Más de un millón de nicaragüenses se encuentran directamente vinculados a la suerte del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS): más de 800,000 afiliados activos y más de 200,000 pensionados de todo tipo.
Si asumimos que al menos dos personas dependen de cada uno de ellos, al menos tres millones de nicaragüenses estarían vinculados, directa o indirectamente, a la suerte de esta institución previsional.
La solvencia del INSS debería estar asegurada, hacia adelante, al menos por el período de vida laboral promedio, y la vida posretiro promedio de los cotizantes jóvenes del INSS, esto es, por muchas décadas por delante.
Pero, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el INSS solo permanecería solvente hasta 2024, es decir, durante apenas ocho años. Pero estas proyecciones del FMI suponían que en 2016 el INSS obtendría un importante superávit, que se había presupuestado en más de mil millones de córdobas, pero ha finalizado el año con un déficit global de efectivo de 1,581.4 millones de córdobas: una brecha de más de 2,600 millones respecto a lo presupuestado.
Ello significa que el INSS será insolvente antes de 2024.
Se ha responsabilizado de la situación del INSS al mal manejo administrativo y de las inversiones.
Ciertamente estos representan factores agravantes, pero si uno corrige las finanzas del INSS por esos factores, encuentra que, aún así, debido a los factores estructurales subyacentes a la evolución de las finanzas del INSS, el mismo no dejaría de ser insolvente en alrededor de una década.
Las tendencias del INSS a la insolvencia tienen, en su raíz, los mismos problemas que minan la viabilidad futura del país: una estructura del empleo en que alrededor de un setenta por ciento es empleo de muy baja productividad e ingresos, porque no existen nuevas actividades dinámicas que estén generando porcentajes crecientes del empleo (empleos de mucha mayor productividad e ingresos), mientras se acelera el proceso de envejecimiento.
Las proyecciones sociodemográficas más actualizadas muestran que en solo dos décadas más, habrá finalizado el llamado bono o dividendo demográfico y el país habrá arribado, con una gran fuerza, a la fase plena de envejecimiento de su población.
Dentro de solo 35 años, el país exhibirá el mismo grado de envejecimiento que el país más envejecido del mundo, solo que dicho país, Japón, se encuentra también entre los más ricos.
El acelerado proceso de envejecimiento significa para el país, que cada vez habrá más adultos mayores en relación con el número, en descenso primero relativo, y luego absoluto, de personas en edad económicamente activa, y para el INSS, que aumentará rápidamente el número de pensionados en relación al número de cotizantes activos.
La única manera en que un número cada vez más reducido de personas activas pueda sostenerse a sí mismas de manera digna, y al mismo tiempo sostener, de manera directa e indirecta, a un número creciente de adultos mayores y atender sus gastos de salud, es si la productividad media del trabajo, y su remuneración real promedio, crece más rápido que el deterioro de la relación adultos mayores/personas activas.
A su vez, para que la productividad media y la remuneración media del trabajo puedan aumentar con la suficiente rapidez, un porcentaje creciente del empleo debe ser empleo de mayor productividad y remuneración.
Pero no se ha hecho, ni se está haciendo, el esfuerzo de la magnitud indispensable para cambiar la estructura de la producción, las exportaciones y el empleo en la dirección necesaria, ni el esfuerzo que sería requerido en términos de elevar de manera sistemática y apreciable el nivel de calificación de la fuerza de trabajo y formar la plataforma de recursos humanos de alto nivel que sería indispensable.
Lo mismo podría decirse en el campo de la infraestructura y en los demás campos también indispensables.
(*)Economista
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