Algunos habitantes de comunidades de Punta Gorda han solicitado la presencia de representantes de organizaciones de derechos humanos, ante el temor a represalias por parte de las autoridades, tras un incidente armado el pasado 9 de marzo en la comunidad de Pijibay.
Lo anterior lo relató la abogada, Mónica López Baltodano, quien expresó preocupación por la situación que pueda estar sucediendo en Punta Gorda, Caribe Sur después de algunos enfrentamientos violentos y armados que han ocurrido y que aclaró no puede precisar la naturaleza de los mismos.
“Realmente hay una sensación de enorme inseguridad, hay zonas totalmente incomunicadas, no hay señal de (teléfono) celular y la información viaja de boca en boca, y la sensación que hay es de mucha angustia mucha preocupación”, sostuvo López.
Es de destacar que el pasado 9 de marzo, un capitán del Ejército de Nicaragua murió supuestamente en un operativo de persecución al narcotráfico, según la versión oficial. Sin embargo, en su momento la emisora local en Bluefields, La Costeñísima informó que se trataba de un enfrentamiento con un presunto grupo armado.
Y es el que mismo 9 de marzo el denominado grupo Unidad de Resistencia Nacional remitió a medios locales en el Caribe Sur, comunicación escrita en la que se atribuye el combate donde cayó el militar y donde presuntamente alegan que las bajas a la institución castrense fueron mayores.
En la misma comunicación el grupo niega que se traten de narcotraficantes sino que son grupos de rearmados.
La preocupación externada por los campesinos a López está relacionada con las represalias que puedan sufrir en las comunidades en la ruta del proyecto del canal.
Y a propósito de la lucha que ha mantenido el Consejo por la Defensa de la Tierra, López dijo, que ese movimiento ya ha programado para el 22 de abril, Día de la tierra, la sexta marcha nacional y la 87 local en contra del proyecto del Canal la cual llevarán a cabo en Juigalpa.
“El movimiento campesino ha hecho un llamado a mecanismos de presión cívica pacífica y está demostrado con las 86 marchas y el trabajo legal, no quiere decir que no haya una situación de desesperación y de impunidad enorme”, sostuvo López.
Esto porque, mencionó la abogada, pese a las movilizaciones, que han recurrido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), envío de cartas al presidente designado del Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, siguen sin recibir respuestas.
También en la reserva
Mónica López Baltodano externó su preocupación de que la situación en el Caribe Norte con la violencia que han experimentado desde hace meses los indígenas miskitos no empiece a reproducirse en comunidades del Caribe sur. Dijo que a esta situación se violencia se agregan otros hechos como la invasión a la Reserva Indio Maíz, la extracción de la madera que fue tumbada por el huracán en esa reserva por personas que no son de esa zona que genera mucha zozobra en la comunidad.
22
de abril es la fecha programada por el Movimiento campesino en contra del proyecto del Canal para realizar la sexta marcha nacional y la 87 a nivel local que esta vez la efectuarán en Juigalpa.