La pregunta que debiera guiar el debate a propósito de la eventual mudanza de la embajada norteamericana de Tel-Aviv a Jerusalén no debiera ser “¿por qué ahora?” sino: “¿Por qué no?”. Jurídica y políticamente tiene mucho sentido avanzar con esa promesa de campaña.
El caso legal lo ha planteado con irrebatible claridad Yoav Tenembaum, profesor en el programa de diplomacia de la Universidad de Tel-Aviv. Al analizar el significado de la reciente resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha observado la trampa ideológica en la que sus redactores han caído. Esa resolución —diseñada por la Administración Obama para castigar a Israel antes de su partida (“un peligroso pistoletazo de despedida” la llamó The Washington Post) y patrocinada por naciones tan cabalmente informadas de los detalles político-legales del conflicto palestino-israelí como Venezuela, Malasia y Nueva Zelanda— enfatizó la distinción entre territorios legítimos de, y ocupados por, Israel. La frontera de la legalidad quedó fijada en los límites previos a la Guerra de los Seis Días de 1967, es decir, a la línea de armisticio trazada a finales de la Guerra de la Independencia de Israel, en 1949. Esta resolución fue reafirmada en la Conferencia de Paz de París a mediados del corriente mes de enero, en la que participaron alrededor de 75 naciones. Dicha delimitación ha marcado el consenso mundial por los últimos cincuenta años.
Siendo que la familia de las naciones acepta el territorio controlado por Israel con anterioridad a junio de 1967 como legítimo, alega el doctor Tenembaum, entonces debe ser entendido que la parte occidental de Jerusalén es una parte integral del territorio israelí. Puesto que Jerusalén occidental está situada dentro de las fronteras pre-junio de 1967, se infiere que no debería haber objeción alguna a que los países del mundo ubiquen sus embajadas allí. Después de todo, es la parte oriental de la ciudad santa la que está siendo nominalmente reclamada por los palestinos. Tenembaum sugiere que si Estados Unidos (EE. UU.) mudase su embajada a Haifa, por caso, no habría escándalo alguno pues sería justamente entendido que esa ciudad está situada dentro de las fronteras que son aceptadas como territorio legítimo de Israel. Es decir, territorio “no-ocupado”. Ergo, si Jerusalén occidental también se encuentra dentro de lo que es aceptado como territorio legítimo de Israel, ¿por qué no podría EE. UU. o cualquier otro país poner su embajada allí? “Uno no puede redactar una resolución legalmente obligatoria y no ser consciente de sus consecuencias” dictamina el profesor en The New Jurist.
A esta realidad legal agrega la consideración política el doctor Robert Satloff en un artículo publicado en The Washington Post en el que recuerda la anomalía histórica de la posición oficial norteamericana y las razones diplomáticas que ameritan su corrección. Harry Truman reconoció de facto a Israel a los 11 minutos de que Israel naciera como Estado, en mayo de 1948. El reconocimiento de jure fue dado en enero de 1949 y aceptó como territorio legítimo de Israel aquél asignado por el Plan de Partición de la ONU más aquellas ganancias territoriales durante la guerra, iniciada por los vecinos árabes. Con una excepción: el sector de Jerusalén que el estado judío retuvo al finalizar la contienda. Desde entonces, Washington nunca ha reconocido ninguna porción de la ciudad santa como una parte legítima de Israel: ni al sector occidental que Israel controló desde 1949 ni al oriental que tomó a partir de 1967. Hasta tal punto esto es así que en ocasión del funeral de Shimon Peres, realizado en Jerusalén, la Casa Blanca corrigió un comunicado ya emitido que decía “Jerusalén, Israel” borrando el nombre del estado judío. De hecho, ciudadanos estadounidenses nacidos en Jerusalén no pueden listar a Israel en sus pasaportes americanos, conforme dictaminó la Corte Suprema de EE. UU. en 2015.
Sin embargo, EE.UU. sí posee una representación diplomática en Jerusalén; solo que oficia ante la Autoridad Palestina (AP). Efectivamente, la delegación diplomática norteamericana ante la AP no está en Ramallah, o en la parte este de Jerusalén (como hace el Vaticano, por ejemplo), sino en Jerusalén occidental. Advierte Satloff: “El resultado es que Washington carece de una presencia formal en la capital de su principal aliado democrático en el Medio Oriente pero mantiene una presencia diplomática en la capital del tal aliado para otra entidad política que reclama territorio dentro de esa ciudad”. El experto sugiere que la Administración Trump desplace la embajada a la capital de Israel para enmendar este récord; cumplir además con The Jerusalén Embassy Act de 1995, aprobada por ambas cámaras del Congreso estadounidense, que pide tal traslado; y reparar las relaciones bilaterales tan dañadas por ocho años de hostilidad Demócrata.
Si el argumento legal y el político no convencen, queda todavía el principista. En uno de sus primerísimos actos ejecutivos, Donald Trump restituyó el busto de Winston Churchill al salón oval de la Casa Blanca; estatua que Barack Obama había sacado del lugar. Mientras pondera su mejor proceder en este asunto, el flamante presidente podría hallar inspiración en una declaración de 1955 del gran estadista británico: “Debe permitirse a los judíos tener Jerusalén; ellos fueron quienes la hicieron famosa”. ©FIRMAS PRESS
El autor es escritor y analista político.