Aunque enfrentan hostigamiento, amenazas y otras manifestaciones de violencia, incluso estatal, más de 80 integrantes de diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) defensoras de los derechos de las mujeres, se reunieron durante dos días en Matagalpa, donde planificarían las estrategias que seguirán para continuar en sus luchas.
En el encuentro, como parte de la llamada Iniciativa nicaragüense de mujeres defensoras, las participantes discutieron sobre la violencia extrema que sufren comunidades de la Costa Caribe por enfrentamientos entre indígenas y colonos bajo la tolerancia cómplice del gobierno; sobre la represión estatal a los campesinos que exigen la derogación de la Ley del Canal; sobre las repercusiones de la Ley de Seguridad Soberana para los defensores de derechos humanos, entre otros temas.
“La situación del país amerita que planifiquemos… que haya acercamiento de las ONG”, explicó Mónica López Baltodano, de la organización Popol Nah.
Lottie Cunningham, del Centro por la Justicia y de Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, insistió en la “invasión violenta” a los territorios indígenas, donde los enfrentamientos entre indígenas y colonos han dejado “33 asesinatos y más de 50 heridos”, desde 2011, y el Estado sigue sin implementar las medidas cautelares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó a comunidades indígenas del Caribe nicaragüense.
Según la dirigente, las invasiones incrementaron desde que Daniel Ortega asumió el gobierno en 2007.
Un censo hecho en 2005 en la comunidad Awas Tingni demostró que ahí residían 34 familias “de terceros”.
En 2012 había 475 familias, muchos exmilitares de la zona del pacífico y centro de Nicaragua.
En esa problemática, dice Cunningham, el Estado “ha venido criminalizando a las defensoras de los derechos humanos”.
La desprotección, hostigamiento, acoso y criminalización de las mujeres defensoras incluye campañas de desprestigio y descalificación en todo el país, comentó Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres.
Jiménez señaló además que en el caso de la Ley de Seguridad Soberana, “constituye una amenaza directa al ejercicio de los derechos de ciudadanía y atenta contra el derecho a defender derechos que tenemos las organizaciones y las líderes feministas”.
Aracely Guerrero denunció que las mujeres defensoras enfrentan además amenazas de muerte contra ellas y sus familias por acompañar a mujeres víctimas de violencia, sin que la Policía reciba las denuncias.
Solo en 2016, en la iniciativa Nicaragüense de Mujeres Defensoras recibieron 36 denuncias de ese tipo en todo el país.
Pero, “es orden del gobierno de no seguir teniendo cifras sobre la inseguridad que vivimos las mujeres en el país”, consideró Guerrero sobre la negativa policial a atender los casos.
Mientras que Jiménez lo atribuye a que más del 80 por ciento de los agresores” que las mujeres logran identificar en esos casos, corresponden a “partidarios del Frente Sandinista”.