Los defensores de derechos humanos, Marcos Carmona y Álvaro Leiva, directores de la CPDH y la ANPDH respectivamente, han manifestado que se sienten gravemente amenazados después que un alto funcionario del régimen orteguista los acusó en un programa radial de ser ellos promotores de la Nica Act.
La Nica Act, como se sabe, es una iniciativa de ley impulsada en el Congreso de los Estados Unidos (EE.UU.) para sancionar al régimen orteguista, por sus atropellos a la democracia y particularmente por la falta de elecciones libres, justas y transparentes. Lo cual, dicho sea de paso, es del más legítimo interés del pueblo nicaragüense.
La Nica Act es una iniciativa soberana de legisladores estadounidenses motivada por la falta de democracia, Estado de derecho y transparencia, lo cual es un compromiso internacional del Estado de Nicaragua. Esta cruda realidad ha sido creada por Daniel Ortega, no por los defensores nicaragüenses de los derechos humanos, ni por la oposición democrática que también denuncia internacionalmente, como es su derecho y deber, los atropellos del orteguismo.
Solo un mes antes de las denuncias de los directivos de la CPDH y la ANPDH, la defensora de los derechos humanos de las comunidades indígenas del Caribe de Nicaragua, doctora Lottie Cunningham, denunció que personas desconocidas la estaban amenazando de muerte, por medio de las redes sociales, en nombre del partido de gobierno. También en esos días, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), doctora Vilma Núñez de Escorcia, fue víctima de insultos oficialistas por haber recibido una distinción de la Embajada de EE.UU. en Managua. Los insultos fueron entendidos como una amenaza y así fue denunciado ante los organismos internacionales de derechos humanos.
Afortunadamente en Nicaragua no han ocurrido, hasta ahora, atentados contra la vida de defensores de los derechos humanos, solo amenazas directas o indirectas como las que han sido denunciadas por Marcos Carmona, Álvaro Leiva, Lottie Cunnighan y Vilma Núñez. Sin embargo, en cualquier momento se podría pasar de las amenazas verbales e indirectas a los atentados criminales, como ocurre en otros países donde igual que en Nicaragua los derechos humanos son violados de manera habitual y sistemática.
A su debido tiempo, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han pedido al Gobierno de Nicaragua garantías para la libertad, la integridad física y las vidas de los defensores nicaragüenses de los derechos humanos. Pero las amenazas siguen ocurriendo, cada vez con más frecuencia, lo cual es preocupante y exige que los ciudadanos alcen la voz y se pronuncien en defensa de sus defensores, antes de que les suceda algo peor.
Los atropellos a la democracia y los derechos humanos son la causa de la iniciativa de ley contra el régimen orteguista en el Congreso de los EE.UU. A los defensores nicaragüenses de los derechos humanos más bien hay que agradecerles, y apoyarlos, porque su esfuerzo y riesgos se orientan a evitar que sigan ocurriendo los hechos que motivan la Nica Act.