Las elecciones del 25 de febrero de 1990, hoy hace 26 años, han sido sin duda las más importantes de la historia política de Nicaragua.
En primer lugar, porque en ellas se eligió presidenta de Nicaragua a doña Violeta Barrios de Chamorro, la única mujer en la historia nacional que ha alcanzado ese cargo mediante el voto popular o de cualquier otra forma.
En segundo término, porque con las elecciones de febrero de 1990 ocurrió el hecho inédito hasta entonces en el mundo, de que una dictadura de naturaleza marxista totalitaria fuese sustituida directamente por un gobierno democrático surgido de las urnas electorales.
Tercero, porque se demostró que por muy enconadas que sean las contradicciones políticas de una nación, es posible resolverlas mediante el voto popular en vez de hacerlo a través de la guerra sangrienta y por medio de la imposición y la opresión de una parte sobre la otra.
En cuarto lugar, los comicios del 25 de febrero de 1990 probaron que los nicaragüenses están preparados para practicar esa forma civilizada de la política —cual es la elección libre y limpia— que muchos pueblos del mundo ejercitan de manera exitosa desde hace mucho tiempo.
Y en quinto lugar, las elecciones del 25 de febrero de 1990 confirmaron la responsabilidad de la comunidad internacional de facilitar la democracia donde se necesita, en cualquier circunstancia, y que se debe perseverar hasta persuadir a los contendientes divididos por profundas diferencias a dejarlas a un lado para dar paso a la convivencia pacífica en libertad y democracia.
Es importante resaltar este punto ahora que está en curso una negociación de la secretaría general de la OEA con el régimen de Daniel Ortega, supuestamente para reformar el sistema electoral de Nicaragua a fin de que se puedan realizar elecciones competitivas y transparentes. Aunque en política y diplomacia todo puede suceder, es difícil imaginar que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se preste para algo diferente a tal objetivo y menos para respaldar las pretensiones de poder autocrático perpetuo de Daniel Ortega.
En los Acuerdos de Esquipulas II auspiciados por la comunidad internacional y firmados por todos los presidente centroamericanos el 7 de agosto de 1987, se mandó a “realizar urgentemente en aquellos casos donde se han producido profundas divisiones dentro de la sociedad, acciones de reconciliación nacional que permitan la participación popular, con garantía plena, en auténticos procesos políticos de carácter democrático, sobre bases de justicia, libertad y democracia”. Y a que, “creadas las condiciones inherentes a toda democracia, deberán celebrarse elecciones libres, pluralistas y honestas”.
Esos Acuerdos se cumplieron en Nicaragua en febrero de 1990 y se siguieron cumpliendo con las elecciones de 1996, 2001 y 2006. Daniel Ortega ha revertido este proceso democrático y puesto fin a la alternancia en el poder por medio de elecciones justas y limpias, pero la democracia tiene que ser recuperada por el bien del pueblo de Nicaragua.