Los muertos no dejan dormir a Antonio Romo. Ha pasado un cuarto de siglo desde que este mexicano de 48 años participó en la liberación de Kuwait detrás de la ametralladora de un helicóptero del ejército estadounidense, pero con frecuencia regresa por las noches a ese infierno.
“Una parte de mí se quedó allá”, dice. “Veía cuerpos destrozados hasta manejando, me sentía culpable”. Llegó sin papeles con su familia a Lynwood, California, cuando tenía 12 años. Recién cumplida su mayoría de edad y ya con sus documentos en regla, se alistó en los marines y participó en la primera Guerra del Golfo. De vuelta en Estados Unidos y después de darse de baja en 1992, llegaron los intentos de suicidio, el consumo de droga y alcohol para intentar acallar las pesadillas que le atormentan hasta la fecha.
Las adicciones le hicieron involucrarse en la venta de cocaína y acabó en prisión en 2001. Siete años después fue deportado. Ahora es uno de las docenas de veteranos del ejército estadounidense deportados a México después de cometer algún crimen y cumplir su condena, exmilitares que durante años han luchado para que les permitan regresar al país por el que estuvieron dispuestos a jugarse la vida. Ellos reconocen sus delitos.
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Sin embargo, sostienen que han sido castigados dos veces por un mismo crimen: primero con la cárcel y luego con la deportación. Ahora, como cada vez que se elige a un nuevo gobierno estadounidense, se revive la esperanza de que su situación cambie.
Situación conflictiva para Trump
Sus casos, sin embargo, representan una situación conflictiva para la Casa Blanca: el presidente Donald Trump se dice comprometido con los militares e incluso durante su campaña se mostró abierto a analizar la regularización de los indocumentados que sirvan en el ejército, pero al mismo tiempo apuesta por aumentar las deportaciones, sobre todo de aquellos con antecedentes penales. “Trump ha dicho que apoya a los veteranos pero… nosotros somos mexicanos”, comenta Romo titubeante. “No sé”. Un cambio en las leyes o una orden presidencial abriría la puerta al retorno de esos veteranos.
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No obstante, por ahora no hay indicios de algún ajuste de una política que ha trascendido distintas administraciones, dijo un funcionario de la Casa Blanca que pidió el anonimato por no estar autorizado para hablar del tema. Estados Unidos recluta a nacidos en el extranjero para sus guerras desde mediados del siglo XIX y el Pentágono reconoce que su compromiso suele superar al de los nacionales, según un reciente informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
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Durante la Segunda Guerra Mundial el Congreso permitió naturalizarse a los militares aunque no hubieran entrado legalmente al país. Y de acuerdo con datos del gobierno, más de 109,000 lograron la ciudadanía entre 2001 y 2015. Sin embargo, el proceso no es automático, como pensó Romo.
El mexicano regresó de Kuwait con varias condecoraciones, según consta en el certificado de baja del servicio activo de las fuerzas armadas que presentó y creyó que también con la ciudadanía. Solo se enteró que no era estadounidense cuando llegó su orden de deportación. En 1996, las leyes migratorias se endurecieron y los delitos susceptibles de deportación para residentes regularizados -aplicables a todos los extranjeros, veteranos o no- se ampliaron a una treintena, desde rellenar mal una devolución de impuestos hasta crímenes por drogas. Aun así, entre 1999 y 2008, más de 70,000 extranjeros se alistaron en el ejército, según el informe de la ACLU.
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