ciento para que se pudiera reducir tres puntos la tasa del IVA”, plantea Sandino.
Intacto desde el 2000
La tasa del IVA del 15 por ciento en Nicaragua se mantiene invariable desde el 2000 y está dentro de la tasa promedio de América Latina, según estudios difundidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), pero es la más alta de Centroamérica.
En 2012, en víspera de la aprobación de la LCT, el asesor para Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, descartó la posibilidad de reducir la alícuota del IVA, tal como también lo sugirió el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), aduciendo que si bien Nicaragua tiene la tasa más elevada en el istmo, es el país que menos recauda por esa vía porque existe una “inmensa cantidad de productos exonerados del pago”.
“Si lo bajamos a 12 tendríamos que aplicarlo a todo y nosotros no estamos de acuerdo en que se le aplique el IVA a la comida”, afirmó Arce en declaraciones publicadas en agosto de 2012.
Habrían beneficios para los empresarios
En la ecuación que proponen Funides y el Ieepp (menos exoneraciones y exenciones versus reducción de la alícuota del IVA), que también ha sido sugerida por el Fondo Monetario Internacional, no habría perdedores. Chamorro y Sandino coinciden en que al reducir la carga del IVA entre los consumidores los empresarios se beneficiarían con más ventas, que compensaría en parte la pérdida o merma de incentivos fiscales.
“Hay más gente que paga IVA que al IR, entonces una reducción del IVA de tres puntos puede ser bastante interesante en clases populares porque podría aumentar el consumo, al menos es lo que dice la teoría. Incluso hipotéticamente podríamos decir que la recaudación podría aumentar, pero es una relación empírica que requiere estudios”, afirma Chamorro.
Los ajustes en el IR
El Impuesto sobre la Renta también requiere revisión, aunque Chamorro y Sandino tienen planteamientos distintos.
Basado en datos del Instituto de Información de Desarrollo (Inide), Sandino señala que cuando se disgrega el aporte del IR empresarial y el IR que recae entre los trabajadores, se muestra que en términos porcentuales el aporte de los trabajadores ha venido creciendo a mayor ritmo desde el 2007, mientras que el de la empresa privada se ha reducido.
En 2007, por ejemplo, el 45 por ciento del total del IR era aportado por la empresa privada, pero en el 2014 —que es la cifra más actualizada— esta participación se había reducido a un 43 por ciento. En contraste, según cifras analizadas por Sandino, en ese mismo periodo analizado, la partición del aporte del IR de los asalariados pasó de 55 por ciento a 57 por ciento.
Además, Sandino menciona que a diferencia de los trabajadores, las empresas —principalmente las grandes— gozan de privilegios que les permite deducirse del pago de sus impuestos “una cantidad gigantesca de gastos”, lo que ocasiona que la carga de estas sea aún menor. “Si la tasa nominal es 30 por ciento (en pago del IR) varios estudios demuestran que puede andar entre 3 y 5 por ciento la tasa efectiva del Impuesto sobre la Renta en las empresas”, menciona.
De ahí el cuestionamiento de Sandino de que si bien en la LCT se introdujo el elemento de deducción de gastos para los trabajadores en el pago de su IR, a esta se le puso un sinnúmero de candados y burocracia que impide que este derecho se haga efectivo.
También Sandino plantea la necesidad de actualizar la tabla progresiva debido a que la misma tiene rezagos en sus montos, pese a la actualización parcial que se le hizo en la LCT en 2013.
El investigador señala que debido al movimiento salarial desde el 2013, muchos trabajadores que habían salido del pago del IR (50 mil dijo el Gobierno al mover el salario anual máximo exento, que pasó de 75 a 100 mil córdobas) a la fecha muchos de estos han superado el mínimo exento de 8,333 córdobas mensuales, después del pago del INSS.
El salario promedio de los asegurados pasó de 7,704.7 córdobas en 2013 a 9,333.9 córdobas como media hasta noviembre de 2016. En el caso del empleo público pasó de 7,881.8 córdobas en 2013 a 10,120.8 córdobas en 2016, según cifras del Banco Central de Nicaragua.
