Iniciativa de ley en EE.UU. amenaza a call centers en Nicaragua

Presentan proyecto de ley para presionar a call centers fuera de Estados Unidos para que retornen a su país

09/03/2017

El empleo de los call centers en Nicaragua podría estar en riesgo luego que senadores, en su mayoría demócratas, introdujeran la semana pasada un proyecto de ley que pretende obligar a las empresas estadounidenses que ofrecen servicios de tercerización de atención al cliente a retornar a EE.UU., según informó en su sitio electrónico la organización Trabajadores de Comunicaciones de Américas (CWA, por sus siglas en inglés).

La introducción del proyecto que llegó al Senado el pasado 2 de marzo fue confirmada por la senadora demócrata Claire McCaskill en su sitio electrónico.

McCaskill señaló que dicha iniciativa denominada Ley del Trabajador del Centro de Llamadas y Protección del Consumidor, busca evitar que las empresas continúen trasladando sus operaciones de atención al cliente al exterior, en detrimento del empleo estadounidense.

Entre las presiones que se pretende imponer está que las empresas estadounidenses que contraten la tercerización de sus servicios de atención al cliente desde el exterior, no tengan acceso a subvenciones y préstamos federales provenientes de los contribuyentes estadounidenses.

Además busca obligar a las empresas de tercerización de este servicio que informe al momento de la llamada del cliente que está siendo atendido en un centro de llamadas fuera de Estados Unidos y que pregunte al cliente si desea se le traslade a uno que opere en ese país.

Los impulsores

La legislación fue presentada por el senador Bob Casey con los copatrocinadores Sherrod Brown y Claire McCaskill, y en la Cámara de Representantes fueron el republicano David McKinley y el demócrata Gene Green.

De hecho el pasado 7 de febrero a petición de la organización Trabajadores de Comunicaciones de Américas, un grupo de senadores envió a Donald Trump una carta “alentando a su administración a tomar medidas para ayudar a proteger y traer los puestos de trabajo de centro de llamadas a los Estados Unidos, señalando que la industria había perdido cientos de miles de puestos de trabajo en la última década debido a la ´deslocalización´”.

En contra de los fraudes

Otras de las excusas que exponen los senadores demócratas para que se presione a las empresas a retornar a Estados Unidos, es que la “deslocalización” de los puestos de trabajo de centro de llamadas ha ocasionado que los estadounidenses sean víctimas de fraudes.

En octubre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una acusación contra un grupo de perpetradores que operaban fuera de un centro de llamadas indio, cuyo “enorme y complejo esquema de fraude resultó en cientos de millones de dólares y más de 15,000 víctimas conocidas”, señala la carta al presidente Donald Trump.

“Debemos hacer todo lo posible para proteger los empleos y los consumidores estadounidenses y para garantizarles que tengan acceso a buenos empleos que proporcionen salarios y beneficios dignos”, dijo por su lado el representante Green.

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“Este proyecto de ley bipartidista ayudará a detener la marea de empleos estadounidenses que se están enviando al extranjero”, agregó Green, quien enfatizó: “Estamos comprometidos a trabajar con nuestros colegas demócratas y republicanos y la Administración Trump para promover esta legislación y proteger a los trabajadores estadounidenses y los consumidores”, expresó Green.

De concretarse

De llegarse a concretar la iniciativa de ley, el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Álvaro Rodríguez, explica que sería en definitivo negativo para la economía del país.

“Vamos a apoyar para que esto no se dé”, manifestó Rodríguez al ser consultado al finalizar la presentación de la Guía del Inversionista 2016-2017 a empresarios y Gobierno de Nicaragua.

Para Rodríguez, lo único que les quedará es cabildear y evitar que ese tipo de propuestas afecten.

Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, expresó que ha estado leyendo y escuchando noticias de la nación que representa, “pero en este momento no he escuchado nada sobre una política nueva para Nicaragua ni Centroamérica. Estamos esperando y todavía estamos enfocados en la embajada en la prosperidad, seguridad y democracia”, manifestó la diplomática.

Sin temor a “efecto Trump”

La amenaza de que una iniciativa de ley haga retornar a las empresas de externalización de servicios a Estados Unidos, es una entre varias que se han desatado por las medidas proteccionistas que ha impulsado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A inicios de año también arremetió contra la industria automotriz de la que Nicaragua es proveedora de arneses. En ese momento, el delegado presidencial para las inversiones, Álvaro Baltodano, dijo que “podemos ver que existe una preocupación por resguardar el empleo y la inversión en esos países, algo que es válido, pero la idea es hacerle frente y seguir impulsando la atracción”.

El peso en Nicaragua

Uno de los aportes de la externalización de servicios en Nicaragua es la generación de empleos ya que según datos preliminares de la Comisión Nacional de Zona Franca (CNZF) al cierre de 2016 se empleaban a unas 8,500 personas.

Pero también dejan en evidencia que entre 2007 y 2016 la cantidad de empresas pasó de 12 a 47, brindando una gama amplia de servicios principalmente a Estados Unidos, Canadá, países de Europa y América Latina.

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Los datos que dispone la CNZF muestran que desde el 2007 hasta 2016, la inversión en ese sector ha sido de más de 80 millones de dólares y solo en el año 2015 se registraron exportaciones por más de 100 millones de dólares.

Cabe destacar que estas empresas de externalización de servicios están registradas bajo el régimen de zona franca y por años los representantes del gobierno han pregonado que son las empresas que mejor pagan.

En 2014, la Agencia de Promoción de las Inversiones (ProNicaragua) registraba que salarios que oscilaban, en la industria de los Business Process Outsourcing (BPO), entre 250 y 1,850 dólares.
Y la industria de Externalización de Tecnologías de la Información, (ITO, siglas en inglés) entre 750 y 2,200 dólares.

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