El esperado Memorandum de Entendimiento entre el Gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA resultó ser un “parto de los montes” por su muy limitada, aunque positiva, contribución al “fortalecimiento institucional democrático de Nicaragua”. Este es uno de los propósitos que menciona el numeral 4 del Informe de la Mesa de conversación e intercambio suscrito entre las partes el 20 de enero del presente año.
El Memorandum, aunque se refiere a compromisos concernientes a “impulsar y acompañar esfuerzos dirigidos al fortalecimiento institucional político-electoral” de Nicaragua y otros aspectos técnicos se limita, por ahora, al rol de la OEA como observadora de las próximas elecciones municipales. En el Memorandum no se hace ninguna referencia a la necesidad de reestructurar el poder electoral del país de manera que se asegure, con un árbitro imparcial, que tales elecciones sean “libres y justas”, a como dice el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, ni “transparentes” como lo prescribe el artículo 4, que considera la transparencia de las actividades gubernamentales un “componente fundamental del ejercicio de la democracia”. El secretario Almagro firmó un acuerdo con el CSE, responsable de varios fraudes electorales, olvidando que en informes anteriores de las misiones de observación de la OEA se cuestionó la credibilidad del CSE.
Curiosamente, en lo referente a la institucionalidad democrática, el documento únicamente se refiere al fortalecimiento de la “aplicación de la norma constitucional sobre transfuguismo político”, asunto muy debatido actualmente en Uruguay, pero que en nuestro país no es más que un aspecto de la demolición de la institucionalidad iniciada a partir del 2007, y que ha conducido a la pérdida de la independencia de los poderes del Estado y su sometimiento al poder ejecutivo; la profunda crisis del Estado de Derecho y de la administración de la justicia, y el respeto a los derechos humanos, etc.
Nada de esto, que contradice totalmente los principios de la Carta, es aludido en el Memorandum que, por otro lado, da por aceptado que los resultados de la farsa electoral del 6 de noviembre pasado representan la voluntad del pueblo nicaragüense, siendo que el pueblo le dio la espalda absteniéndose de votar en un porcentaje del 70% de los inscritos.
La OEA conoce perfectamente lo que ocurrió en el proceso electoral. Tan es así que en un comunicado hecho público el 16 de octubre pasado, la OEA manifestó que el secretario general había enviado al Gobierno un informe “ponderando los hechos” que se dieron con anterioridad a las elecciones. ¿Cuáles fueron esos hechos? La sacada de la competencia electoral de la alternativa democrática más fuerte del país; la prohibición de la observación electoral; la expulsión ilegal del parlamento de 28 diputados de la oposición y el control que el FSLN asumió de todas las estructuras del árbitro electoral.
Hemos sostenido que no cabe esperar de un organismo internacional la solución de los problemas que corresponde a los nicaragüenses resolver. Si el secretario general de la OEA ha reiterado que su guía son los valores y principios de la Carta Democrática Interamericana, debería proceder a respetar el principio de transparencia haciendo público el informe que envió a Ortega previo a las elecciones. Si ese informe, junto con la “Nica Act”, desencadenaron todo el proceso de negociaciones entre Ortega y Almagro, no cabe mantenerlo en secreto. El pueblo nicaragüense, cuyo futuro político-electoral está en juego, tiene derecho a conocerlo.
Cabe recordar que con todo y la presencia de los observadores de la OEA en las elecciones municipales del 2012 el FSLN se atribuyó las alcaldías que tuvo a bien y que, pasadas las elecciones, los concejales han destituido a varios alcaldes tanto de la oposición como del mismo FSLN, sin respetar la voluntad de los electores. La autonomía municipal dejó de existir. El ejecutivo distribuye los recursos que la Constitución asigna a los municipios siguiendo criterios de lealtad política.
Ojalá que en los tres años prorrogables que se han asignado al proceso, se logren resultados que realmente contribuyan a restaurar la institucionalidad democrática de nuestro país y no sean aportes tan limitados como los que se desprenden del Memorandum recientemente firmado. Las concesiones que haga Ortega dependerán de las presiones internas y externas.
El autor es jurista y catedrático.
