Aparece una noticia en la que se afirma que los ganaderos están recibiendo precios bajos por sus animales, esa misma mañana había ido por carne a un comercio y esta no solo no había bajado, es más, había subido de precio. Situación similar con el combustible, los productores de petróleo se quejan del bajo precio internacional y acá el combustible no baja en esa proporción al menos, la leche pasteurizada sigue el mismo patrón, el arroz, la harina, el aceite y muchos productos más.
La causa de esto es en un mecanismo del mercado que regula la oferta y la demanda y que puede ser manipulado cuando tenés control de un sector productivo y la complicidad del Gobierno. A esta manipulación se le llama prácticas monopólicas u oligopólicas y son las que te tienen pagando más por productos que el mercado con sus mecanismos debería abaratar.
La norma en Nicaragua después de la cruda intervención estatal que practicó el FSLN hasta 1990 ha sido una desregulación total del mercado, estas distorsiones no solo han sido permitidas sino hasta en algunos casos fomentadas con políticas públicas en que se respalda con créditos y exenciones fiscales a sectores que claramente están destinados a fortalecer oligopolios o monopolios, el consumidor final no es de gran importancia en este juego. Y esto, bajo el modelo de desarrollo económico extractivo que practicamos donde nuestro mercado meta está en los países donde exportamos nuestros productos y no en el mercado nacional, tiende a perpetuarse. La tesis del Estado facilitador se ha convertido en un eufemismo del aforismo francés que definía el Estado liberal clásico: Laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar) y nos olvidamos de que el liberalismo moderno apuesta por un Estado funcional en servicios, pequeño en burocracia, transparente y auditable, Estado ni tan grande que estorbe ni tan chico que deje en la indefensión a los más vulnerables.
No es regulando precios que se soluciona esta situación, tampoco es con la producción estatal de bienes de consumo, esto se soluciona con políticas públicas encaminadas a romper con los monopolios u oligopolios y la promoción de redes de comercialización que acerquen al productor a su mercado final, herramientas jurídicas que permitan la imposición de multas por prácticas monopólicas o incluso que obliguen al empresario que controla sectores productivos a vender en mercado abierto partes de su operación, financiamiento colocado estratégicamente para construir cadenas de valor en el campo, para abandonar prácticas de producción extractivas y sustituirlas por modelos de producción más eficientes y con mayor remuneración, políticas estatales que fomenten la asociatividad del productor frente a la dispersión en que hoy se encuentran, por citar algunas de las que podrían aplicarse.
Es en estos casos donde la política se torna inseparable de la economía, no es posible seguir con la tesis de que hay que separar ambas cosas, pues la aplicación de estas políticas públicas debe ser producto de un contrato social que se genera cuando la institucionalidad funciona y la población participa a través de los mecanismos democráticos como elecciones, cabildos, peticiones, asambleas etc. y además existan los contrapesos creíbles y funcionales contenidos en un poder judicial confiable y apartidario.
Nada de esto es posible bajo la actual concentración de poder en Nicaragua, pues el riesgo de convertir estas medidas en instrumento de coacción política es enorme para todas las partes. Por cosas como estas “la maldita política” importa, mientras siga sin importar, el consumidor comprará más caro, el productor venderá más barato y el empresario monopólico seguirá amparado por el poderoso de turno.
El autor fue diputado liberal.