La resolución del Parlamento Europeo (PE), expresando preocupación por el deterioro de la democracia y condenando la desprotección de los defensores de los derechos humanos en Nicaragua, es “un reflejo de la opinión de Europa y el mundo desarrollado sobre el gobierno de Daniel Ortega”, consideró el exrepresentante de Nicaragua ante las Naciones Unidas (ONU), Julio Icaza Gallard.
La resolución, aprobada este jueves en una sesión plenaria del PE, hace un repaso por las principales acciones que ha ejecutado el gobierno de Daniel Ortega para mantenerse en el poder faltando a la legalidad.
Icaza destacó la solicitud del PE al gobierno de Ortega, de cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular los derechos de los pueblos indígenas, así como respetar plenamente los valores democráticos, incluida la separación de poderes.
Con influencia económica
El exdiplomático también hizo ver que el PE “desempeña funciones de gran importancia, colegiada con el Consejo Europeo y tiene competencias en materia de control y presupuestarias. Es realmente un parlamento y no un órgano meramente consultivo o de recomendación”.
“Desempeña también una actividad importante en materia de defensa de los derechos humanos, promoción de la democracia y de las elecciones libres, a través de las misiones de observación electoral. Desde esta perspectiva la resolución adoptada, en defensa de Francisca Ramírez y en denuncia del grave deterioro de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia y la falta de elecciones libres, es un reflejo del Estado de opinión existente en Europa y el mundo desarrollado sobre el gobierno de Ortega y su aislamiento cada vez mayor”.
Según Icaza, el PE está marcando la pauta para que eventualmente los gobiernos europeos de forma individual emitan pronunciamientos en términos similares.
Serios y contundentes
Por su parte, el exembajador de Nicaragua en Alemania, José Dávila, calificó la resolución del PE como la “más seria y contundente que ha habido sobre Nicaragua después de la farsa electoral de noviembre de 2016”.
El organismo europeo hace alusión al “informe de la Misión de Observación Electoral de la UE (Unión Europea) a Nicaragua sobre las elecciones legislativas y presidenciales del 6 de noviembre de 2011”, mismo que dejó registro en su informe final sobre esos comicios de que hubo un retroceso en la “calidad democrática” de los procesos electorales en Nicaragua, por la “escasa transparencia y neutralidad” con que fueron administrados por los magistrados de facto electorales.
La resolución califica de “grave” la exclusión de la oposición política del pasado proceso de elecciones nacionales, lo que para el PE demuestra “que las elecciones libres, justas, competitivas están siendo seriamente debilitadas” en Nicaragua.
Por otra parte señala que los periodistas se ven con frecuencia acosados e intimidados, incluso con amenazas de muerte, y sometidos a detención.
“Jueces influenciados por la política”
La resolución del PE también menciona que “los jueces del Tribunal Supremo están fuertemente influenciados por la política” y que se realizaron cambios constitucionales en 2013, para la reelección del presidente “evitando la Ley”.
El documento detalla que “la Constitución Política prohíbe a aquellos relacionados con el presidente, ya sea por sangre o afinidad, ser candidatos vicepresidenciales” y aunque no se menciona en el documento un caso específico, es del conocimiento general que el año pasado Ortega se reeligió por segunda vez consecutiva de la mano de su esposa, Rosario Murillo, como candidata a vicepresidenta.
Dávila detalló que 750 diputados de toda la Unión Europea (UE) representan en el PE a cerca de 380 millones de electores (de un total de 500 millones de habitantes), siendo el electorado más grande del mundo.
Dos grandes bloques tienen la mayoría, el Grupo del PPE (conservadores y Demócrata-Cristianos) y la Alianza Socialista, Partido Social Demócrata, y otros partidos de izquierda democrática, agregó Dávila.
“Recordemos que el Parlamento Europeo es la primera institución” de la Unión Europea y sus 28 países, que legisla y define el presupuesto, en conjunto con el Consejo de Europa (los jefes de Gobierno y primeros ministros) y es la autoridad sobre la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la UE), cuyo jefe nombra y puede destituirla”, dijo Dávila.
La corrupción
La resolución también aborda “la corrupción en el sector público, incluidos los familiares del presidente”.
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“Considerando que el soborno de funcionarios, las incautaciones, las evaluaciones arbitrarias de las autoridades aduaneras y fiscales son muy comunes” los eurodiputados expresaron su preocupación alrededor de estos puntos en la resolución.
El documento recuerda que en agosto de 2016 fue cancelada la visita a Nicaragua del relator especial de la ONU sobre la defensa de derechos humanos, Michel Forst, “debido a los obstáculos del gobierno nicaragüense”.
Especial atención al Canal
El PE hizo énfasis en la Ley del Canal Interoceánico (840), mencionando que “otorga poderes para expropiar tierras y eximir a la empresa privada china HK Nicaragua Canal Development Investment Company Ltd. (HKND) de regulaciones locales de impuestos”.
También menciona que “no se realizó ningún estudio de impacto ambiental y que la ruta del Canal propuesta pasará por tierras indígenas y desplazará entre 30,000 y 120,000 indígenas”, lo que para el PE es una “violación del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales)”.
El PE también tiene conocimiento de que las organizaciones científicas han expresado su alarma sobre el peligro al que se está exponiendo el Lago de Nicaragua, “mayor fuente de agua dulce de Centroamérica”.
El documento refiere que “entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2016 manifestantes de Nicaragua se reunieron en la capital para rechazar la construcción del Canal Interoceánico, un megaproyecto que podría desplazar a miles de pequeños agricultores y pueblos indígenas”. La resolución, además, menciona el uso de gases lacrimógenos, caucho y balas de plomo por parte de la Policía contra los manifestantes anticanal.
Apoyo a Francisca Ramírez
La resolución del Parlamento Europeo hizo especial referencia al caso de la líder campesina anticanal Francisca Ramírez. “La Cámara insta al gobierno nicaragüense a abstenerse de acosar y recurrir a actos de represalia contra Francisca Ramírez, la coordinadora del Consejo Nacional para Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía. Ramírez fue detenida e intimidada tras presentar una queja formal por las agresiones perpetradas en la región de Nueva Guinea, en diciembre de 2016, y también su familia ha sido objeto de ataques violentos como represalia”, expresa la resolución de la Cámara de eurodiputados.
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Ramírez manifestó este jueves que se están dando cuenta que no están solos en esta lucha contra el proyecto del Canal Interoceánico, que es una concesión del territorio nicaragüense al empresario chino Wang Jing.
“En algún momento nosotros sentíamos que nadie nos escuchaba, porque hay organizaciones de Naciones Unidas que tienen acuerdos con Nicaragua, pero no habían hablado”, dijo Ramírez a LA PRENSA.
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Este jueves se realizó la marcha número 86 en El Tule, Río San Juan, donde hace dos años fueron vapuleados el 24 de diciembre (2014) por protestar.
Esa declaración, al ser tan seria, debe ser tomada muy en cuenta por el gobierno de Ortega, pues se trata de una resolución cualitativa y profunda a favor de la democracia, al pedir en Nicaragua el respeto pleno de los valores democráticos y la separación de poderes”.
José Dávila, exembajador
de Nicaragua en Alemania.
