Pese a que el salario mínimo es devengado por una minoría de los más de tres millones de nicaragüenses que están el mercado laboral, el ajuste que cada año se aplica a esta paga tiene un efecto dominó en los precios a los consumidores, el empleo formal y los salarios promedio nacional, coinciden economistas, que sugieren abrir un debate para encontrar una nueva fórmula que procure el crecimiento económico.
Y es que cada año la empresa privada, el Gobierno y los sindicatos convierten estas negociaciones en una plataforma de disputa, al menos delante de las cámaras. Por un lado, los privados amenazan con mayor desempleo, informalidad y alzas de precios si se pactan incrementos elevados; por otro lado los sindicatos reclaman mayor cobertura de la canasta básica y los acusan de no querer compartir con los trabajadores la riqueza que les produce el crecimiento económico. Y el Gobierno se ha quedado desempeñando el papel de árbitro.
Pero realmente ¿a quiénes beneficia este salario? ¿Cómo impacta a la canasta básica y el mercado del trabajo? ¿La fórmula para fijar el aumento, que suma crecimiento económico e inflación, sigue funcionando? ¿Y qué pasa con la productividad?
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El director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro, señala con base en las Encuestas Continuas de Hogares de entre 2010 y 2012, que entre cuatro y ocho por ciento de los trabajadores formales estarían en el rango del salario mínimo legal, los que se caracterizan por tener “en promedio nueve años de escolaridad, de los cuales el 75 por ciento se encuentra en el área urbana y el restante 25 por ciento se localiza en el área rural”.
Al respecto el economista Alejandro Aráuz recuerda que debido a que el 82 por ciento de los trabajadores se encuentra en la informalidad, y en este segmento de mercado “ninguna disposición laboral y de política salarial repercute directamente más que por la vía del mercado. Entonces, el efecto de la políticas de salario mínimo tiende repercutir directamente (solo) en el sector formal”.
Otro ejemplo de la baja incidencia del salario mínimo en el mercado laboral, según Aráuz, es que solo el diez por ciento de los pobres que están en el sector informal dependen de un salario, cifra que se reduce a seis por ciento en la zona rural.
¿Presiona salarios?
Dada la estructura de mercado laboral, que en su mayoría es informal y cuya mano de obra predominante tiene bajo nivel de escolaridad, el catedrático en economía, Luis Murillo, considera que este aumento en la paga mínima no ejerce presión en los salarios de la mayoría, y menos en los que reciben los profesionales.
Murillo recuerda que en el caso de los profesionales “muchos de estos trabajan en el sector informal o en consultorías o actividades por servicios profesionales que se remuneran por producto entregado, no por salario fijo”.
Según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) hasta 2014, que es el dato más actualizado, la Población Económicamente Activa era de 3.19 millones de personas, de los cuales 710,071 gozaban de la Seguridad Social. Hasta noviembre de 2016 el número de afiliados se incrementó a 855,328.
Pero Chamorro sí considera que hay un efecto indirecto en los salarios reales brutos de los trabajadores que están por encima del salario mínimo. “De acuerdo con las estimaciones, el aumento del salario mínimo produce un alza en el salario real promedio del sector formal. Este efecto es marcado particularmente para los trabajadores de empresas medianas y grandes”, precisa.
Según estimaciones del director ejecutivo de Funides, “un aumento del 10 por ciento en el salario mínimo se traducirá en un aumento del 8.3 por ciento en el salario real de un trabajador formal que devengue hasta 1.2 veces el salario mínimo en una empresa mediana o grande. Este efecto se va diluyendo mientras mayor sea el ingreso del trabajador. Este efecto indirecto afecta hasta un 25 por ciento de la fuerza laboral formal, según cálculos realizados con base a la Encuesta Continua de Hogares”.
Difieren sobre el impacto en el empleo
Entre los argumentos que expone la empresa privada para ser moderada en sus propuestas de aumento de salario mínimo, es que los aumentos muy fuertes generan desempleo y frenan la creación de puestos de trabajo formales, un planteamiento que no convence a los economistas.
Aráuz y Murillo, así como el sociólogo Cirilo Otero, aseguran que al menos hasta hoy no hay estudios técnicos que demuestren dicha afirmación, por lo que sugieren que el Ministerio del Trabajo (Mitrab) realice un análisis al respecto.
“Tal argumento ‘de que los salarios mínimos generan desempleo’ es una hipótesis aún no demostrada con efectividad. Hay libros de texto y economistas que argumentan esta relación, pero tiene que ver con la estructura del mercado y el desarrollo de la economía de cada país, también con la relación del empleo formal e informal, etc”, dice Aráuz.
En esa misma línea se mueve Murillo, quien señala : “No existe un estudio de costeo adecuado y confiable que demuestre ese argumento; lo que sí se puede presumir es la ineficiencia en esa estructura de costos que tiene la empresa nicaragüense (cerca del setenta por ciento de la estructura de costo es salario) pero también recordemos que la empresa privada no emplea ni siquiera al veinte por ciento de la fuerza laboral (sino que la mayor parte de la fuerza laboral trabaja en sector informal, principalmente por cuenta propia)”.
