No solo las exoneraciones tienen un elevado costo económico en Nicaragua, también la evasión de impuestos. Tal es el grado de “fuga” de dinero por ambos canales, que solo en 2010 —el dato más actualizado por el Gobierno— el erario dejó de captar unos 19,969 millones de córdobas, equivalentes al 105 por ciento de lo destinado para el Plan de Inversión Pública de este año.
Entre 2006 y 2010, el periodo analizado por el Gobierno, solo por evasión de impuestos el erario perdió unos 44,333 millones de córdobas, de los cuales solo a 2010 corresponden 9,426 millones.
El saldo global de impuestos que se ha fugado del Estado entre 2006 y 2010 representa el 65 por ciento de los 67,902 millones de córdobas que para este año está previsto se recaude en impuestos. Pero además, con ese dinero se pudo haber cubierto este año tanto el Presupuesto General asignado tanto para Educación (13,048 millones) y Salud (13,885 millones), y sobraría para otras carteras.
La mayor evasión de impuestos se originó en el Impuesto sobre la Renta (IR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), según los únicos datos de estimación de evasión de impuestos que el Gobierno ha dado a conocer públicamente y que los presentó en 2012 durante la discusión de la Ley de Concertación Tributaria.
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¿Ha habido mejoría? El exdirector general de la Dirección General de Ingresos (DGI), Róger Arteaga, está convencido de que no. Y lo ejemplifica de esta manera: la informalidad en esta administración ha crecido a niveles acelerados en comparación con otras y además la confianza en el Fisco —que es clave para atraer contribuyentes— se ha visto deteriorada por escándalos de corrupción, muchos de los cuales no han sido resueltos. Los esfuerzos por mejorar la fiscalización al empresariado han sido mínimos, precisa.
Arteaga afirma que efectivamente la mayor evasión se da a través del Impuesto sobre la Renta, principalmente por el que se obtiene vía empresarial, porque en el caso de los trabajadores es difícil que esto ocurra debido a que desde antes de que se haga efectivo su pago, este ya ha sido gravado.
En este sentido y basado en su experiencia al frente de la DGI, Arteaga explica que el IR empresarial se evade principalmente porque algunas empresas llevan doble contabilidad que les permite no reportar de manera real al Fisco sus ganancias. “Generalmente llevan dos contabilidades, una que presentan a la DGI que ya va maquillada y otra que presentan a los bancos cuando van a solicitar préstamos. Ahí es como se facilita la evasión por las contabilidades”, sostiene.
Al grupo de empresas formales que tienen esa práctica para evadir el IR, Arteaga sostiene que se añade las que están en la informalidad que no declaran sus ingresos y por tanto no pagan impuestos. Hay otras que se esconden en el sistema simplificado de Cuota Fija para no pagar lo que verdaderamente les corresponde. En estas tres áreas, Arteaga sostiene que el Fisco no ha hecho esfuerzos en los últimos años para reducir la evasión, lo que indicaría que la misma, en lugar de retroceder, estaría ensanchándose.
Y es que cuando este Gobierno recibió el poder en 2007, la informalidad en Nicaragua era de entre el 55 y 60 por ciento de la población económicamente activa, pero hasta marzo del 2015 —el dato más actualizado dado a conocer por la empresa privada— esta superaba el ochenta por ciento de la economía.
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Los datos publicados por el Gobierno reflejan que el nivel de evasión de impuestos en el IR entre 2006 y 2010 se había casi duplicado en términos nominales y en el caso del Impuesto al Valor Agregado había pasado de 1,309 millones de córdobas a 2,235 millones de córdobas.
Arteaga sostiene que en el caso del IVA el grado de evasión es menor porque la única responsabilidad que tienen las empresas es recaudarlo y trasladarlo al Fisco. El mayor responsable de su aporte es el consumidor.
“El impuesto sobre consumo (IVA) es la forma más fácil de recaudar impuestos en países emergentes. Pero tiene el inconveniente de que penaliza más a las rentas bajas”, señala Gayle Allard, catedrática del IE Business School, con sede en Madrid.
