El martes pasado el Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad una resolución manifestando su “profunda preocupación” por la crisis política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela. Esta resolución también hizo un llamado a que el gobierno de Nicolás Maduro respetase los procesos constitucionales y democráticos en el país y liberase a los más de 100 prisioneros políticos en Venezuela, incluyendo Leopoldo López, el líder de la oposición venezolana, y Antonio Ledezma, alcalde de Caracas.
Esta resolución ha pasado en gran medida desapercibida en Nicaragua, quizás porque fue publicada horas antes del primer discurso del presidente Trump ante las dos cámaras del Congreso estadounidense, evento que despertó mucho interés internacionalmente y acaparó prácticamente toda la cobertura de los Estados Unidos.
Sin embargo esta resolución es importante porque fue apoyada por unanimidad por los senadores, algo que es notable en vista de la profunda polarización política que existe en Norteamérica. Y es importante por lo dura que fue y por los senadores que emitieron declaraciones conjuntamente a la publicación de la resolución enfatizando su malestar por el colapso del Estado venezolano. Estos incluyen sus promotores principales: Ben Cardin, de Maryland, el demócrata de más alta jerarquía en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Marco Rubio, el presidente del subcomité para el Hemisferio Occidental del mismo Comité.
Otros copatrocinadores de la resolución constituyen un “quién es quién” de la cámara alta del Congreso. Me refiero a líderes como Bob Menéndez (demócrata) expresidente del Comité y una figura cimera entre los latinoamericanistas en Washington; Tom Cotton (republicano) uno de los jóvenes de más proyección y porvenir político en la cámara alta, y Tim Kaine, el candidato demócrata para la vicepresidencia en las últimas elecciones.
En sus “considerandos” la resolución incluye una letanía de las pavorosas condiciones que vive Venezuela, el país que, irónicamente, cuenta con las más altas reservas petroleras del planeta. Hace hincapié, por ejemplo, en el desabastecimiento de alimentos y medicinas que ha desencadenado una grave crisis humanitaria en el país; en el colapso de la economía y la inflación más elevada del mundo; en el incremento de la delincuencia incluyendo la tasa de homicidios más alta del planeta en Caracas; en la migración masiva de venezolanos que huyen de su país para escapar de la pesadilla que hoy es Venezuela, y en alarmantes niveles de corrupción, lavado de dinero y tráfico de estupefacientes por personas en el Gobierno o allegados a él como el vicepresidente de la República, ministros y hasta sobrinos del presidente Maduro y su primera dama, Cilia Flores.
En el campo político, señala que el Gobierno no respeta a la democracia y ha destruido la separación e independencia de los poderes citando, como ejemplo, el hecho que el ejecutivo y el poder judicial —que Maduro controla— han emasculado al Congreso en donde la oposición tiene una súper mayoría.
La resolución concluye instando al presidente Maduro a liberar los presos políticos y respetar los derechos humanos; respaldando un diálogo como mecanismo para resolver la crisis nacional; apoyando a la OEA y a Luis Almagro, su secretario general, en sus esfuerzos por ayudarle a Venezuela a salir de dicha crisis socioeconómica y política dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana; y enfatizando la importancia de combatir la impunidad y la corrupción que ha llevado a la bancarrota a la nación.
La resolución también toca un tema medular y delicado. Pide que el gobierno venezolano asegure la neutralidad y profesionalismo de las fuerzas armadas y de seguridad venezolanas. Por otro lado, la resolución solicita a los otros países del hemisferio apoyar el proceso de democratización en el país.
En lo que es, sin duda, la conclusión más ominosa de la resolución para el Palacio de Miraflores, el Senado pide al presidente Trump que respalde plenamente a la OEA en resolver el impasse político en Venezuela y a darle instrucciones a las agencias del gobierno federal de tomar medidas contra aquellos oficiales del gobierno venezolano que “violan el derecho estadounidense y abusan los derechos humanos universalmente reconocidos” de los venezolanos.
En su conjunto, la resolución es una poderosa y detallada condena de lo que está pasando en Venezuela y una fuerte advertencia a los responsables del colapso del Estado en esa hermana República. Es una subida de la parada en Washington en contra de la Administración Maduro. La gran pregunta es ¿cuál será la respuesta de la Casa Blanca a este llamado a más acción?
En la época del presidente Obama, sabemos que la Casa Blanca no tenía el apetito por presionar a gobiernos como el venezolano. El señor Obama era un creyente en “el poder suave”, en tratar de persuadir por palabras y ejemplos y no con “el garrote”. Ese era el estilo Obama.
Juzgando por su retórica hasta la fecha, el presidente Trump podría abordar el tema de Venezuela de una manera más enérgica. Ya recibió, por ejemplo, en la Casa Blanca a Lilian Tintori —la esposa de Leopoldo López— antes de recibir a cualquier presidente latinoamericano. Y cuando se reunió unos días más tarde con Pedro Pablo Kuczynski, el presidente peruano, el señor Trump anunció que los dos mandatarios abordaron el tema de Venezuela.
“Por la víspera se saca el día”, reza el refrán. Y en vista de la iniciativa que ha tomado por unanimidad el Senado y por las inclinaciones del presidente Trump, todo hace indicar que se avecinan días más difíciles para Nicolás Maduro y su nomenclatura.
El autor fue canciller de la república.