El Gobierno de El Salvador analiza una propuesta de reforma del sistema de pensiones presentada recientemente por empresarios, informó el sábado el presidente Salvador Sánchez Cerén durante su programa de diálogo Gobernando con la Gente.
“Hemos quedado de estudiar la propuesta que ha llegado a la Asamblea Legislativa”, presentada por empresarios, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y “algunos sectores de trabajadores” para “encontrar los elementos que nos permitan hacer una reforma que le dé sostenibilidad al sistema”, aseguró.
El mandatario señaló que el actual sistema genera “enormes ganancias” a las AFP y que “llegó el momento de compartir sus ganancias” con los trabajadores para “garantizar las pensiones de forma permanente”.
“No es posible que los salvadoreños que están pensionados hayan trabajado toda su vida (…) y no puedan tener una vida tranquila y feliz”, lamentó Sánchez Cerén en la localidad occidental de Acajutla.
Elevar el aporte
Una de las principales medidas que propuso la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) es la de incrementar en 1 por ciento la cotización de los trabajadores y del aporte patronal para pasar de un importe mensual del 13 por ciento del salario al 15 por ciento.
También propuso que los trabajadores puedan tomar una parte de sus ahorros en el sistema de pensiones para proyectos personales, que devolverían después en cuotas.
Esta propuesta se suma a la hecha por el Gobierno en febrero del 2016, en la que sugiere la creación de un sistema mixto, compuesto por un régimen de “reparto” basado en la “solidaridad intergeneracional” y otro de “capitalización” asentado en el “ahorro individual”.
Gobierno asume
En 2016, El Salvador estuvo al borde del “default” de su deuda pública a corto plazo, en buena partes, según el Gobierno, por el pago de pensiones que asumió el Ejecutivo en 1998 con la privatización del sistema.
Cifras oficiales señalan que el Gobierno canceló 215 millones de dólares en pensiones de unos 260,000 jubilados en 2016 y las proyecciones apuntan a que la deuda anual podría superar los 1,000 millones de dólares en 2035 sin una reforma.
Se calcula que el déficit fiscal salvadoreño para 2017 represente el 3.3 por ciento del producto interno bruto (PIB), del cual el 2.2 por ciento corresponde a deuda de pensiones.
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