La programación de la audiencia de apelación de los acusados por la masacre del 19 de Julio, en Ciudad Darío, hasta para marzo próximo es a criterio del asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, una muestra de las arbitrariedades que de forma reiterada han cometido las autoridades del sistema de justicia durante el proceso.
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“Ha habido una retardación de justicia reiterada. A estos ciudadanos se les han violentado los derechos humanos a más no poder”, aseguró Cuevas, quien mencionó por ejemplo que desde un inicio las detenciones fueron ilegales, en su momento los acusados denunciaron situaciones de tortura, la sentencia fue leída un año después cuando según el Código Procesal Penal (CPP) establece que después de la última audiencia el juez tenía tres días para dictar sentencia. En esa fecha fallecieron cinco personas y unas 40 lesionados.
El abogado Paulino Salazar, defensor de Leonel Poveda y Ricardo Cortez, recordó por su parte que “la apelación es parte del procedimiento del derecho que tiene en este caso la persona que ha tenido un fallo de culpabilidad a que su caso sea revisado por un superior jerárquico, y aquí tiene que ver mucho el tema de la retardación de justicia, tomando en cuenta que este caso fue en 2014”.
Todos somos iguales, pero…
Salazar señaló que independientemente del caso, debe prevalecer el principio de legalidad que establece que jueces y tribunales se deben a la Constitución y leyes.
“Esta gente ha sido sometida a una desigualdad de la ley que va en contra de preceptos constitucionales que dice que todos somos iguales ante la ley, allí se ha quebrantado el artículo ocho del Código Procesal Penal, el principio de celeridad procesal que no va dirigido solo al proceso en sí”, insistió Salazar.
De esa manera la apelación será realizada dos años ocho meses después de la matanza, que dice Salazar “no se acopla al proceso o al sistema de modernización que supuestamente viene impulsando la Corte Suprema de Justicia desde el punto de vista tecnológico evolutivo que han querido crear en el tema de justicia. Este caso viene a contrastar esa misión, esa visión que públicamente la Corte Suprema de Justicia hace alusión”, dijo Salazar.
En cuanto al proceso en sí, Cuevas, señaló que “el Ministerio Público no logró desvirtuar la presunción de inocencia. La prueba no fue valorada adecuadamente, violó el debido proceso y los condenados fueron sustraídos de su fuero natural, pues deberían ser procesados en Matagalpa”, cuestionó Cuevas.
Por su parte Salazar adelantó que en la apelación alegará la contradicción existente en que el caso fue sustraído de su juez natural al trasladarlo de Matagalpa a Managua porque la Fiscalía aducía que la conspiración se había realizado en Tipitapa y al final el judicial prácticamente negó esa acusación al sentenciarlos por crimen organizado.
A su vez, señala que el judicial no logró enlazar la prueba vertida en el juicio oral y público a los supuestos delitos, mucho menos individualizarlo.
Es por ello, que dijo Salazar, en el caso de sus clientes, su defensa estará enfocada en dos aspectos: “en el quebrantamiento del criterio racional, porque considero que el juez no aplicó el criterio racional (…) valorar la prueba en su conjunto y tomar en cuenta lo que en realidad pasó en el juicio”.
Por ejemplo, mencionó Salazar que en el caso de uno de sus representados, Ricardo Cortez, le acusan de manipular pólvora pero la prueba no revela productos nitrados. Y se pregunta Salazar “¿Cómo podemos acreditar a un testigo que llega a decir que él manipuló armas y viene otro perito y dice que no le encontró pólvora? (…) ese es quebrantamiento del criterio racional porque no aplica la lógica en este caso. Uno de los elementos de los axiomas de la lógica es ver las contradicciones”.