El problema de los accidentes automovilísticos en el país no se resolvería con aumento en las multas o las penas a los infractores, coinciden expertos en el tema y defensores de derechos humanos.
También consideran que detrás de las reformas a la Ley de Tránsito y Código Penal hay un interés meramente recaudatorio.
Para el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, estas intenciones lo que indican es que “la accidentalidad es un negocio”.
Asimismo, Cuevas sostienen que el aumento de recaudación vía multas de tránsito, fue anunciado desde el año pasado por las autoridades.
Cuevas hizo referencia a la publicación de LA PRENSA del 29 de octubre del año pasado en la que se informaba que la proyección de recaudación para 2017, a través de la imposición de multas en el sector transporte, sería de 219.07 millones de córdobas.
Solución debe ser integral
Mientras tanto en su página web, la Policía Nacional reporta que en los primeros 15 días del año, los accidentes automovilísticos cobraron la vida de 39 personas.
Para Elvira Cuadra, especialista en Seguridad, “la epidemia de los accidentes de tránsito y sus mortales consecuencias tiene que abordarse desde una perspectiva más integral y no solamente desde el endurecimiento de las sanciones y su aplicación masiva”.
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La estudiosa del tema considera que la situación “ha escalado de tal manera que si sigue este ritmo, el país tendrá menos homicidios que personas muertas por causa de los accidentes”.
Cuadra también indicó que diversos estudios realizados en todo el mundo han demostrado que aplicar multas ayuda, pero no resuelve el problema de la accidentalidad vial.
Trabajar a lo inmediato y tomar diversas acciones
Cuadra aconsejó que en este tema se debe trabajar a lo inmediato y que incluya diversas acciones, tales como la regulación y control del tráfico por parte de la Policía —incluida la aplicación de multas a conductores—, ordenamiento y señalización vial por parte de las alcaldías y Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), en coordinación con la Policía.
También adoptar disposiciones, como por ejemplo: limitar o restringir el estacionamiento de vehículos a determinadas horas en vías principales o cambiar la orientación de circulación en ciertas calles durante las horas pico y fundamentalmente la educación vial, que comprenda campañas y corresponde tanto al Estado como al resto de la sociedad.
Urge diagnóstico
El consultor independiente, Roberto Orozco, señala que en Nicaragua no es necesaria una reforma, sino que urge de un diagnóstico que permita identificar cuáles son los factores que inciden en el aumento de los accidentes de tránsito y así puedan implementar una política de educación vial, que es parte de la política de seguridad pública, que tampoco existe en el país.
“El Estado pretende incrementar las recaudaciones (…), el problema de los accidentes de tránsito se ha convertido en un tema de recaudación de impuestos, por lo tanto, el enfoque que le está dando el Gobierno y el enfoque que le está dando el Estado no tiende a solucionar el problema”, dijo Orozco.
Orozco señaló que hasta ahora ninguna de las instituciones ha realizado un estudio a profundidad del problema, por tanto, no se puede atacar el problema “a ciegas”, cuando la prevención de los accidentes de tránsito debe ser prioridad desde la educación primaria, la que debe apuntar al cambio de aptitud del ciudadano.
Por su parte, el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, manifestó que está demostrado que el aumento anterior en las multas con la pasada reforma a la Ley no solucionó el problema. Y un nuevo aumento en las multas por infracciones sería poner “un parche” que más bien fortalecería el carácter recaudatorio de la Ley.
Carrión coincide con Orozco en que debería haber un diagnóstico que confirme la necesidad de la reforma, pues lo que está demostrado es que las multas excesivas no han incidido para descender “la mortandad”. A su vez, dice Carrión, debe revisarse el aumento vehicular, el problema estructural para que las vías respondan a las necesidades de desplazamiento y la forma en que los conductores principiantes adquieren la licencia de conducir.
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Propone un tribunal
El responsable del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor, Juan Carlos López, recordó que en las reformas pasadas a la Ley, cuando fueron consultados por los parlamentarios, se opusieron a un incremento en las multas.
Y posterior a las reformas pasadas, junto con el movimiento de la caravana popular, más bien presentaron un anteproyecto de Ley en la Asamblea Nacional para que las multas fueran aplicadas de forma progresiva, pero esto no prosperó.
Ahora López se plantea nuevamente presentar una propuesta ante el parlamento para crear un tribunal de Tránsito independiente de la Policía, por los señalamientos de corrupción a algunos agentes de Tránsito y que las multas vayan dirigidas a un fondo de educación vial.
