Las organizaciones políticas opositoras del país están a la expectativa del contenido del Memorándum de Entendimiento que este martes será firmado entre el Gobierno de Daniel Ortega y la Organización de Estados Americanos (OEA), como parte de los compromisos establecidos en el informe conjunto del pasado 20 de enero.
Este Memorándum “incluirá los aspectos técnicos del trabajo conjunto a llevar a cabo” para el “fortalecimiento de la democracia” y “en particular lo relativo al seguimiento del proceso electoral de noviembre de 2017 en sus numerosos aspectos, incluida la depuración del padrón electoral, la cedulación de los electores, garantías a los derechos de los electores”, entre otros aspectos técnicos.
La directora ejecutiva de la organización opositora Ciudadanos por Libertad (CxL), Kitty Monterrey, manifestó que confía en que las gestiones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, lograrán cambios que restablezcan la credibilidad en el sistema democrático.
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“Si lo que queremos es una salida cívica a la crisis institucional, provocada por Daniel Ortega, debemos esperar y confiar en las gestiones del Secretario Almagro”, dijo Monterrey.
CxL —otrora Partido Liberal Independiente— está en proceso de obtener su personería jurídica para participar en las próximas elecciones municipales, sin embargo, Monterrey reiteró que no se prestarán a una farsa electoral, porque creen que “la OEA logrará que se den las garantías necesarias no solo para elecciones libres, observadas y transparentes, sino para que se respeten los derechos de todos los nicaragüenses”.
Prioridad es restituir a la oposición
El exdiputado Wilber López, quien fue uno de los 28 legisladores destituidos por el oficialismo y es miembro de CxL, manifestó que lo mínimo que esperan de los acuerdos entre la OEA y el Gobierno, es que se restituya a la verdadera oposición en los próximos procesos electorales.
El año pasado, los ahora miembros de CxL estaban organizados en el PLI, esperando participar en las elecciones nacionales del 6 noviembre. Pero a seis meses de los comicios, el poder judicial, instrumentalizado por el orteguismo, le quitó la representación legal del PLI a Eduardo Montealegre, lo que implicó sacarlos del proceso electoral y dejó sin rival a Ortega, quien se reeligió por segunda vez consecutiva, esta vez de la mano de su esposa Rosario Murillo, a quien llevó como candidata a vicepresidenta, lo que fue considerado por los críticos como la instauración de una dictadura familiar.
FAD no aceptará que “lo robado, robado está”
El Frente Amplio por la Democracia (FAD) reiteró este sábado en una carta dirigida a Almagro, que “no acepta la tesis de que ‘lo robado, robado está’ y no dará la espalda a más del setenta por ciento de los nicaragüenses que de manera consciente y activa rechazaron la farsa electoral de noviembre 2016”, en clara alusión a las votaciones nacionales del pasado 6 de noviembre, que se caracterizaron por la escasa participación ciudadana y la exclusión de la oposición del proceso electoral.
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“Señor secretario general, estamos seguros que su capacidad para abrir un proceso incluyente, serio, que apunte a los graves problemas de la democracia en Nicaragua, y nos ayude a poner un alto a la impunidad de las violaciones de los DDHH (Derechos Humanos), será importante en la prevención de mayores deterioros económicos y sociales, pero especialmente en la instalación de una paz basada en la justicia”, manifiesta la misiva del FAD dirigida a Almagro.
Piden aplicación de la Carta Democrática
El FAD, que coordina Violeta Granera, también demanda a Almagro la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, “ante la ruptura del orden democrático y la alteración del orden constitucional, siendo indispensable despartidizar los órganos y poderes del Estado, restableciendo el principio de la división de poderes, con sus necesarios pesos y contrapesos”.
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El pasado 20 de enero, el FAD lamentó el informe conjunto del Gobierno y la OEA, porque no se abordó “la falta de legitimidad” del gobierno de Ortega, y también cuestionó que no se atendió “con la urgencia que requiere el colapsado sistema electoral”.
El FAD espera “una posición firme y clara que nos ayude a restaurar el derecho a elegir y ser electo, y a evitar así, nuevas confrontaciones en el país.
Diálogo inclusivo
Por su parte, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, manifestó que no cree “que los acuerdos bilaterales entre el gobierno y la OEA puedan dar muchos frutos cuando no se involucra la población (y) cuando el diálogo no es inclusivo”.
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Las conversaciones entre la OEA y el Gobierno iniciaron por un informe electoral que entregó el organismo a Ortega el 14 de octubre pasado. Al día siguiente se firmó el acuerdo que originó las pláticas, que iniciaron oficialmente el 20 de octubre.
Informe del 20 de enero
Según el informe conjunto presentado el pasado 20 de enero, en el Memorándum de Entendimiento quedará establecido el plazo de tres años para trabajar por el fortalecimiento de la democracia y “detallará las tareas específicas a llevar a cabo en materia de seguimiento de las elecciones municipales de noviembre 2017”.
El documento detalla que el Memorándum incluirá “la continuación del proceso de perfeccionamiento del sistema de representación política y mecanismos que lo fortalezcan jurídicamente, búsqueda de mecanismos y normativas que fortalezcan jurídicamente la aplicación de la norma constitucional sobre transfuguismo político”, entre otros aspectos técnicos.
Para la oposición, con este plazo de tres años, el presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, ganó tiempo frente a las presiones de los congresistas de Estados Unidos que impulsan sanciones económicas a través de la iniciativa de Ley “Nica Act”.
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