Banco de tierras en Nicaragua: el chance perdido

Pese que existe una ley que manda a crear un Banco Nacional de Tierras, los entes encargados de ejecutarlo reflejan que no hay esfuerzos para su desarrollo

04/04/2017

Aunque la legislación nacional abre una puerta a personas con bajos ingresos o del sector informal para que adquieran una vivienda, esos beneficios no se están aprovechando.

El capítulo III de la Ley 677, Ley Especial para el Fomento de la Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social, en su artículo 19 mandó a crear el Banco Nacional de Tierras Urbanizables para abaratar la construcción de viviendas sociales, que se compondría por propiedades públicas (del gobierno central o gobiernos municipales).

Y de hacerse efectivo este mandato, el déficit habitacional se reduciría hasta en un veinte por ciento, consideran organismos que trabajan por el derecho a la vivienda.

Y pese a que este beneficio está vigente desde 2009, su ejecución ha sido casi nula y aparentemente no hay interés para desarrollarse en el corto plazo.

Para Mario Ordóñez, coordinador del Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN), quien impulsa el programa de Cooperativas de Viviendas, la ejecución de esta ley evitaría las especulaciones que elevan el precio de la tierra y las vivienda en el país.

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“La ley plantea la responsabilidad de la tierra. Pero es una tarea del Estado nicaragüense en conjunto con el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) y una responsabilidad de los gobiernos locales pero no se ha actuado en esa política”, señaló.

Para que realmente esta parte de la ley se aplique, los municipios deberían hacer un estudio de cuánto terreno tienen disponible para que se ejecuten proyectos habitacionales.

“Los gobiernos regionales y/o municipales destinarán los recursos necesarios para aportar a la constitución del Banco de Tierras, así como habilitar los terrenos urbanizables para consignarlos a proyectos de viviendas para sectores de ingresos bajos a moderados”, indica la Ley.

Ordóñez explica que en este tipo de proyectos no se incluyen los que se desarrollan por el gobierno y son entregados a personas afectadas por fenómenos naturales o que estaban en zonas de riesgo.

¿Quiénes deben beneficiarse?

La Ley establece que la inversión realizada será reembolsable en el tiempo estipulado en la ley, es decir que los beneficiados pagarán por la construcción de la vivienda, el monto y el plazo lo determinarán las condiciones en las que se desarrolle el proyecto.

“La ley te manda a pagar las casas para crear un fondo revolvente y que otras familias sean beneficiadas”, explicó Welbin Romero, asesor económico del MCN. Ordóñez y Romero coinciden en que las personas que se desarrollan en el sector informal —que muchas veces no pueden demostrar sus ingresos ante las entidades bancarias, pero que sí tienen la capacidad de pagar una vivienda de interés social— serían los principales beneficiados.

Durante el V Congreso Cooperativo y Comunitario Por La Vivienda Popular se consideraron varios puntos para que esta Ley logre beneficiar a los pobladores:

“Se requiere desarrollar esquemas de crédito y productos financieros, que sean acordes al problema que se busca resolver, que consideren la situación de los segmentos sociales que se desea beneficiar, que incorporen las estrategias de vida (mecanismos de obtención de ingresos) de estos, el crédito debe incluir suelo, materiales de construcción, asistencia técnica y mano de obra calificada, y que el crédito esté respaldado por el fondo de hipoteca asegurado establecido en el artículo 13 de la Ley de Vivienda”, señala el documento en el que se puntualizaron esas recomendaciones.

El MCN estima que una vivienda de interés social no debe de superar los diez mil dólares y está dirigido para personas que logren juntar entre dos y tres salarios mínimos.

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casas, Nicaragua

LAPRENSA/ARCHIVO

Funcionarios no saben

La codirectora del Invur, Vanesa Gómez, fue consultada durante la inauguración de la primera feria Expocasa de 2017, en febrero pasado, sobre este tema, sin embargo dijo que “en este momento no sabría darle información o no puedo dar información al respecto”, lo que sorprende debido a que la cartera que representa es la institución que debe regular y administrar este tipo de proyectos.

Héctor Lacayo, presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur), asegura que hasta el momento no han ejecutado ningún proyecto con ese enfoque. Esto pese a que la ley los obliga a desarrollar un plan de trabajo enfocados en esa vía.

“Estamos en diferentes diálogos, la ley manda a destinar esos bancos de tierras”, afirmó Lacayo. Lo que no dejó claro es con quién o quiénes sostienen esos diálogos y en cuánto tiempo se ejecutará un proyecto en alguna propiedad del Banco Nacional de Tierras.

Iniciativa frágil

Los representantes del MCN aseguran que a través de ese organismo han logrado ejecutar proyectos bajo esa modalidad.

Afirma que en los municipios de La Trinidad (Estelí), Juigalpa (Chontales) y en el municipio de León, las alcaldías han destinado tierras para que se construyan viviendas bajo esta modalidad.

“El hecho de que digan vamos a beneficiar a doscientas o trescientas familias con treinta manzanas de tierra eso para nosotros no es el Banco de Tierras. El Banco de Tierras es que digan este municipio tiene tantas manzanas de tierra para beneficiar a tantos pobladores”, añade Ordóñez.

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Las viviendas que ha construido el MCN tienen las medidas mínimas de diez por treinta metros, pero los beneficiados tienen el compromiso de asumir la mano de obra, la que es supervisada por un equipo de ingenieros para dar garantía a la calidad y seguridad en la construcción.

Los representantes del MCN advierten que las zonas destinadas para la construcción de viviendas de este tipo tienen que ser urbanizables, es decir que tengan acceso a los servicios básicos, escuelas, carreteras, centros de salud, entre otros.

Esos esfuerzos se desarrollan bajo el modelo de cooperativas y señalan que en Managua existen áreas donde se pueden crear urbanizaciones de este tipo.

proyectos, viviendas, Nicaragua

LAPRENSA/ARCHIVO

En cifras

950,000 viviendas se estima que componen el déficit habitacional en Nicaragua, según cifras oficiales del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), entre nuevas y reparaciones.

69,500 viviendas pretende construir solo el Gobierno durante el periodo 2017-2021.

119,500 viviendas es la meta a construir entre el Gobierno y sector privado en los próximos cinco años, según el documentos de Retos, Desafíos y Oportunidades del sector vivienda en el Plan de Inversión 2017-2021

Esquemas de crédito

En el plan de Viviendas Nuevas y Mejoradas 2016 del Invur, señala que las tasas de interés no deben ser superiores al seis por ciento anual para familias con uno a dos salarios mínimos y al ocho por ciento anual para familias con ingresos de tres a cuatro salarios mínimos, y en ambos casos a un plazo de veinte años.

En los esquemas de créditos se deberían de tomar en cuenta instituciones sin fines de lucro con experiencia en otorgamiento de crédito para subempleados y trabajadores del sector informal, cita el documento del V Congreso Cooperativo y Comunitario Por La Vivienda Popular.

La cuota mensual de una vivienda de interés social no debe superar los sesenta dólares, dice Mario Ordóñez, coordinador del Movimiento Comunal Nicaragüense.

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