De hecho en el estudio denominado Tributación para un crecimiento inclusivo, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) —que coloca a Nicaragua como unas de las economías con mayor evasión del IVA en el hemisferio— indica que la reducción en la evasión de este impuesto ha ido mejorando en “las últimas décadas, principalmente debido a un mayor énfasis en medidas de control y cumplimiento y a un fortalecimiento general de las instituciones tributarias de los gobiernos”.
“Los cambios de los patrones de consumo asociados al crecimiento de la clase media en la región también han contribuido a reducir la evasión, a medida que las compras van pasando de los mercados locales hacia los grandes minoristas, que registran una mayor tendencia a cobrar el IVA y a emitir recibos formales”, precisa la Cepal.
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Debilidad del Fisco
Allard sostiene que además de la informalidad, el hecho de que “el aparato estadístico es menos desarrollado” propicia que en países emergentes (como Nicaragua) haya dificultades para recaudar impuestos.
En múltiples ocasiones Arteaga ha recordado que la Dirección General de Ingresos fue debilitada a inicios del primer periodo de esta administración, ocasionando que personas que por años se habían capacitado en el exterior fueran despedidas por asuntos meramente políticos.
En un estudio denominado Las Administraciones de Ingresos en América Latina (2011-2013), del Centro Interamericano de Administración Tributaria, en el que la DGI de Nicaragua es miembro, se desglosa la experiencia profesional de los que estaban al frente del Fisco en Nicaragua. En 2013, según el estudio, el cincuenta por ciento de los trabajadores en la Administración Tributaria en Nicaragua tenían no más de cinco años ahí; el 22 por ciento tenía entre cinco y diez años de antigüedad; el 21 por ciento entre diez y veinte años; y solo el siete por ciento más de veinte años.
En cuanto a la formación de este personal en el Fisco, en 2013 el 32 por ciento tenía solo título universitario; el 42 por ciento era un personal con habilidades y capacitación técnica; y el 28 por ciento habilidades y capacitación administrativa, revela el estudio del CIAT. La DGI es una de las instituciones más cerradas para los medios de comunicación independientes y raras veces rinde cuenta sobre sus operaciones.
Arteaga señala que otro factor que indicaría que no se han hecho grandes esfuerzos para reducir la evasión es el hecho de que las reformas fiscales se formulen entre el Gobierno y la empresa privada. “Se hacen trajes a la medida para evitar pagar impuestos”, ejemplifica.
Distintos economistas han señalado que si el Gobierno lograra reducir la evasión y las exoneraciones habrían espacios fiscales para no solo orientar mayores recursos a proyectos de inversión social sino también que se podría bajar la carga del pago del IVA, cuya tasa es una de las más altas de Centroamérica. Y peor aún: regresiva, lo pagan por igual tanto ricos como pobres.
“Un sistema tributario internacional arcaico y disfuncional también proporciona a las empresas y a los ricos amplias oportunidades para que eviten pagar los impuestos que les corresponden en justicia”, advierte la Cepal.
Impacto social
Gayle Allard, catedrática del IE Business School, con sede en Madrid, sostiene que los Fiscos al no recaudar los primeros perdedores son los programas sociales y por ende el desarrollo.
“Sin fondos no se pueden financiar programas sociales que ayudarían al desarrollo, como la educación o la sanidad. A veces incluso el Gobierno se encuentra sin fondos para financiar su deuda pública”, precisa.
De hecho Róger Arteaga, exdirector de Ingresos, recuerda que gran parte de los proyectos de inversión se están financiando principalmente con créditos y donaciones, aunque esta última ha venido en caída, y siendo sustituida con préstamos.
Sin avance en precios de transferencia
Otro ejemplo que expone el exdirector de la DGI, Róger Arteaga, del poco esfuerzo para reducir la evasión de impuestos en Nicaragua es que aún no se logra poner en marcha la regulación de los Precios de Transferencia. Arteaga recuerda que las transnacionales al tener filiales en otros países optan por transferir sus ganancias en naciones donde menos paguen impuestos en detrimento de los ingresos públicos donde generaron esa riqueza, por lo que es necesario que este mecanismo de regulación se ponga en marcha. El Gobierno ya lo pospuso el año pasado y se esperaría que entre en vigencia a finales de junio de este año.