Por tercera vez en este año, el procurador general de la república, Hernán Estrada, no recibió a los extrabajadores de los ingenios azucareros que reclaman el pago de la indemnización ratificada en 2015 por la Asamblea Nacional.
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El decreto de acuerdo ministerial número 51-2002, aprobado por la Asamblea, facultó expresamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República a cuantificar y a pagar a 2,335 extrabajadores excluidos del proceso de privatización de los ingenios azucareros de Nandaime, Chichigalpa y Rivas, en los años 90, durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.
Este martes se presentaron más de 50 personas a las instalaciones centrales de la Procuraduría, en Managua. La mayoría de los reclamantes son de avanzada edad, con enfermedades crónicas de infección renal, ciegos y con problemas para caminar debido a las secuelas del trabajo que realizaban en el ingenio, pero entre ellos también andan viudas que asumieron el reclamo de sus esposos ya fallecidos.
Para evitar la protesta de los reclamantes en el exterior de la Procuraduría, se les permitió que entraran a las instalaciones, pero la abogada Marjorie Pomares confirmó que tampoco ayer fueron recibidos por el procurador Estrada.
“Nosotros pedimos que nos reciba Hernán Estrada y que nos diga la verdad, porque ellos saben bien que ese dinero lo deben”, dijo Vicberto Pérez, de 64 años, quien trabajó en el ingenio Javier Guerra Báez, de Nandaime, desde 1972 hasta 1993.
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Desde 1992 inició el proceso de privatización de los ingenios azucareros donde laboraban estos cañeros que reclamaban su pasivo laboral.
Según el acuerdo presidencial, estos extrabajadores del azúcar fueron afectados por las privatizaciones de los ingenios Monte Rosa, Benjamín Zeledón, Javier Guerra, San Antonio Faisa, San Antonio Animosa y San Antonio Sotranicsa.
Las protestas de septiembre del 2012 dejaron como saldo una persona fallecida y daños severos a la economía nacional y el comercio centroamericano.