LA PRENSA informó ayer el caso del magistrado de la Corte Suprema de Justicia que representó al partido político oficialista, el FSLN, en un congreso de la Internacional Socialista realizado hace unos días en Cartagena de Indias, Colombia.
En la información se mencionaron las disposiciones legales violadas por el magistrado partidista, en primer lugar la Ley Orgánica del poder judicial que en su artículo 144, inciso 6, prohíbe de manera expresa que los magistrados ejerzan actividades ajenas a la profesión judicial, salvo las académicas.
Además, el magistrado de marras también violó los artículos 42 y 43 de la Ley de Carrera Judicial, los cuales impiden a los magistrados participar en actividades políticas partidarias, según explicó a LA PRENSA el constitucionalista Gabriel Álvarez.
Pero no solo esas leyes que se refieren específicamente a la función judicial fueron violadas por el magistrado orteguista de la Corte Suprema, que al haber representado al FSLN en el congreso socialista internacional dejó claro de que es miembro activo de dicho partido. El magistrado político también ha violado la Constitución de Nicaragua, que en su artículo 166 establece que los magistrados y jueces son “independientes y solo deben obediencia a la Constitución y a la Ley”.
En los corrillos judiciales se dice que el magistrado que ha violado de manera flagrante la Constitución al participar en un congreso internacional de organizaciones políticas en representación del FSLN, ya está de salida, porque sus jefes de partido no le volverán a renovar su nombramiento. Pero aunque ya esté terminando el último período para el que formalmente fue nombrado por la Asamblea Nacional, dicho magistrado todavía está en funciones y debería ser sancionado por la grave violación a la Ley y la Constitución que ha cometido.
Está claro que en Nicaragua no existe verdadera justicia, la cual, para ser auténtica tiene que ser independiente. En principio y de acuerdo con la ley los jueces y magistrados que son los responsables de impartir justicia en nombre del pueblo, no solo tienen que ser competentes, preparados y experimentados, sino también honestos personalmente y ajenos a la militancia política y los intereses o complicidades de partido.
Si el objeto de la justicia es reconocer los derechos de las personas, es indispensable que tenga independencia y que los magistrados y jueces sean insobornables. De la independencia de la justicia y la honradez y neutralidad política de los magistrados y jueces, depende la seguridad jurídica, la sujeción de todas las personas al imperio de la ley, el control de los actos estatales, la protección de la libertad de las personas, la defensa de los derechos humanos y la calidad democrática de la ciudadanía.
Por el contrario, la falta de independencia de la justicia y el sometimiento de los magistrados y jueces a una lealtad partidista conduce inevitablemente a la corrupción y desmoralización del sistema judicial. Y un país donde la justicia se encuentra degradada de esa manera, no puede ser una república democrática.