Lea: FMI: reducir las exoneraciones
No tocar el IR, sino formalizar más empresas
Por su lado, el director ejecutivo de Funides se muestra a favor de mantener el IR tal como está, al afirmar que “si creemos que el sistema tributario es regresivo, es decir que beneficia más a los que más tienen, estaríamos reforzando ese sistema reduciéndole la alícuota del IR a los que tienen más ingresos”
“Estoy en favor de mantener la alícuota en 30 por ciento en el caso del IR, pero rebajar el IVA por el tema de la progresividad”, afirma.
Chamorro considera que sí se ha hecho esfuerzo para reducir la progresividad fiscal, aunque admite que este aún no es suficiente. Y muestra de que hay algún avance, es que está habiendo un reequilibrio entre lo que aporta el IVA y el IR. Chamorro recuerda que hace poco más de dos décadas, los ingresos del Gobierno dependían principalmente del IVA y que ahora es el IR el que más está creciendo en su contribución y participación dentro de los ingresos totales.
No obstante, admite que si bien el pago del IR es más progresivo, lo cierto es que este recae en un reducido número de trabajadores respecto a la masa total del mercado laboral. Esto se debe a la elevada informalidad del mercado, por lo que el reto está en formalizar empresas.
Pero mientras no se haga ese esfuerzo enfocado en la justicia fiscal, Sandino sostiene que la clase media nicaragüense seguirá siendo castigada con una carga de impuestos pesada.
Este es el peso del IR
María Teresa López trabaja como contadora pública en una empresa en Managua. Tiene un salario mensual bruto de 20,000 córdobas, por el que le descuentan cada mes —después del pago del Seguro Social— unos 1,600 córdobas en concepto de Impuesto sobre la Renta (IR).
López asegura que “ojalá pudiera tener potestad para no pagar impuestos”, porque siente que es una pesada carga y cuando le hablan de un aumento salarial, admite que en lo primero que piensa es que espera que el ajuste sea sustancial para compensar el incremento en la obligación con el Fisco, que crece conforme mayores son los ingresos de los asalariados.
Si finalmente el Gobierno hubiese cumplido su promesa de reducir gradualmente el Impuesto sobre la Renta, que pasaría de 30 a 25 por ciento el rango máximo y de 15 a 10 por ciento el mínimo, López estaría recibiendo a partir de este año un ahorro por 500 córdobas anuales y para el 2020 hubiesen sido 1,250 córdobas, en caso de que su salario se mantuviera invariable. La reducción, que al final no ocurrió, comenzaría a partir de 2016 y se extendería hasta 2020.
FMI: Debe haber alivio
En una entrevista a finales de julio de 2016 con LA PRENSA, Juan Fernando Zalduendo, el último funcionario que fungió como representante del FMI en Managua, planteó la necesidad de reducir la carga fiscal a los nicaragüenses. “Nicaragua es un país que tiene dos características prácticamente un poco contradictorias: tiene un gasto tributario muy alto y por otro lado tiene niveles de recaudación impositivas que son bastante elevados comparado con el resto de Centroamérica. Entonces uno podría tratar de reducir las exoneraciones sabiendo que también podés lograr una reducción de las tasas impositivas”, afirmó.
Nicaragua lidera con el IVA más alto
En Centroamérica, según datos de la Dirección General de Ingresos, Nicaragua tiene la tasa del IVA más alta, con 15 por ciento.
12 % es la tasa en Guatemala.
13 % es el cobro
del IVA en El Salvador.
12% es la tasa del IVA en Honduras para las ventas y prestaciones de servicios, 15 % para bebidas alcohólicas y tabaco, y 18 % para boletos de viaje en primera clase.
13 % es el impuesto al valor agregado en Costa Rica.
7% es la carga impositiva del IVA general en Panamá, 10 % para bebidas alcohólicas y 15 % para el tabaco.