Con frecuencia se dice que padecemos una crisis política, lo cual hace referencia, tanto a nivel nacional como internacional, a la existencia de problemas de difícil solución, que inciden en la estabilidad del país, debido a las repercusiones que produce en el plano económico, jurídico y social, y en la práctica misma del quehacer político.
Las crisis políticas tienen un carácter específico que puede ser particular o múltiple, conllevan riesgos severos y exigen medidas puntuales para su solución y el restablecimiento de la normalidad.
La crisis de la política, por su parte, tiene un carácter más general y profundo y afecta al quehacer mismo de la política como tal, desde el momento que esta, como condición del ser colectivo e institucional, presenta síntomas de agotamiento que parecen señalar que ese ejercicio inherente a la condición humana se encuentra en crisis, con el riesgo de desaparecer o de producir profundas transformaciones que de realizarse alterarían cualitativamente su propia identidad.
En Nicaragua las crisis políticas puntuales reflejan una situación cuya complejidad es más profunda, pues atañen de forma directa a la naturaleza misma de la política.
Cuando no se ha logrado establecer un sistema en el que prevalezca como parte de la cultura colectiva y de la propia realidad, la idea de la subordinación del poder a la ley, supremacía de la Constitución, jerarquía de la norma jurídica, independencia de poderes, se enfrenta una crisis de la política en su propio concepto y práctica, realidad e identidad.
La devaluación del quehacer político es uno de los severos problemas que nuestro país enfrenta. Esto ocurre porque se ha hecho de la política una práctica exclusivamente dirigida a obtener cuotas de poder, sin que importen mucho los problemas de la sociedad y sus posibles soluciones. La astucia para obtener ventajas ha devenido el objetivo esencial y la habilidad para alcanzarlas, sea desde el poder o desde la oposición, se ha transformado en el ser mismo del quehacer político.
La política en Nicaragua ha quedado encerrada dentro de esas fronteras, sin tener en consideración su naturaleza esencialmente social, que exige la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas públicas de la sociedad, de la polis.
La utilización del poder, o cuotas del mismo, para definir el quehacer político, ha devenido no solo un componente fundamental, sino una acción prácticamente exclusiva.
La política en nuestro país no es el debate sobre las estrategias y tácticas a utilizar para alcanzar determinados fines de carácter social, sino los mecanismos que deben utilizarse para anular al adversario y para obtener las mayores ventajas personales o partidarias.
Se trata pues de usar las instituciones del Estado y el sistema legal, para reducir al oponente y alcanzar mediante esos procedimientos lo que el poder se propone.
Así vemos decisiones judiciales para demoler a partidos o coaliciones de la oposición; medidas electorales para destituir diputados que no responden a sus intereses; destrucción política del adversario para luego tratar, mediante concesiones previamente pensadas, de alinearlo a sus propósitos, manteniendo, sin embargo, el nombre de oposición que no se oponga pero aparente serlo para proyectar la imagen del pluralismo político y la democracia, en tanto exigencias necesarias para el posible desarrollo de las relaciones internacionales, la inversión y los programas económicos y financieros.
La política queda así, de una u otra forma, atrapada en ese círculo vicioso que se pretende presentar como círculo virtuoso. En realidad esta situación debe asumirse como una responsabilidad de todos y no únicamente de partidos o grupos políticos, que en algunos casos, pese a las dificultades que eso significa, han asumido posiciones en defensa de valores y principios democráticos.
El problema es más profundo y complejo y atañe a la sociedad en su conjunto, al tema de la cultura política, que en el caso de nuestro país, se ve radicalmente afectada por la ausencia de una convicción general acerca de la necesidad de construir la sociedad civil y la sociedad política, sobre la base de principios y valores que establecen que el poder es lo que la ley dice que es y por lo tanto se encuentra subordinado a ella.
Que la ley es expresión de la voluntad general, por lo que debe ser la expresión normativa de la misma. Y que la voluntad general se basa en principios y valores éticos y políticos fundamentales, relativos a la libertad y la justicia, principalmente.
La cultura política construida sobre esos principios y compartida por la comunidad nacional, hace posible que la democracia, el Estado de Derecho y la institucionalidad, formen parte de la conciencia colectiva de la sociedad. Su ausencia, por el contrario, hace posible que la pasividad y la indiferencia constituyan las formas habituales de comportamiento, generen una actitud oportunista en la cúpula política, alienten al poder al abuso y la arbitrariedad, y que solo reaccionen en forma violenta, cuando el ejercicio totalitario del mismo afecte los intereses individuales, que sumados producen la reacción colectiva y la confrontación.
Aunque parezca utópico, la única forma de evitar el abuso, la indiferencia y la confrontación es creando una cultura política de la sociedad, en el que los valores formen parte de un patrimonio ético común. Cuando la base sea una estructura compuesta por esos valores, la cúpula que proviene de esa plataforma fundamental, tendrá un comportamiento diferente al actual, pues inevitablemente será proyección de la raíz que la produce, efecto de una causa que la genera.
Podría decirse que esto es una utopía, quizás, pero no hay que olvidar que si bien la utopía es el lugar que no existe, hay que tener presente que no existe porque aún no se ha construido.
Si se busca una alternativa que trascienda lo coyuntural, hay que tener presente que ninguna sociedad puede vivir como tal sin la política y que la crisis de la política nace, precisamente, de su separación de lo social y de su absorción por el poder.
La crisis de lo social, a su vez, se produce por el alejamiento de lo político de las grandes decisiones que afectan a la comunidad. Separar lo político de lo social es producir una mutilación, una doble orfandad. Reintegrarlos en su naturaleza necesariamente complementaria, es restituirle su integridad e identidad. Considero que es este el reto que hay que asumir para superar la crisis de la política que Nicaragua padece en este momento.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.
