A propósito de la solicitud de la defensa de los procesados Paul Emerson Jean leal y Victor Manuel Morales implicados en la muerte de dos policías en el barrio San Luis de Managua, representantes de los tres organismos de derechos humanos existentes en el país coincidieron en que “la denuncia de tortura es un acto gravísimo” y debe ser investigado.
Y aunque la judicial de la causa aclaró que en Nicaragua no existe la práctica de tortura, en este caso particular, al presentarse los procesados con evidentes golpes en el rostro, debió remitir a los procesados al Instituto de Medicina Legal (IML) para que sea el forense el que determine la gravedad de los golpes, afirmó el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión.
Recordó Carrión que la defensa de uno de los detenidos denunció el supuesto acto de tortura, que de ser cierto es un acto ilícito y no debe ser empleado en ningún caso.
El secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, lamentó el hecho y expresó que no hay una justificación para que “a un ciudadano que se le instruye un proceso judicial por la comisión de un delito sea torturado, maltratado físicamente cuando ya está bajo resguardo policial”.
“Como ser humano tiene que garantizarse toda su seguridad como persona y sobre todo su integridad física, violentar estos principios es comprometer a la institución policial”, sostuvo Leiva Sánchez.
Los defensores de derechos humanos recordaron que en el país existen antecedentes de detenidos que han aparecido golpeados y que las autoridades han alegado que se autoflagelan, como fue el caso del pasante mexicano Jobany Torres, preso en junio del año pasado, en El Chipote.
Insistirá en demanda
El secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, dijo que insistirán señalando al Estado de Nicaragua ante organismos internacionales de que es necesario una revisión íntegra a la situación de los detenidos, tanto en las celdas preventivas de la Policía Nacional como en las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional (SPN). Recordó Leiva que a la fecha ningún organismo de derechos humanos del país tiene acceso a las cárceles.
Respetar estado de derecho
El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, por su parte expresó que no es justificable que un reo sea presentado con golpes en el rostro durante un proceso judicial.
Esto independiente de que el caso por el cual están procesadas estas dos personas, haya tenido como consecuencia la muerte de dos policías y que evidentemente amerita que haya justicia, dijo Cuevas.
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El asesor legal de la CPDH lamentó que en el hecho perdieron la vida dos agentes del orden, sin embargo, dijo: “se supone que deberíamos vivir en un estado de derechos, y un estado de derecho se hace partiendo de lo que dice la norma y nuestro sistema jurídico gira en torno al respeto a la ley y a los derechos humanos”.
Cuevas apuntó que a los dos procesados los cobija la presunción de inocencia. Y por tanto los que incurrieron en la tortura igual deben ser procesados.
