Uno de los temas que ha dominado el ámbito político en Nicaragua es el del diálogo entre el Gobierno y la OEA, sobre el cual se han producido diferentes opiniones.
Dos de ellas resaltan por su contenido simple y radical: la que aprueba las conversaciones, y la que las rechaza. La primera considera que es un paso importante que abre muchas posibilidades en el camino que conduce a la práctica de elecciones libres y transparentes; la segunda estima que se trata de una cuestión aparente, de un maquillaje que cubre el rostro de la realidad y oculta la verdadera intención del gobierno de afianzar el poder y eludir las consecuencias que podrían derivarse de la aprobación de la Ley Nica Act, en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos.
En medio de ambas posiciones, no obstante, podría considerarse que sin respaldar ni rechazar en forma absoluta el diálogo entre el Gobierno y la OEA, cabe tener en cuenta que el mismo abre el camino a una situación nueva, sin excluir la posibilidad de que el Gobierno podría tratar de aprovecharlo para su propio beneficio, al adoptar medidas cosméticas que no constituirían ningún cambio significativo en lo que concierne a la democracia, al Estado de Derecho y a la legalidad y legitimidad de los procesos electorales.
Sin embargo, y a pesar de lo anterior, consideramos que tal situación podría significar una apertura, sobre todo si se tiene en consideración la posición del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, que no va a deteriorar su prestigio en ese organismo, simplemente por complacer al Gobierno de Nicaragua.
Llama también la atención, la diferencia entre la claridad y energía de las declaraciones de Almagro en el caso de Venezuela, y la posición adoptada en el caso de Nicaragua, El doble rasero de Almagro, como acertadamente le ha llamado LA PRENSA en uno de sus editoriales, es posible, en efecto, que obedezca a la grave crisis económica de Venezuela, a la existencia en ese país de un movimiento de oposición altamente significativo y a una importante participación de la ciudadanía, que no es la situación de Nicaragua.
Sin perjuicio de la anterior consideración, me parece que ni complicidad ni ingenuidad, serían los elementos que conformarían la actitud del secretario general de la OEA, por lo que su participación en este proceso, induce a suponer la existencia de una situación que podría significar una apertura en el proceso político nicaragüense.
Quizás sea oportuno expresar nuestra coincidencia con otras opiniones, en el sentido que ninguna gestión internacional resolverá el problema en nuestro país sin la acción y presión de los sectores políticos, económicos y sociales, o sin una concertación que, evidentemente, trasciende el diálogo que se ha iniciado con la OEA. No hay posibilidad de una transformación significativa, sin la participación de la ciudadanía nicaragüense.
El principal problema de Nicaragua como sociedad política consiste, tanto en la fragmentación e incomunicación de los grupos y sectores que la integran, como en las conductas particulares de cada uno de ellos. Sin desconocer el esfuerzo de algunos de esos grupos políticos, hay que señalar, sin embargo que cada quien actúa como si su acción, puntual y específica fuese la única aceptable.
Esa vida en compartimentos estancos, denota no solo la ausencia de capilaridad y vasos comunicantes, sino, sobre todo, la inexistencia de una idea común de Estado-nación y de sociedad, que trascienda los intereses subjetivos, individuales o de grupos, en un interés nacional de carácter general.
La existencia de valores comunes que concilian con el todo los intereses particulares, es lo que forma el ethos, de donde proviene la palabra ética. En ese sentido, la inexistencia de la nación por la fragmentación y la ausencia de puntos comunes de referencia, es en el fondo la causa principal del problema.
En Nicaragua, cada sector ha tratado de presentar sus puntos de vista, particulares o de grupo, como algo de carácter nacional, en vez de tratar que esos intereses específicos puedan encontrar su lugar y realización en los propósitos de la comunidad nacional.
Dicho en otra forma, históricamente los intereses del poder o del partido se manifiestan como si fueran valores de la nación. Esto ocurre cuando se habla, por ejemplo, a nombre del pueblo, la historia, el país, siendo que, realmente, de lo que se trata es de los propios intereses personales o de un sector, expresados en enunciados de carácter general o nacional.
Es evidente que una nación está formada por diferentes grupos, y cada uno de ellos tiene objetivos específicos, lo cual es normal, siempre y cuando estos no sean contrapuestos y excluyentes de manera irreductible y puedan conciliarse en un interés nacional superior.
Es de esperar que quien tenga satisfechas sus necesidades básicas, priorizará valores como el orden, la libertad, la estabilidad, mientras que quien carezca de empleo, vivienda y alimentación, le dará más importancia a aquellas medidas que le permitan acceder a las condiciones mínimas que hagan la vida compatible con la dignidad humana.
La sociedad y la nación misma, sin llegar a proponer una idea beatífica de armonía irreal y por lo mismo irrealizable, es, en cambio, la posibilidad concreta de articular políticas que busquen una satisfacción equilibrada de los intereses de grupo o de clases, referidos a objetivos comunes y paradigmas que hagan posible la conciliación de intereses opuestos y la satisfacción de expectativas y necesidades de todos.
¿Es posible construir la nación donde existen intereses diferentes y contradictorios de grupos y de clases? Sin duda. No hacerlo es condenar al país a la explotación o a la confrontación, o a ambas a la vez o sucesivamente. Es posible siempre que las políticas gubernamentales y las de los diferentes sectores políticos, económicos y sociales, orienten sus acciones a buscar los términos de la conciliación de las diferencias específicas en el interés general de la sociedad y el país.
Es posible como resultado de un nuevo contrato social del cual formen parte, necesariamente, el gobierno, los sectores políticos y la ciudadanía. Es viable y deseable que de ese acuerdo estratégico surja un concepto y práctica de la democracia fundado en una participación racional de la ciudadanía y en una redefinición de la naturaleza y el papel del Estado que lo conduzca, a su adecuación más apropiada a las exigencias de la sociedad nacional.
El diálogo que se lleva a cabo con la OEA puede ser beneficioso, pero evidentemente es insuficiente, si junto a él no se produce una verdadera concertación entre los diferentes sectores políticos, económicos y sociales que oriente su actividad, tanto a la solución de los problemas específicos, como a la propuesta de una sociedad democrática basada en el Estado de Derecho y en una amplia participación de la ciudadanía.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.