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En noviembre del 2014 fuerzas del Ejército de Nicaragua ingresaron a la finca El Tobobal, hecho denunciado por los moradores del lugar por la forma en que incursionaron. LA PRENSA/ARCHIVO

Presos después de dos años que fueron sobreseídos

Tres hombres arrestados en un operativo militar considerado arbitrario continúan detenidos pese a que desde hace dos años fueron sobreseídos de forma anticipada.

Dos años después de que un juez de Siuna sobreseyó a tres campesinos que laboraban para la hacienda El Tobobal, en la comunidad de Bilwas Central, después de que en un operativo del Ejército fueron detenidos por supuesta tenencia de armas, estos siguen purgando pena sin que hayan recibido sentencia alguna.

No obstante, las autoridades de la Cárcel Modelo, en Tipitapa adonde fueron trasladados desde junio pasado se resisten a liberarlos, denuncia el abogado Maynor Curtis, quien calificó ilegal su detención.

“Estas personas nunca han sido encontradas culpables de ningún delito porque no habían elementos suficientes para llevarlos a juicio”, explicó Curtis quien manifestó que el Juez de Distrito Penal de Juicio de Siuna, determinó clausura anticipada.

Un informe del Cenidh sobre el caso emitido en febrero del 2015, destaca el razonamiento del judicial para clausurar anticipadamente el caso: “Los hechos planteados en la acusación debatidos en la audiencia preparatoria convocada al efecto se declararon ilícitas las evidencias obtenidas durante el allanamiento y registro practicado por los miembros del grupo operativo del Ejército el día 4 de noviembre del año pasado (2014)…pues fueron obtenidas de manera ilícita, ya que la autoridad que practicó el allanamiento y registro de las tres casas, no tenía la facultad o atribución legal para realizar en ese momento y para ese caso en concreto, ese acto de investigación, de manera autónoma, como es el allanamiento y registro de domicilio”.

Sistema Penitencia desobediente

Curtis se quejó también que en el caso de uno de sus representados Francisco Hucler Olivas, de 74 años, solicitó la valoración del Instituto de Medicina Legal (IML) por cuestiones de salud y aunque mandaron los oficios correspondientes al Sistema Penitenciario Nacional (SPN),  para que lo remitieran al médico forense, las autoridades aún no hacen caso a esta solicitud, pese a que ni siquiera se trata de un convicto que terminó su sentencia.Los otros dos detenidos son: Óscar Olivas Polanco, de 38 años y Dixon Javier Méndez Chavarría, de 24.

El abogado calificó de extraño el involucramiento que desde un inicio fueron víctimas sus clientes en este delito, pues empezó con la participación del Ejército de Nicaragua que ejecutó el operativo que la Policía buscó cómo convalidar esa actuación, que en su momento también fue denunciada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Mencionó que por ejemplo acusaron a sus representados de tenencia ilegal de armas cuando las escopetas ocupadas en ese operativo tenían las respectivas portaciones.

Curtis denunció ante la Inspectoría del Ministerio de Gobernación la resistencia de las autoridades del SPN de poner en libertad a sus representados, pero allí le explicaron que necesitaban 30 días para investigar y pronunciarse.

También presentó un recurso de exhibición personal a favor de los tres hombres, luego de que el 25 de diciembre del año pasado una pariente de los detenidos logró ser atendida por un funcionario de esa penitenciaría, que no permitió la presencia del abogado y  en esa ocasión el funcionario pidió al menos que esperaran los primeros días de enero para ponerlos en libertad cuando empezara a trabajar el Poder Judicial, sin que esto suceda.

Los funcionarios penitenciarios alegan que no tienen una orden de libertad a favor de los tres retenidos por lo que el abogado Curtis les pregunta si tienen una orden para tenerlos detenidos.

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