Otero sostiene que lo que genera desempleo es la falta de inversión nacional y extranjera, a lo que se suma el acelerado proceso de mecanización de algunas actividades económicas agropecuarias.
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“No se puede argumentar que tal hipótesis tiene validez, no obstante Nicaragua tiene un sector informal grande y con ingresos muy reducidos, y si hubiese un proceso inversionista muy dinámico y efectivo, quizás los salarios mínimos estarían generando una barrera al empleo masivo con salarios más bajos. Pero esto hay que estudiarlo un poco más…”, afirma al respecto Aráuz.
Funides sí cree que genera desempleo
Sobre este punto, el director ejecutivo de Funides afirma que sí hay estudios que han encontrado que los aumentos en los salarios mínimos de alguna manera incrementan el desempleo y el trabajo no remunerado. “Esto obedece a la ley de la oferta y la demanda, al incrementarse un precio (en este caso el salario) la demanda por trabajadores debe reducirse, por lo que se genera una disminución en las contrataciones futuras”, afirma.
Además recuerda que en Centroamérica ha habido experiencias de alzas que han generado problemas de desempleo y huida de capitales, “en especial cuando los incrementos son demasiado altos y producto de políticas, que queriendo beneficiar a los trabajadores, lo terminaron afectando, tal como ocurrió con (Manuel) Zelaya, en Honduras”.
Alzas son trasladadas a consumidores
Pero a su vez Chamorro admite que generalmente estos aumentos salariales se trasladan a los costos de los productos, es decir a los consumidores finales. “Como suele ocurrir con el alza de cualquier costo, las empresas le trasladan los incrementos de los costos a los consumidores, a menos que se trate de un mercado de alta competencia”, afirma.
Al respecto, Otero y Murillo consideran que, además del traslado de ese costo al consumidor, lo que realmente ocurre en el mercado es que se desata la especulación, sobre la que no hay regulación o fiscalización de los mercados. El catedrático de la UCA además alerta de que ambos fenómenos de mercados ocasionan “la pérdida de poder adquisitivo del consumidor”, afectando por parejo.
Aráuz indica que este proceso de traslado sin embargo tiene una reacción adversa al empresario: el consumidor restringe la demanda del producto. “Qué proporción asume el consumidor en Nicaragua, depende de la elasticidad del precio y la demanda del mercado del bien. No hay estudios sectoriales ni conozco tampoco casos particulares… de hecho los empresarios y el Gobierno no son proclives hacer este tipo de estudios y análisis”.
¿Quién gana? ¿Quién pierde?
Aunque ninguno de los economistas se atreve a responder sobre quiénes ganan o quiénes pierden con cada aumento del salario mínimo, el presidente de Funides es enfático al afirmar: “Los grandes ganadores de los incrementos son aquellos quienes pueden conservar sus trabajos, los perdedores son a quienes retiran de las empresas para reducir costos y sobre todo aquellos en fila en la espera de un empleo que dejan de ser contratados por el alza”.
No obstante, Aráuz considera que la política del salario mínimo debe mantenerse y a la vez “mejorarse o perfeccionarse”, porque, entre otras razones, “es un logro y de derechos adquiridos por los trabajadores y por tal protegida por la legislación vigente y los acuerdos en la Organización Internacional del Trabajo.
Además el economista señala que entre las mejorías que se deben hacer en la Ley del Salario Mínimo es que se debe flexibilizar los aumentos en las empresas pequeñas, porque muchas de estas “quieren o aspiran a formalizarse o invertir en pequeña escala, desde mi punto de vista debería haber flexibilidad en su aplicación para este tipo de sectores que desean crecer, reactivarse y a la vez formalizarse”.
Es instrumento político
El sociólogo Cirilo Otero considera que si bien la política del salario mínimo es un derecho adquirido por los trabajadores, el problema es que en la última década los ajustes se han convertido en un instrumento con fines políticos, cuyos aumentos no tienen fundamentos económicos claros.
“Los ajustes muchas veces se deciden por carácter político y no precisamente por la medición de la complejidad del trabajo”, afirma Otero, al tiempo que señala que un ejemplo de que los salarios mínimos no se pagan según la complejidad del trabajo es que pese a que los trabajadores del campo están expuestos a mayores riesgos laborales, tienen asignada la paga mínima más baja de la tabla salarial.
“En un país serio e industrializado el salario mínimo se mide por el tiempo y la complejidad del trabajo”, dijo.
Productividad va para atrás
Si bien los economistas coinciden en que el elemento de productividad debe ser tomado en cuenta en las negociaciones del salario mínimo, porque actualmente solo se tiene como referencia el crecimiento económico y la inflación, el sociólogo Cirilo Otero, quien se muestra a favor de este planteamiento, señala que el problema es que si se tomara en cuenta el elemento de productividad, los trabajadores saldrían perdiendo porque en los últimos años esta ha desmejorado. De ahí es que Otero señala que el punto de partida para definir una ruta de discusión sobre estos salarios es impulsando políticas que fomenten una mejora en la productividad del trabajo en Nicaragua.
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