En ningún país democrático hay incertidumbre entre los partidos de la oposición, para participar en las elecciones. De hecho, la única incertidumbre electoral en un país democrático —como por ejemplo Costa Rica y Honduras, para mencionar solo a los vecinos en el sur y el norte de Nicaragua—, es qué partido y cuales candidatos ganarán las elecciones, sobre todo cuando la competencia es reñida.
Pero en Nicaragua no hay elecciones libres y transparentes, sino farsas electorales. Precisamente porque el 6 de noviembre del año pasado no habría elecciones verdaderas, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se sintió obligado a intervenir desde antes de que se consumara la farsa electoral. No hizo nada por impedirla, pero se ofreció para servir de intermediario y tratar de que las siguientes elecciones en Nicaragua, que serán las municipales de noviembre de este año, tengan un mínimo de confianza en virtud de algunas pequeñas reformas y sobre todo por la observación electoral de la misma OEA.
De manera que el secretario general de la OEA por lo menos le pudo arrancar un pelo al lobo orteguista, como dijimos en un comentario sobre el Memorándum de Entendimiento que firmó con el Gobierno de Nicaragua.
Ortega se tuvo que tragar los insultos que había lanzado contra la OEA y sus observadores electorales y suscribió el Memorándum de Entendimiento con su secretario general. Pero no porque quiera adecentar su sistema electoral, sino porque pretende evitar que el Congreso de los Estados Unidos apruebe la “Nica Act”, o cualquier otra ley que lo vaya a sancionar por sus atropellos a la democracia.
Sin embargo, la intervención de la OEA ha abierto una pequeña brecha que las fuerzas democráticas del país podrían —o deberían— aprovechar en la larga y penosa lucha por la restauración de la democracia. O al menos para no quedar limitadas a hacer llamados a la movilización de una ciudadanía que por ahora no quiere movilizarse.
Pero no toda la oposición tiene la posibilidad de aprovechar la pequeña apertura lograda por la OEA. Esto solo lo puede hacer el nuevo partido liberal Ciudadanos por la Libertad (CxL), que está a punto de obtener su personalidad jurídica. Los otros sectores de la oposición: Frente Amplio por la Democracia (FAD), Movimiento Unidad con Dignidad y otros grupos dispersos, no pueden participar en las elecciones, aunque quieran, porque no tienen la personería jurídica que es indispensable para eso.
En esta situación, el grupo opositor que tenga personalidad jurídica y pueda competir en los comicios, debería invitar a los excluidos a formar una amplia alianza electoral, democrática y pluralista, que les permita a todos enfrentar al orteguismo en mejores condiciones.
Eso se podría lograr si los líderes opositores se despojan de resentimientos, prejuicios, desconfianzas y celos de liderazgo político. La unidad opositora o la alianza de los diversos sectores democráticos debería estar por encima de todo eso, porque es indispensable para poder enfrentar con mejor posibilidad de éxito a la dictadura.
De otra manera el régimen orteguista seguirá consolidándose y los opositores terminarán uniéndose en la cárcel, como dijo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en una ocasión, cuando se luchaba contra el somocismo.