El próximo 5 de noviembre se realizarán los comicios municipales para elegir 153 alcaldes, en los que el gobierno de Daniel Ortega no va a renunciar al control de casi el 90 por ciento de las alcaldías que obtuvo por medio de fraudes y manipulación de resultados, en las últimas dos elecciones municipales (2008 y 2012), según la valoración del sociólogo y municipalista Silvio Prado.
Prado aseguró que el entramado partidario que Ortega logró tejer en la estructura electoral, no podrá desmontarse en menos de un año, para creer que en estas elecciones va a haber cambios solo porque la Organización de Estados Americanos (OEA) vendrá a “acompañar” el proceso.
“El orteguismo tiene un inventario de manipulaciones del sistema electoral. Manipula no solamente el tema de los magistrados, sino toda la cadena; desde los magistrados hasta las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Es imposible que en siete meses se corrija todo eso”, dijo Prado.
De los 10 magistrados que dirigen el Consejo Supremo Electoral (CSE), siete son militantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) —que lidera Ortega y su esposa Rosario Murillo—, y los tres restantes también han permitido que la estructura electoral sea ocupada por personas que actúan para los intereses del FSLN.
Prado también recordó que el gobierno dificulta la entrega de cédulas de identidad, documento con que los ciudadanos pueden votar; cambia de circunscripción a los votantes para que no se encuentren en el padrón electoral el día de la elección (acción conocida como “ratón loco”); reprime a quienes demandan elecciones libres y justas; y niega el acceso a los medios de comunicación que denuncian los abusos del CSE.
Impugnaciones
Según el sociólogo, uno de los principales mecanismos para manipular los resultados electorales ha sido impugnar actas y votos, habiendo casos registrados de que por la impugnación de un voto se anuló toda la JRV donde perdía la elección el FSLN.
Lucas Reyes, el candidato a alcalde de Nindirí (Masaya) en 2008 y a quien el FSLN le robó los votos en esas elecciones municipales, es testigo de que las impugnaciones le hicieron bajar el número de votos hasta favorecer al candidato del FSLN.
“En el Consejo Electoral Municipal (CEM) de Nindirí me impugnaron un acta cuando vieron que les ganaba por 116 votos de diferencia, pero con esa acta impugnada yo todavía le ganaba al Frente Sandinista. Posteriormente, trasladan (los resultados) al CED (Consejo Electoral Departamental) de Masaya y allí me impugnan otra acta. Pero aun con las dos actas impugnadas yo le ganaba al Frente Sandinista con 50 votos de diferencia. Todo eso fue a revisión al Consejo Supremo Electoral, y allí es donde el representante legal (en ese entonces) Wilfredo Navarro nos mete el cuchillo a los alcaldes electos y nos quitan el triunfo electoral”, recordó Reyes.
Reyes asegura que esos comicios de 2008 “fueron el primer fraude electoral demostrado”, porque tenían pruebas de los resultados a su favor. En esas elecciones, los opositores reclamaron el robo de más de 30 alcaldías, mientras el FSLN se hizo del control de 105. En las municipales de 2012, el FSLN aumentó su control a 134 alcaldías, en otro proceso bajo el control del sandinismo y con resultados no verificables por la falta de transparencia, según determinaron las organizaciones electorales nacionales.
Para Prado, la única forma de corregir el sistema electoral es nombrar nuevos consejos electorales, integrados por personas confiables, serias, que no respondan a un partido, una demanda que también han hecho los últimos años las organizaciones políticas opositoras, la sociedad civil, los obispos miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, la empresa privada y demás actores del país.
Municipales serán “peores”
Hasta ahora, Prado cree que los próximos comicios municipales podrían ser “peores” que las pasadas elecciones, porque cree que “el orteguismo va a corregir los fallos que tuvieron en las presidenciales: como el abstencionismo de su propia gente, de los empleados públicos y de los beneficiarios de los programas sociales”.
Aunque el FSLN se ha robado las elecciones municipales para imponer a sus candidatos a alcaldes, estos no son los que mandan en el municipio, sino los secretarios políticos del FSLN, bajo la dirección de Ortega y su esposa Murillo, principalmente.
En los últimos dos períodos, más de 20 alcaldes de todo el país han sido destituidos u obligados a renunciar.
