Mientras en Nicaragua no se reduzca el Factor de Expansión de Pérdidas (FEP) o sea las pérdidas reconocidas por el Estado a través de la tarifa, que actualmente equivalen al 15 por ciento, la tarifa de energía en el país seguirá siendo una de las más altas de Centroamérica. Pues solo si se lograra reducir un punto porcentual del FEP, se ahorraría setecientos millones de dólares, afirma Patricia Rodríguez, consultora de energía.
El Factor de Expansión de Pérdidas (FEP) es un indicador que dice que el Estado, a través de la tarifa, va reconocerle un porcentaje de pérdidas técnicas y comerciales, considerando que el país es propenso a que haya altas pérdidas por factores sociales, pues hay migración del barrio a la ciudad y mucha informalidad.
Lea además: “El negocio de la energía es la nueva piñata de los sandinistas”
En junio de 2013, la Asamblea Nacional modificó parcialmente la ley 554, por la cual echó a andar nuevamente el contador de pérdidas. El FEP, que era reconocido hasta en un 13 por ciento por el Estado, pasó a 16 por ciento por un año (2014), luego a 15 por ciento por los tres años siguientes (que culminan en 2017), y finalmente, a 14 por ciento en adelante.
Rodríguez estima que con solo ahorrar un punto del FEP se lograría pagar este año el préstamo que otorgó el BCIE de 163 millones de dólares al Estado para reducir las pérdidas de energía en la distribución.
“O sea que el préstamo del BCIE lo pagamos en menos de un año y nos queda un restante para pagarle a Caruna y nos queda para bajarle a la tarifa, eso si solo le bajamos un punto, pero eso es lo que nos tienen que explicar”, expresó.
Lea además: Disnorte Dissur incumple con legalización en el mercado Oriental
Cabe destacar que del total de pérdidas (25 por ciento), un 15 por ciento la asume el usuario a través de lo que se nombra FEP y el otro diez por ciento lo asume la distribuidora. Es decir que solo si el FEP baja más del 15 por ciento el usuario lograría ver una reducción en la tarifa, de lo contrario no habrá ningún beneficio al consumidor, explica el ingeniero Fernando Bárcenas Molina, experto en temas energéticos.
Lea más en: Disnorte Dissur se niega apoyar a comerciantes
“Si la reducción de pérdidas de la energía no baja del FEP, es decir, si no bajan las pérdidas a un valor inferior al 15 por ciento actual, esa reducción no impacta para nada en tarifa. Lo que interesa es que el FEP baje, sea porque la ley lo hace bajar, o porque el distribuidor logra reducir las pérdidas hasta un porcentaje inferior al 15 por ciento actual. Todas las pérdidas que existen por arriba del FEP, afecta exclusivamente las finanzas de la distribuidora, no a los clientes, porque esas oscilaciones están fuera del porcentaje reconocido en la tarifa”, indica Bárcenas.
Cien millones en pérdidas
El expresidente del INE, David Castillo, en la presentación de su último informe dijo que de los cuatro millones de megavatios que se generaron el año pasado, solo tres millones se facturaron, es decir que un millón se perdió.
Lea además: Tarifa de energía eléctrica no bajará este año
“Es increíble el porcentaje de pérdidas que tiene el sistema eléctrico nicaragüense y es uno de los retos que tenemos que enfrentar toda la sociedad para hallarle una solución, que a veces son soluciones drásticas, pero hay que tomarlas. Generamos cuatro millones de megavatios y apenas se facturaron tres millones, hay un millón de megavatios perdidos”, dijo Castillo.
Castillo comentó que las pérdidas técnicamente aceptables, según las normas internacionales, andan entre el siete u ocho por ciento en la distribución, más uno o dos por ciento en transmisión, “es decir, que podemos llegar a un diez por ciento, pero aquí estamos a niveles de un 25 por ciento”.
“El año pasado el precio máximo lo tuvimos en noviembre, que fue de 117 dólares y el más barato fue de 111 dólares en mayo. Si estos son los precios promedios, entonces estamos hablando de más de cien millones de dólares en pérdidas al no poderse facturar un millón de megavatios”, sostuvo Castillo.
Enatrel lleva el sombrero de la distribuidora
Otro punto cuestionable es que cuando se otorgó el préstamo del BCIE, Salvador Mansell, ministro de Energía y Minas y presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), fue quien lo anunció y no la distribuidora.
“No entiendo por qué un préstamo para reducir pérdidas eléctricas en la distribución lo reciba Enatrel y lo ejecute Enatrel. Cuando por ley se crea el mercado eléctrico desregulado, un agente de mercado no puede intervenir en la operación de otro agente. Entonces, Enatrel, como empresa de transmisión, no tiene absolutamente nada que ver en el ámbito de la distribución. Máxime, cuando la transmisión es estatal, y la distribución es privada. A la distribución, la ley le otorga una potestad de exclusividad, para que nadie intervenga en los asuntos de su concesión”, cuestiona Bárcenas.
Distribuidora invierte en Tumarín, pero presta para reducir pérdidas
El 22 de julio del año pasado la empresa brasileña Eletrobras, mediante un comunicado, anunció que las acciones que tenía en Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN), ejecutora del proyecto hidroeléctrico Tumarín, pasaba a manos de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) y de la empresa distribuidora de energía (Disnorte), sin precisar de cuánto había sido la transacción económica.
Lea más en: Prevén que tarifa de energía no bajará en el 2017
Lo que para el ingeniero Bárcenas resulta absurdo es que la distribuidora invierta en la compra de acciones de Tumarín a los brasileños, para que estos recuperen lo que habían invertido en el proyecto.
“Si un distribuidor invierte en un proyecto que está lejos de estar ejecutado, y lejos de producir dinero, es que tiene capital de trabajo de sobra, y que lo invierte de mala manera. El hecho que el distribuidor invierta dinero ahí, y luego necesite que el Estado asuma el aporte de recursos por medio del BCIE, es inconcebible”, afirmó Bárcenas.
Rodríguez ve ilógico lo que sucedió y pone en duda que realmente se haya dado una transacción económica.
“También hubo un cambio en la ley que le permite generar más energía renovable, eso le permitió invertir en Tumarín y no lo han hecho, pero no se sabe si pagaron, ahí realmente no sé y si invierten en eso, no entiendo por qué no lo hicieron en la distribución, porque generación tienen suficiente, no es algo urgente”, agregó.
LA PRENSA intentó comunicarse con Jorge Katín de Relaciones Informativas y Comunicación Interna de la empresa distribuidora de energía Disnorte- Dissur, pero no contestó las llamadas.
¿Qué pasó con la ley antifraude?
La ley 661, Ley para la Distribución y el Uso responsable del servicio público de energía eléctrica fue aprobada el 12 de junio del 2008 y publicada en La Gaceta número 143 del 28 de julio del 2008.
El ingeniero eléctrico Bárcenas cuenta que la ley antifraude surgió a raíz del memorándum de entendimiento, acuerdo entre Ortega y Unión Fenosa.
“En 2008, Unión Fenosa no podía pagarle a los generadores, por insolvencia financiera. La distribuidora decía: si no me reconocen los desvíos tarifarios, y si no me ayudan a reducir el porcentaje de pérdidas, y más bien alientan a que todo mundo se pegue, no podré cumplir con el rol que me corresponde, porque me llevan a la quiebra. Como el gobierno quería levantar la bandera que había logrado frenar los apagones, entonces, entendió que debía firmar un acuerdo”, comenta Bárcenas.
Le puede interesar: Aumento en precio del petróleo afectará la tarifa de energía