Para quienes dirigen la Contraloría General de la República (CGR), prácticamente no hay corrupción en las diferentes instituciones del Estado nicaragüense. Al menos eso es lo que se desprende del informe de gestión 2016 de la CGR, donde solo se reporta que a 44 funcionarios se les encontró con algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o de presunción penal.
Según ese informe, en la CGR se determinó que el perjuicio económico al Estado ascendió a 3,047,583.17 córdobas por parte de los 44 funcionarios.
Al comparar esos datos del 2016 con los que reportó la CGR en 2015, se evidencia que los encargados de fiscalizar a las instituciones estatales de un año a otro dejaron de encontrar malos manejos con el erario.
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La Contraloría reportó que en 2015 “se encontró perjuicio económico al Estado por un monto que superó los 117 millones de córdobas y más de 3 mil dólares”. Entonces se determinó 586 responsabilidades administrativas, civiles y de presunción penal a funcionarios de las instituciones gubernamentales y alcaldías.
Contralor Montenegro no responde
Los datos sobre el perjuicio patrimonial al Estado nicaragüense se obtuvieron descargando el informe de la página web de la CGR, ya que el presidente del Consejo Superior de la CGR, el contralor Luis Ángel Montenegro, no los brindó cuando compareció ante la Asamblea Nacional este miércoles.
Montenegro no respondió las preguntas de los diputados designados al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) sobre por qué no daba el monto del perjuicio patrimonial al erario y por qué no detallaba las instituciones afectadas, y si fueron funcionarios con alto cargo como ministros o personal administrativo los señalados de cometer el daño económico.
Tampoco respondió Montenegro si los contralores sancionaron o pidieron a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la República emprender acciones judiciales en contra de esos funcionarios que causaron daño patrimonial al Estado.
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Miguel Rosales, jefe de la bancada del PLC, cuestionó al contralor Montenegro sobre cuántas resoluciones había emitido la Contraloría “por malos manejos del patrimonio en las alcaldías del país”, que estuviesen relacionadas con las destituciones de los más de 30 alcaldes que se han dado en el gobierno orteguista.
“En qué caso específico se ha pronunciado la Contraloría de la República para que se defenestre a un titular edilicio, porque en los municipios se les dice a la población que tales alcaldes fueron separados de sus cargos presumiendo de una resolución de la Contraloría”, planteó Rosales, pero no obtuvo respuesta de Montenegro.
Martha McCoy, diputada del PLC, pidió aclarar sobre los controles de probidad en el proyecto del Gran Canal, así como el caso del Acuerdo Petrolero con Venezuela.
Montenegro se limitó a decir que han auditado a Petronic y Albanisa, pero no reveló los hallazgos.
Pidió más dinero
En lo que se centró el contralor fue en solicitar a los legisladores que incrementen el presupuesto de la Contraloría porque, aseguró, que los cerca de ocho millones de dólares anuales que reciben “es insuficiente para cumplir a cabalidad el trabajo del ente fiscalizador del Estado”.
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Durante el plenario, el diputado designado al Partido Conservador, Alfredo César, propuso que se destine a la Contraloría un porcentaje de los recursos que el Estado recupere, en los casos de daño patrimonial que son llevados ante los tribunales, en concepto de “estímulo” a la institución fiscalizadora.
Lo propuesto por César fue del agrado del contralor Montenegro y del jefe de la bancada sandinista, el diputado designado Edwin Castro; este último dijo que estudiarían con seriedad ese mecanismo para darle más presupuesto a la Contraloría.
Lo que molestó a Castro fueron las críticas al trabajo de la CGR, y los señalamientos de McCoy de que no fue transparente la aprobación de la concesión del Canal y del Acuerdo Petrolero. Castro le dijo a McCoy que con esa afirmación “se está lacerando”, porque ambas fueron decisiones “soberanas” de la Asamblea que actúa “como un cuerpo colegiado”.
Pide Ley de Contrataciones “más fácil”
El presidente de la CGR, Luis Ángel Montenegro, solicitó a los legisladores revisar la Ley de Contrataciones Públicas, pues la calificó de “engorrosa”, esto pese a que se ha denunciado un abuso en las instituciones del uso de la figura de contratación simplificada o de evadir las licitaciones para adjudicar directamente contratos públicos millonarios.
Pero según Montenegro, “esa ley no se adapta a las realidades”, y como ejemplo mencionó que no se ha comprado un escritorio nuevo a la vicepresidenta de la CGR, María José Mejía, porque la ley manda a licitar esa compra. “Evidentemente la realidad obliga a los funcionarios a tomar decisiones que son violatorias de la ley y creo que no es el camino correcto, más bien es buscar una ley más apropiada y más fácil de manejar”, dijo Montenegro.
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