Hace ya varios años en que por medio de estas columnas, manifestaba que el crecimiento fuera de control de los mal llamados accidentes de tránsito, era lo único previsible.
Nicaragua se posiciona como un magnífico laboratorio para observar extraños comportamientos colectivos, algunos de los cuales rayan en el desvarío, otros, en la locura más irreprochable.
Somos adictos a conductas que, autodestructivamente, nos minan como nación (despale indiscriminado y pesca con explosivos), mereciendo un estudio sociológico en el amateurismo de cómo abordamos estas situaciones, multiplicando el ruido y el tremendismo, sin tomar acciones radicales que puedan disminuir, efectivamente, el problema.
Como Sísifo, volvemos a llevar la roca rodando cuesta arriba, solamente para verla caer otra vez, predeciblemente, ante una terca realidad que no se deja domar por aquellos que en forma increíblemente ingenua, prescriben aspirinas para un problema que merece una cirugía mayor.
La problemática de los accidentes está originada en una fina ingeniería legal, muy bien calculada, de esas normativas en las cuales el legislador, sabiéndose un posible sujeto de ley, se proyectó como un eventual afectado, y consecuentemente se protegió, suavizándola y dejando su aplicación en su máxima laxitud, estableciendo antojadizamente una serie de circunstancias atenuantes, que al final, quien puede ser castigado, lo será solamente por su falta de recursos, dejando intactas las conductas criminales que producen estas tragedias.
La mediación, ese vicio promotor de la impunidad en cualquier delito, hace que la vida humana solamente pueda dimensionarse en pesos y centavos.
No obstante, como en un juego de espejos, se pretende sustituir las medidas radicales que hacen falta, con ruidos, poses y promesas, que como sucedáneos de la realidad, se quiere convencer colectivamente que cambiarán los imparables resultados atroces.
Algunas medidas serias —urgentes, si usted prefiere llamarles— que pudieran surtir algún efecto a mediano plazo, podrían ser las siguientes:
1. Reforma al Código Penal, dejando para la figura del homicidio imprudente, la pena del homicidio simple, prisión de 10 a 15 años, establecidos en el artículo 138 Pn. Obviamente, tendrían que cumplirse los criterios señalados en el artículo 141 Pn. configurativos del homicidio imprudente, para confirmar la sanción penal. Es imperativo que la figura de la mediación desaparezca como una etapa del proceso.
2. Las personas que puedan resultar con condenas por lesiones imprudentes, en el caso que su culpabilidad haya sido comprobada en juicio, serían sujetos de sanciones ampliadas: las leves entre 1-3 años; graves, entre 3-5 años; gravísimas, entre 5-7 años, igualmente eliminando la absurda mediación.
3. Para el caso de las sanciones personales para quienes conducen, debiera reformarse también el código penal, para establecer como colaborador necesario e indudable acusado, al propietario del vehículo, puesto que en este momento quien efectúa las instrucciones de cómo y de qué forma debe ser cumplido un recorrido comercial —por acción u omisión— se encuentra cómodamente sentado en una oficina, sin tener más responsabilidad que un burdo seguro obligatorio, que no le impone hacer cumplir medidas preventivas, ni compensar los costos implícitos y explícitos de una tragedia vial provocada por imprudencia temeraria y conductas afines de sus trabajadores, pero sobre todo, cuando esos comportamientos son estimulados y promocionados, necesariamente, en el nivel administrativo, al no brindar al personal capacitación, guía y adiestramiento idóneo en modelar las conductas viales responsables.
4. Descuento / conmutación de penas: Los privados de libertad podrían beneficiarse al ingresar como mano de obra gratuita al FOMAV, a las brigadas de limpieza de cauces, a los batallones ecológicos, y al ahora recién formado programa de inspección de potenciales iglesias exorcistas.
(*)El autor es director ejecutivo de Cambio Cultural Consultores.