La Alcaldía de Juigalpa (Chontales) ha tenido cuatro alcaldes diferentes en este período (2012-2017).
Cuando se dieron las primeras destituciones en el período 2008-2012, el presidente de la Comisión de Población y Municipios de la Asamblea Nacional, Agustín Jarquín Anaya, para entonces aliado del orteguismo, revisó los casos de los alcaldes destituidos de Wiwilí (Jinotega), Dolores (Carazo), Jinotepe (Carazo), Ciudad Sandino (Managua) y Boaco (Boaco).
Jarquín elaboró un informe que concluyó que se había violentado la Ley de Municipio (40) y la Ley Electoral (331) en cada destitución, pero el control del sandinismo en la Asamblea evitó que el dictamen se discutiera en el plenario.
Jarquín fue destituido de su cargo de diputado en 2012, por abandonar su alianza con el FSLN en la Asamblea y criticar sus actuaciones y políticas gubernamentales.
Retroceso a los años 80
Con la imposición del sistema orteguista, Prado opinó que los municipios regresaron a los años 80, cuando las autoridades locales estaban bajo la figura del secretario político del FSLN.
“La diferencia es que ahora los gobiernos locales son electos, en los 80 no. Entonces surge la contradicción de por qué un alcalde o concejal electo por la población, tiene que estar sometido bajo el mando de una persona a la que nadie eligió”, se pregunta Prado.
En 2013, un reportaje de LA PRENSA demostró que la secretaria política del FSLN en Santo Domingo (Chontales), Nadine Aguilar, se encargaba de la firma de avales de los proyectos de la comuna, pasando sobre el alcalde, que es a quien le correspondía.
Jarquín explicó que como el gobierno de Ortega antepone los intereses partidarios, al interés nacional, es por eso que en el modelo político que practica Ortega tiene más relevancia el secretario político del FSLN, que un alcalde electo por los ciudadanos.
Jarquín cree que se deben aprovechar los acuerdos entre el Gobierno y la OEA y no se debe perder el derecho a votar en los próximos comicios municipales.
Caso de Niquinohomo
Hay casos donde el orteguismo manda a través de los alcaldes de las cabeceras departamentales, según constató LA PRENSA, siendo una especie de coordinadores de los municipios del departamento, como es el caso de los departamentos de Masaya y Matagalpa.
Marlon Muñoz es uno de los alcaldes apartados de su cargo por “órdenes de arriba”, dicen los ciudadanos del municipio de Niquinohomo (Masaya), debido a que no se conoció un procedimiento legal para destituirlo. La vicealcaldesa Janeth Pérez es la que ejerce el cargo de alcaldesa en funciones. LA PRENSA intentó entrevistar a Pérez, pero en la comuna dijeron que estaba de subsidio.
El concejal opositor de Niquinohomo, Alfredo Pérez Canelo, asegura que quien dirige la Alcaldía es una delegada del gobierno central, que responde al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom). LA PRENSA también intentó hablar con ella, pero dijeron que estaba en una reunión en Managua.
Pérez relató que en el reciente aniversario de la muerte del general Augusto C. Sandino, quien llegó a dirigir el trabajo de la comuna e incluso llevó a trabajadores de Masaya, fue el alcalde de esa ciudad Orlando Noguera.
“Nos sentimos como que aquí no tenemos alcalde. Tienen que venir otros, porque parece que los de aquí no pueden resolver”, dijo el concejal Pérez, electo bajo la bandera del antiguo Partido Liberal Independiente (PLI).
OEA no hará mucho
Silvio Prado considera que la OEA, como en el pasado, sigue siendo una organización que representa los intereses de los gobiernos, en la que están representados los Estados y solo va a aceptar lo que proponen los mismos, los cuales se encuentran divididos en sus posiciones sobre temas políticos como el de Venezuela. Es por eso que Prado no confía en el “acompañamiento electoral” de la OEA y afirma que los únicos confiables para que observen las elecciones son los observadores nacionales. “Las organizaciones electorales nacionales tienen más credibilidad ante la población y son más garantes de la imparcialidad, porque no se andan cuidando de relaciones diplomáticas como los de la OEA. Ética y Transparencia y el Ipade “ basan su trabajo en personas de nuestro país, que conocen las situaciones en cada municipio”, agregó.