El Gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos (OEA) acordaron un plazo de tres años para fortalecer la democracia en el informe conjunto presentado este viernes al término del plazo de tres meses de conversaciones, lo que para los opositores significa que el presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, ganó tiempo frente a las presiones de los congresistas de Estados Unidos que impulsan sanciones económicas a través de la iniciativa de Ley “Nica Act”.
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El informe detalla que el 28 de febrero la OEA y el Gobierno volverán a reunirse para firmar un Memorándum de Entendimiento que “incluirá aspectos técnicos” en aras de fortalecer la institucionalidad, en un período de tres años.
También establece el acompañamiento de la OEA en las próximas elecciones municipales en noviembre.
“Borrón y cuenta nueva” a fraudes electorales
Para el exdiputado y opositor Carlos Langrand, este informe es “un borrón y cuenta nueva” de los fraudes cometidos en las últimas elecciones.
“El informe consensuado entre la OEA y Gobierno dejará intactos e impunes los abusos y violaciones de Ortega contra la institucionalidad democrática de Nicaragua. Pese al atropello con la destitución ilegal de 28 diputados representantes del pueblo, la exclusión de partidos y movimientos opositores, la farsa electoral y la voz contundente de una abstención electoral cercana al 70 por ciento, la dinastía familiar (sic) es un hecho consumado incuestionable para la OEA”, opinó Langrand, quien es uno de los diputados opositores destituidos por el orteguismo, a través de la instrumentalización de las instituciones del Estado, lo cual la OEA apuntó como una de sus inquietudes en el informe.
Langrand consideró que el informe “ignora complacientemente que hay una demolición institucional planificada desde 2007 para consolidar una dinastía familiar (sic)”, en alusión al gobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo, quien ahora es vicepresidente del país, designada por el poder electoral.
“No hay mención alguna a los fraudes electorales, irregularidades y violaciones a los derechos elementales nicaragüenses denunciadas por los sectores opositores, no gobiernistas e iglesias, con quienes se reunieron el equipo técnico y el secretario general de la OEA, Luis Almagro,” los pasados 1 y 2 de diciembre, manifiesta Langrand.
El político opositor y exdiputado Eliseo Núñez Morales opinó que faltó presión de la OEA para obtener más compromisos concretos, mientras “Ortega consiguió tiempo a cambio de promesas”.
“La OEA pudo haber presionado más, porque obviamente lo que Ortega necesitaba era tiempo para esperar la definición de la política exterior de Estados Unidos con la nueva administración”, dijo Núñez, en alusión a la duda sobre la postura del nuevo Gobierno norteamericano, frente a la “Nica Act”.
Una nueva expectativa
Núñez consideró que la nueva expectativa es el Memorándum de Entendimiento del 28 de febrero, que para él solo tendrá sentido si establece mecanismos que verifiquen y apliquen los instrumentos democráticos para unas elecciones libres y justas, pero si no es así, el informe será “papel mojado”, manifestó Núñez.
Aun así, valoró que el cumplimiento de las promesas de Ortega dependerá de las presiones que perciba de la nueva administración estadounidense.
“Si Ortega no tiene la percepción de que lo van a presionar desde los Estados Unidos, ese Memorándum de Entendimiento no tendrá futuro más allá del 28 de febrero, porque Ortega no está interesado en quedar bien con la OEA, sino en evitar las presiones de Estados Unidos”, explicó Núñez.
El ex vicecanciller José Pallais Arana consideró que se perdió la oportunidad de exigir más compromisos a Ortega, y se prolongó la situación de la falta de institucionalidad y el deterioro de la democracia. “La situación de Nicaragua requería avanzar con urgencia”, dijo Pallais.
Ortega se sometió al proceso de conversaciones con la OEA para callar las críticas y las amenazas de sanciones a su gobierno de parte de Estados Unidos, recordó Pallais.
CxL: “Un paso muy pequeño”
La organización política Ciudadanos por la Libertad (CxL) —otrora Partido Liberal Independiente (PLI) que aglutinaba la estructura electoral de la principal fuerza política opositora hasta que el orteguismo le quitó la representación legal de este partido a Eduardo Montealegre y evitó su participación en las pasadas votaciones—, emitió un pronunciamiento en el que consideró el informe “un paso muy pequeño con relación al desastre institucional que ha generado Daniel Ortega con sus ambiciones dictatoriales”, pero también expresó que “es un paso en la dirección correcta” y que “brinda una oportunidad de retomar pacíficamente el camino de la institucionalidad”.
“Este informe conjunto significa que el gobierno de Daniel Ortega tuvo por fuerza que reconocer que ha violentado y sigue violentando los derechos políticos de los nicaragüenses tal como lo hemos venido denunciando, que no ha cumplido ni está cumpliendo la Carta Democrática Interamericana, que el sistema electoral nicaragüense no cumple los estándares democráticos, y por eso tuvo que prometer cambios fundamentales en el sistema electoral y tuvo que aceptar que la OEA supervise bajo sus estándares internacionales las próximas elecciones municipales”, expresa el pronunciamiento de CxL.
El Frente Amplio por la Democracia (FAD) también emitió un pronunciamiento lamentando el informe conjunto. El FAD reconoció que el informe “parte de las carencias y debilidades de la institucionalidad democrática”, pero criticó que “no se aborda la falta de legitimidad de este Gobierno, ni se atiende con la urgencia que requiere el colapsado sistema electoral”.
El documento también establece que la OEA apoyará técnicamente a Nicaragua en el proceso de depuración del padrón electoral y la “Secretaría General de la OEA se compromete a realizar las gestiones necesarias tendientes a la obtención de cooperación internacional para el desarrollo de las tareas acordadas”.
El informe está firmado por el ahora ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada Colindres, y el secretario general de la OEA.
Sin reaccionar sector privado
LA PRENSA no logró tener reacciones del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, sobre el informe de la OEA.
Aguerri no respondió las llamadas ni los mensajes de textos enviados a su número de teléfono celular.
Se consultó también al presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Roberto Sansón, pero dijo que si bien tenía el informe de la OEA no lo había leído, y que sería hasta consultar al resto de la directiva de esa Cámara que tendría una posición. Sansón dijo que hoy sábado sería más seguro que se pronunciará sobre el tema.
“El informe consensuado entre OEA y Gobierno el 20 de enero 2017, dejará intactos e impunes los abusos y violaciones de Ortega contra la institucionalidad democrática de Nicaragua”. Carlos Langrand, exdiputado y opositor.
