La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido otra vez la denuncia de las restricciones a la libertad de prensa en Nicaragua y otras violaciones a los derechos humanos que comete habitualmente el régimen de Daniel Ortega.
El pasado sábado 18 de marzo, en una de las audiencias del 161 período de sesiones de la CIDH que se está realizando en Washington DC, Estados Unidos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), y el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) presentaron un informe sobre la situación de la libertad de prensa y los derechos humanos en Nicaragua.
La CIDH es un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y por lo tanto el Gobierno de Nicaragua tiene derecho y deber de participar en sus deliberaciones, sobre todo si es acusado de violar los derechos humanos. En este caso está obligado a comparecer para dar explicaciones, explicar si se trata de abusos aislados de funcionarios, que deberán ser sancionados, o si es que hay una política de Estado de irrespeto sistemático a los derechos humanos como es característico de los regímenes autoritarios.
Sin embargo en la audiencia del sábado 18 de marzo no participó ningún representante del régimen de Daniel Ortega. La señora Esmeralda Arosemena, segunda vicepresidenta de la CIDH lamentó la ausencia de la representación gubernamental de Nicaragua. Mientras que el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión, Edison Lanza, señaló que “Cuesta entender que un gobierno que gana con un 72 por ciento las elecciones, se niega a discutir de libertad de expresión”.
Sin duda que este comentario del defensor interamericano de la libertad de prensa humanos ha sido una ironía política. La verdad es que Daniel Ortega no gana las elecciones con 72 por ciento y esto lo sabe muy bien la comunidad internacional, sobre todo la hemisférica. Ortega se mantiene en el poder como resultado del atropello a la Constitución Política nacional y gracias al fraude electoral, la intimidación estatal, el soborno social y el engaño político interno y exterior. Pero además, con su ausencia en estas sesiones de la CIDH el régimen orteguista reconoce de hecho su culpabilidad por las violaciones a la libertad de prensa y los atropellos a los demás derechos humanos de los nicaragüenses.
En su presentación ante la sesión de la CIDH del sábado 18 pasado, los organismos nicaragüenses defensores de la libertad de expresión y de información, y de los derechos humanos en general, reconocieron que en Nicaragua no se está asesinando a los periodistas, como ocurre en otros países de la región, pero se ha impuesto un sistema de intimidación y autocensura de prensa que se basa en los siguientes cinco factores:
Uno, agresiones físicas, bloqueo oficial, acoso y espionaje; dos, concentración en la propiedad y el control de los medios de televisión y radio; tres, uso de la publicidad estatal para premiar y castigar a los medios de comunicación; cuatro, violación sistemática a la Ley de Acceso a la Información Pública; cinco, restricción a la libertad de opinión por medio de la represión e intimidación contra los ciudadanos.
Ciertamente, en Nicaragua no hay libertad de expresión y de información irrestricta, del mismo modo que no existe Estado de derecho, separación de poderes, elecciones transparentes y demás atributos esenciales de la democracia.