La diputada designada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Fernanda Flores, condicionó el voto por la derogación del impuesto patriótico hasta que el Gobierno de Nicaragua demuestre que ejerce soberanía en la plataforma marítima que ganó a Colombia.
“Quisiera saber si Colombia está cumpliendo o no, porque hasta cierto tiempo atrás todavía Colombia decía que no, que no aceptaba el fallo. Entonces si Colombia no está cumpliendo, estamos gastando en asesoría legal para hacer que Colombia cumpla”, dijo Flores.
Esa posición de Flores es la misma que expresó a varios medios de comunicación, el miércoles pasado, su esposo y caudillo del PLC, Arnoldo Alemán, ante la propuesta de derogación de la Ley que impone el impuesto del 35 por ciento a los productos colombianos enviada por el presidente designado, Daniel Ortega.
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“Arnoldo también tiene esa inquietud, y lo platicamos él y yo. Pensamos que ya el fallo está dado (…). Si Colombia no está cumpliendo con un fallo internacional hay que analizar qué está haciendo Nicaragua para que Colombia cumpla”, dijo Flores.
El impuesto patriótico fue creado en el gobierno de Alemán en 1999, con el fin de que lo recaudado se usara para cubrir parte del gasto del juicio por el diferendo limítrofe marítimo que Nicaragua tenía con Colombia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya.
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Rosales por quitarlo
Miguel Rosales, jefe de la bancada del PLC, dijo este jueves que respalda derogar el impuesto patriótico a Colombia porque podría incentivar las inversiones del vecino del sur en Nicaragua y bajaría el costo de los productos colombianos que se comercializan localmente.
“Nuestro planteamiento alrededor de la derogación de este impuesto patriótico está totalmente de acuerdo con nuestra bancada porque viene a beneficiar al país”, dijo Rosales.
Consulta
La Comisión Económica llamará la próxima semana a consulta sobre la iniciativa de la derogación de la Ley 325, Ley Creadora del Impuesto a los Bienes y Servicios de Procedencia u Origen hondureño y colombiano.
En 2012 la CIJ favoreció a Nicaragua y le amplió su plataforma marítima en el mar Caribe; y la Corte se declaró competente para conocer la demanda de Nicaragua de que se le conceda extender más allá de las 200 millas náuticas desde la costa caribeña.