La Fiscalía costarricense pedirá una prórroga de cuatro meses de prisión preventiva contra una banda desarticulada el año pasado, en el norte de este país, acusada de usar como esclavas sexuales, en su mayoría, a mujeres nicaragüenses.
“La Fiscalía ya solicitó al Juzgado Penal (de San Carlos, zona norte) una audiencia para solicitar la prórroga de la medida cautelar durante cuatro meses más. Esa audiencia, de carácter privado, se llevará a cabo el 28 de febrero”, informó el Ministerio Público.
Los procesados son una pareja de hermanos nicaragüenses de apellidos Rivera Carrión, la mujer es naturalizada costarricense y tiene 39 años de edad, y el hombre es de 37 años de edad y de residencia tica. Ambos eran líderes de la banda, según la Policía de Migración de Costa Rica.
Los otros tres detenidos y encarcelados son la hija de la líder de la banda, de 22 años de edad y naturalizada costarricense, así como dos mujeres nicaragüenses de apellidos Hernández Gonzales y Hernández Valle, quienes se encuentran de manera irregular en el país. La Unidad de Investigación de la Policía de Migración desarticuló a la banda el pasado viernes 2 de septiembre en tres allanamientos en la Fortuna de San Carlos, Alajuela.
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En los allanamientos, realizados en el Bar Los Acostados, Bar El Tenampa y Bar Los Horcones, se detectaron siete personas menores de edad, cinco hijos de las posibles víctimas de trata y dos que fueron abordados por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En la operación policial, las autoridades encontraron a más de 30 mujeres, en su mayoría nicaragüenses, además de costarricenses y una de nacionalidad dominicana, todas posibles víctimas de trata. También decomisaron dinero, documentos y teléfonos móviles.
Las víctimas
De las 30 mujeres encontradas, 14 eran víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y entre las cuales están 11 nicaragüenses, dos ticas y una dominicana, según la Fiscalía. Judicialmente el caso se procesa con el expediente 16-000156-1185-PE y se encuentra en la etapa final de investigación por el delito de trata de personas. La banda descuenta 6 meses de prisión preventiva, la cual vence el 02 de marzo del 2017.
“Durante el período de investigación se realizó un reconocimiento físico con dos de las imputadas (Hernández González y Rivera Carrión), a quienes las víctimas reconocieron plenamente y describieron el actuar de cada una de ellas. Las ofendidas son cinco mujeres de nacionalidad nicaragüense con quienes se realizó un anticipo jurisdiccional de prueba (es decir, ellas rindieron su declaración)”, informó el Ministerio Público. “Respecto al tema de protección a víctimas y testigos, no es posible referirnos, precisamente para proteger la integridad de las mismas y tomando en cuenta que el programa tiene un principio de privacidad que prohíbe revelar detalle alguno”, añadió.
De acuerdo a la investigación, las nicas eran contactadas en León por Hernández Valle, quien les proponía la oferta de trabajo. Posteriormente, las víctimas eran trasladadas a Costa Rica, de forma irregular. Una vez instaladas en los bares, les indicaban que ellas tenían que desempeñarse como trabajadoras sexuales y no como meseras. Las mujeres estaban bajo amenazas por lo que se les prohibía salir de los locales.
Según la fiscal del caso, Natalia Álvarez, las mujeres eran drogadas para que mejoraran su rendimiento sexual con sus clientes.
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