Analistas políticos y juristas nicaragüenses consideran que “deja mucho que desear” el acuerdo entre el Gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos (OEA), porque ven “excesivos” los tres años establecidos para que se den cambios técnicos en torno a lo electoral y no satisface la demanda principal de convocar a nuevas elecciones generales y renovar a lo inmediato el poder electoral para retornar la confianza en el resultado de los comicios.
Para Julio Icaza, analista y exembajador alterno de Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), ese acuerdo firmado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con el canciller nicaragüense, Denis Moncada, pone en riesgo la credibilidad de la organización al mostrarla débil para defender el respeto a la Carta Democrática Interamericana por gobiernos firmantes, como Nicaragua, que son señalados de violentarla.
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Icaza dice que Almagro está obligado a someter ante el consejo permanente de la OEA el informe del resultado del diálogo sobre el tema político electoral con el gobierno del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega, para que lo valoren los gobiernos miembros del organismo.
“Es evidente que el alcance de los acuerdos referidos en el informe es muy pobre y limitado, está dirigido fundamentalmente a ganar tiempo y pone en riesgo la credibilidad de la organización. Y así será visto por la mayoría de los gobiernos representados en el consejo permanente, que es el órgano político capacitado para valorarlos”, afirma Icaza.
Este analista reclama transparencia a la Secretaría General de la OEA y pide que publique el informe enviado a Ortega en octubre pasado sobre la valoración del contexto en que se iban a desarrollar las elecciones de noviembre y que hasta ahora se mantiene oculto pese a ser uno de los elementos que provocó que el Gobierno aceptara dialogar.
“La Secretaría de la OEA no puede ser cómplice de un proceso electoral viciado que impidió toda posibilidad de realizar elecciones libres y justas en Nicaragua, como el llevado a cabo el pasado 6 de noviembre”. Julio Icaza, analista político.
Plazo excesivo
El acuerdo publicado el viernes pasado establece que el próximo 28 de febrero la OEA y el Gobierno firmarán un Memorándum de Entendimiento que “incluirá aspectos técnicos” en aras de fortalecer la institucionalidad, en un período de tres años.
“Evidentemente se trata de un plazo excesivamente largo, que no responde al sentido de urgencia que requiere una respuesta a la grave crisis de legitimidad profundizada por la farsa electoral del pasado 6 de noviembre. Esto lo único que evidencia es el interés de Daniel Ortega de manipular a la Secretaría de la OEA para ganar tiempo y tratar de legitimar la farsa electoral”, critica Icaza.
Ni siquiera garantizan recursos
Ortega cedió a que la OEA dé “acompañamiento” en las elecciones municipales del 2017. Parte de los aspectos técnicos es que el organismo colabore con la depuración del padrón electoral del país, pero Ortega no se comprometió a disponer los recursos económicos, sino que le pasó a la OEA la responsabilidad de gestionarlos con la comunidad internacional.
Icaza y el también analista José Dávila coinciden en que el hecho de que el Gobierno aceptara revisar la forma en que se aplica la reforma a la Constitución, donde se castiga el transfuguismo de funcionarios electos por voto popular, fue una victoria para el régimen.
Icaza ve difícil que se cumpla este punto por “el control absoluto que ejerce Ortega sobre el sistema electoral en su conjunto y todos los poderes del Estado, control que ha posibilitado los fraudes en elecciones pasadas, documentados en informes de misiones de observación de la OEA y que fueron totalmente ignorados”.
Mientras, Dávila dice que “Ortega fue astuto” al quitarle fuerza al impulso que parecía tener la OEA, porque este acuerdo “nada tiene que ver con el fondo de respeto a la democracia y más bien es una oportunidad para que el régimen se fortalezca”.
¿Acompañamiento?
Carlos Tünnermann, analista y miembro del Grupo de los 27, cuestiona que en este convenio firmado por Almagro “se acepta que OEA venga como acompañante” en los comicios municipales de noviembre, cuando la figura establecida en la Carta Democrática Interamericana y en la Ley Electoral nicaragüense es la de observación electoral.
“Cuando se acuerda que una misión de la OEA va a dar seguimiento a un proceso electoral se firma un convenio con el Gobierno. Ojalá que cuando se firme ese convenio se respete lo que dice la Carta Democrática Interamericana de la observación electoral; dependerá entonces de lo que se ponga en ese convenio, que a esos acompañantes se les den las mismas garantías de los observadores electorales”, dijo Tünnermann.
Aunque el acuerdo “deja mucho que desear”, Tünnermann identifica como positivo que la Secretaría General la OEA ponga sus esfuerzos “hacia el futuro” en el campo electoral e impulsar “cosas que los nicaragüenses hemos pedido, como es la revisión profunda del padrón electoral”.
Pero Icaza dice que aceptar el término de acompañamiento “podría comprometer” a la OEA “como cómplice en un proceso cuya transparencia y limpieza no están garantizadas y que violaría por tanto las normas y principios internacionales en materia de observación electoral. Este fue el caramelo que Ortega le puso de sobremesa a Almagro en su reciente visita y que el secretario evidentemente se tragó”.
SIN GARANTÍAS
Los analistas Carlos Tünnermann y José Dávila lamentaron que la OEA aceptara un acuerdo sin garantías, porque creen que el mandatario Daniel Ortega será forzado de cumplirlo en dependencia de si en Estados Unidos se aprueban las sanciones económicas a Nicaragua a través de la iniciativa de la Ley “Nica Act”. “Ortega no tiene palabra, tiene un pésimo antecedente, porque el Gobierno es firmante de la Carta Democrática, cuya base de la democracia son elecciones justas, libres y transparentes y él ha hecho todo lo contrario”, dijo Tünnermann.
