El pasado 28 de febrero fuimos invitados a comparecer ante la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional para conocer la posición de Cosep ante la Iniciativa de Derogación de la Ley No. 325 y su reforma contenida en la Ley No. 449.
Esta ley nace en 1999 producto de dos diferendos políticos, por un lado, la decisión del Congreso de Honduras de aprobar el Tratado de Delimitación Marítima con la República de Colombia suscrito en 1986, y por el otro lado, la controversia con Colombia relacionada con la titularidad sobre ciertos territorios y delimitación marítima en el Caribe Occidental.
La entrada en vigencia de la ley estableció un impuesto del 35% en cualquier bien y servicio importado, manufacturado y ensamblado de procedencia u origen hondureño o colombiano. La idea era que el monto percibido sirviera para pagar los costos jurídicos de defender nuestros intereses en ambos litigios en las cortes internacionales.
En el caso de Honduras, la aplicación del impuesto fue suspendida en el año 2003.
En el caso con Colombia, no se suspendió su aplicación y lo que no previó la ley fue como iba a reaccionar el mercado. El resultado final no solo no generó los ingresos deseados ya que se redujo considerablemente el comercio con Colombia, sino que produjo daños de competitividad, de atracción de inversiones y de acceso al desarrollo de tecnologías e innovaciones.
Es por ello que desde la Presidencia de la Cámara de Comercio de Nicaragua iniciamos gestiones para buscar la derogación del impuesto patriótico o soberano con el gobierno del Presidente Bolaños.
Posteriormente en cada uno de los mandatos que han seguido bajo la Presidencia del Presidente Ortega hemos impulsado esta misma solicitud.
Llegamos inclusive a firmar un acuerdo entre la Secretaría de la Presidencia, la DGA, el Mific y el Cosep, en donde se dejaba sin efecto la aplicación del impuesto para las materias primas colombianas. A última hora, por razones políticas, este decreto no fue impulsado por el ejecutivo.
Es por ello que cuando conocimos el anuncio del Presidente de solicitar la suspensión del impuesto patriótico a Colombia, lo aplaudimos.
¿Cuáles son las principales razones de nuestra posición a favor de la derogación del impuesto?
En primer lugar, es un tema de competitividad. Por un lado, tendremos acceso a productos de calidad en el ámbito agrícola, tecnológico, de materiales de reposición, entre otros, a precios más accesibles que los que estamos consiguiendo hoy de otros mercados.
Por el otro lado, tendremos igualdad de condiciones con Centroamérica. Para ejemplificar, mientras las industrias de los otros países centroamericanos tenían acceso a materia prima colombiana más barata para la elaboración de sus productos, que luego podían exportar a los otros países de la región, nuestra industria nacional no tenía este acceso encareciendo sus costos y haciéndolos más caros que los productos centroamericanos.
En segundo lugar, es un tema de acceso a mercados. Ha sido un interés de Cosep que Nicaragua sea parte de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) que está integrada por 13 países incluyendo los principales mercados de América del Sur y que representa un mercado de 500 millones de habitantes.
La adhesión de Nicaragua al Aladi fue el 11 de agosto de 2011. Desde entonces inició un proceso de negociación con cada uno de los trece países. A la fecha ya se han concluido las negociaciones con once. Solo resta Colombia y Paraguay. La derogación del impuesto patriótico esperamos que permita culminar prontamente el proceso con Colombia, lo que a su vez debe empujar a la culminación del proceso negociador con Paraguay.
En tercer lugar, es un tema de atracción de inversiones. Ya existen inversiones colombianas en banca, minería y el sector azucarero. Tal como lo han expresado los grupos colombianos presentes en el país, esta decisión debe promover la llegada de nuevas inversiones al país.
En cuarto lugar, es un tema de acceso a tecnología. Por ejemplo, en el caso del sector cafetalero debemos buscar una mayor interacción con los productores colombianos en términos de investigación, desarrollo de tecnologías e innovaciones para mejorar nuestra caficultura.
En conclusión, como dice un refrán popular “más vale tarde que nunca”. Es por ello que esperamos finalmente la derogación de esta medida esta misma semana. De ser así, nos tocará ahora a las empresas revertir los efectos negativos acumulados de esa medida política para beneficio de nuestro comercio, la generación de empleo y nuestros consumidores.
