Se dice con insistencia que la “Nica Act” —o cualquiera otra ley que aprobara Estados Unidos (EE.UU.) para sancionar económicamente al régimen de Daniel Ortega por sus atropellos a la democracia, en particular al requisito indispensable de las elecciones libres, justas y transparentes— dañaría en primer lugar la economía nacional y perjudicaría sobre todo a la gente más pobre de Nicaragua.
Como es bien sabido, la “Nica Act”, que el año pasado fue aprobada por la Cámara de Representantes pero no hubo tiempo para que también fuese aprobada por el Senado y promulgada por el poder ejecutivo, prevé ante todo que EE.UU. utilice su voz, voto e influencia en las instituciones financieras internacionales, “para oponerse a cualquier préstamo para el beneficio del Gobierno de Nicaragua”.
El texto de dicha iniciativa de ley que es impulsada por legisladores republicanos y demócratas, dice claramente a continuación que el veto de EE.UU. no se aplicaría a préstamos que sean “para hacer frente a las necesidades humanas básicas o promover la democracia” en Nicaragua. Y asegura que se dará prioridad “a la ayuda exterior para el pueblo de Nicaragua, (y) para ayudar a la sociedad civil en los programas de democracia y gobernabilidad, incluyendo la documentación de derechos humanos”. Sin embargo, los que repudian la “Nica Act” insisten en que de cualquier manera esta tendría graves consecuencias para la economía del país y en particular le haría mucho daño a la gente pobre nicaragüense.
Cabe señalar que por lo general las sanciones económicas no hacen que los regímenes castigados por ser violadores a la democracia y los derechos humanos, rectifiquen su comportamiento errado y malvado. Y en todo caso, como hemos recomendado y volvemos a recomendar a quienes hacen cabildeo contra la “Nica Act” o cualquier otra sanción al Gobierno de Nicaragua, lo mejor sería que esas gestiones las hicieran directamente en El Carmen, con el autócrata Daniel Ortega. Es fácil entender que siendo que las sanciones son motivadas por los atropellos del régimen orteguista a la democracia, bastaría con que Ortega abriera el camino a la celebración de elecciones libres y limpias —como paso inicial para la recuperación de la democracia— y la amenaza de la “Nica Act” desaparecería automáticamente .
También podrían cabildear para que las sanciones que se impongan al orteguismo no sean económicas, financieras y comerciales, sino políticas. La misma iniciativa de ley “Nica Act” establece que el Gobierno de los EE.UU. deberá investigar “la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, incluyendo a los miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional, y el sistema judicial, en los actos de corrupción pública o violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”.
En ese ámbito se podrían encontrar muchas sorpresas y tal vez evidencias suficientes para sancionar políticamente al régimen orteguista. Y de esa manera no se perjudicaría la economía nacional ni a la gente pobre de Nicaragua, que siempre tiene que pagar los costos principales de las irresponsabilidades de sus gobernantes.
