Tras el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que retrata las violaciones a la libertad de expresión en Nicaragua, los expertos en Comunicación Social, Guillermo Rothschuh y Alfonso Malespín, coincidieron en que el Gobierno de Daniel Ortega ha tenido una política de condicionar y socavar la libertad de expresión.
“La libertad de expresión en Nicaragua está fuertemente condicionada y asediada por el poder público, es una situación que se da desde que el Comandante Ortega llegó al poder en el 2007”, dijo Rothschuh.
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El lunes pasado la SIP cuestionó los abusos de Ortega en el tema de la libertad de prensa, le solicitó que garantice una información veraz y sin condiciones y anunció que pedirá que se pronuncie el relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La organización periodística señaló el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, la falta de conferencia de prensa en los últimos diez años, el manejo de la publicidad estatal como premio y castigo, además de la concentración de medios a manos de un duopolio, del que forma parte la familia presidencial.
Estrategia iniciada en 2007
Malespín sostiene que cada uno de estos señalamientos explican una estrategia. “En sus manos (del relator especial para la libertad de expresión de la OEA) se encuentran reportes que describen una estrategia iniciada en enero de 2007, que emplea los instrumentos del Estado para sancionar voces y medios críticos”, afirmó Malespín.
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Los cuestionamientos de estos expertos y el pronunciamiento de la SIP ocurren días después del cierre del espacio radial Onda Local, un prestigioso programa que sostiene que la decisión arbitraria obedece a una voluntad política del Ejecutivo.
La Asociación de Profesionales de la Radio Difusión Nicaragüense (Apranic), propietario de Radio La Primerísima, comunicó el cierre a la directora de Onda Local, Patricia Orozco, sin brindar ninguna explicación. Rothschuh recordó también la política de Ortega en relación con los medios y también la firma que realizó Ortega del acuerdo Chapultepec, en aras de respetar la libertad de prensa, lo que ocurrió en 2001.
“El problema de Nicaragua sigue siendo que se firman instrumentos jurídicos y al final sus firmantes terminan haciéndolos a un lado una vez que se instalan en el poder”, dijo.
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