La Policía Nacional ha adoptado la política de incluir en el récord policial de una persona el historial de sus antecedentes, aunque hayan pasado muchos años y haya prescrito, cumplido condena o que la denuncia no haya prosperado en la Fiscalía. Esto es violatorio de sus derechos, coinciden representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, pues aunque en el récord extendido por la Policía refiera que la persona no tiene pendientes con la Justicia, en el mismo le anexan el historial pasado, lo que impide que las empresas contraten a esas personas.
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, menciona que han sido recurrentes las denuncias de afectados que indican que cuando van a buscar empleo o ya están trabajando en un sitio, les despiden después de conocer el récord policial.
Perjuicio a ciudadanos
Carrión dijo que muchas veces esto ocurre por delitos menores, que en su momento fueron desestimados por la Fiscalía. Pero “aparece la historia y con esa simple referencia los que son trabajadores pierden el empleo y los que aspiran a trabajar no obtienen el empleo”, señaló Carrión.
El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, considera que el hecho de que el récord de una persona esté manchado “es un estigma”, cuando estimó que “si alguien pagó su deuda con la sociedad, si alguien fue absuelto, no había deuda que pagar y si hubo una denuncia y no prosperó o los actos investigativos no te señalan, no tenés ninguna deuda”.
Cuevas coincide con Carrión en que con esto le violentan los derechos a los ciudadanos, al tiempo que ambos prevén que esto puede provocar aumento en la delincuencia.
Por su parte, Carrión se preguntó: entonces ¿por qué el Gobierno dejó libre a ocho mil privados de libertad del Sistema Penitenciario Nacional, si estos no tendrán oportunidad de reinsertarse a la sociedad a través de empleos?
Dos ejemplos
Cuevas pone de ejemplo el caso de una joven de 16 años que peleó en el colegio con otra de la misma edad y dos años después de ocurrido esto fue a buscar trabajo. Para eso solicitó su récord policial y se encontró que “está manchado”, pese a que el Ministerio Público desestimó ejercer la acción penal porque no hubo elementos suficientes para acusar. “Ahí le están arruinando la vida laboral (a la joven)”, dijo Cuevas.
Silvio José Salguera, de oficio conductor, es uno de los perjudicados. Denunció que año con año ha solicitado este documento en la Policía Nacional y hasta el 24 de junio del año pasado su expediente aparecía limpio, sin antecedentes. Además, el año pasado también renovó su portación de arma de fuego.
“Una Policía inquisidora”
Sin embargo, el récord policial extendido el 4 de enero del 2017 señala: “Se consultó en el Archivo Nacional policial obteniendo el siguiente resultado: 15 de julio de 1992, investigado en ausencia por presunto autor de lesiones recíprocas, acumula causa de lesiones recíprocas”. Según el mismo documento, las diligencias fueron remitidas al juez Segundo Local del Crimen, pero que “por resolución de Asesoría Legal (de la Policía) se le anula antecedente de lesiones recíprocas”. No obstante, reiteran el historial de la persona que no tiene pendientes con la Justicia.
“Nos están condenando a no trabajar”, expuso Salguera, quien considera que esto demuestra que están ante “una Policía inquisidora”. Una constancia del poder judicial indica que en sus registros no existe causa judicial en contra de Salguera.
Lo que dice la Ley
En parte del artículo 136 del capítulo II, Título VII del Código Penal se establece sobre la extinción de la responsabilidad penal y sus efectos lo siguiente: “Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener de la autoridad respectiva, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, previo informe del juez o Tribunal sentenciador”.
Entre los requisitos para que esto sea realidad, están que el beneficiado haya cumplido con los plazos establecidos en la Ley, es decir, que el documento de extinción de responsabilidad penal, se puede obtener seis meses después en el caso de las penas leves y hasta cinco años para las penas graves.
