El terremoto diplomático y mediático que han causado los recientes acontecimientos en Siria hace que nuevamente volvamos la mirada a un conflicto que ha sido difícil de solucionar principalmente por la dinámica de oportunidad que representa para las potencias y por la fragmentación de las fuerzas de oposición al gobierno.
Pero más allá de las fuertes imágenes que han conmovido a la opinión pública internacional y las acciones unilaterales de Estados Unidos (EE. UU.), hay un tema que debería estarse discutiendo con carácter de urgencia en el seno de Naciones Unidas y es el tema de las armas químicas.
Es inaceptable que por tercera ocasión el régimen de Bashar Al Asad sea el principal sospechoso de ataques con agentes neurotóxicos dirigidos a civiles. En agosto de 2013 Médicos Sin Fronteras denunciaron un ataque en los suburbios de Damasco en el que murieron más de mil trescientas personas; luego en septiembre de 2016 el Observatorio Sirio de Derechos Humanos denunció el lanzamiento de un tanque con gas cloro en un barrio del norte de Alepo que provocó síntomas de asfixia a unas sesenta personas, entre ellas menores y el más reciente ataque en abril de 2017 en Khan Sheikhoun, en la provincia de Idlib, que ha cobrado la vida de más de ochenta personas por el supuesto uso de gas sarín.
Hay dos puntos relevantes que decir al respecto. Primero, en los tres casos el principal sospechoso es el gobierno de Al Asad pero Naciones Unidas a través de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) no ha actuado de manera contundente en Siria principalmente por el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad y el acuerdo suscrito entre Washington y Moscú en 2013 para impedir represalias de EE. UU. contra Damasco.
Segundo, Siria recientemente presentó su instrumento de adhesión a la Convención sobre las Armas Químicas de 1993 la cual prohíbe el empleo, desarrollo, producción, almacenamiento, retención y transferencia de armas químicas, incluidos sus sistemas de lanzamiento. Esta Convención exige también la destrucción de esas armas. En reiteradas ocasiones Siria ha negado poseer y utilizar dichas armas y culpa a las fuerzas opositoras de hacerlo. Si existiera por parte de Al Asad legítima preocupación por el acceso de los grupos terroristas a este tipo de armas, tiene el derecho de pedir asistencia de la OPAQ, pero no lo ha hecho.
Por otro lado, mientras Washington y Moscú usan un lenguaje cada vez más confrontativo y sopesan entre la racionalidad y la política del prestigio, el mundo entero se preocupa por un enfrentamiento nuclear entre ambas potencias, lo cual es creíble pero menos probable que diversos ataques con armas químicas perpetuados por grupos terroristas que tienen su principal base operativa en esa región.
La profunda fragmentación de los grupos armados en Siria, que suman más de cien y están dentro de un paraguas ideológico muy diverso, tienen como única coincidencia sacar al presidente del poder. Esta fragmentación de la oposición es un indicativo de lo compelo que es pensar en un escenario sin Al Asad. Rusia apuesta por seguir apoyando al régimen, prefiere optar por una “inseguridad controlada”. Mientras tanto EE. UU. quiera a Al Asad fuera pero sin tener muy claro a corto plazo una alternativa viable que llene el vacío de poder. Lo sucedido en Afganistán e Irak debería ser ejemplos a considerar.
La competencia, el enfrentamiento y la política del prestigio que ambas potencias parecen estar determinando como una prioridad, nos está llevando nuevamente a un juego de suma cero, es decir, uno de los competidores obtiene la ganancia absoluta en detrimento de los resultados negativos para el otro contendiente y por supuesto, también para terceros. El caso sirio trasciende los intereses de las potencias porque es un tema de seguridad internacional.
Es importante recordar que el uso de las armas ya no es patrimonio exclusivo de los estados y que en el caso de Siria se corre el riesgo del uso indiscriminado de armas no convencionales en manos de grupos extremistas, como en efecto ya ha ocurrido. Este tipo de armas se pueden desarrollar en la clandestinidad y no existen estrictos controles para su fabricación, almacenamiento y distribución, como ocurre en el caso de las armas nucleares, lo cual nos deja un escenario más peligroso y mucho más probable.
Es imperativo que en el Consejo de Seguridad se priorice este tema y que con carácter de urgencia Rusia y EE. UU. retomen los compromisos del 2013 recogidos en la misión conjunta de la ONU-OPAQ y que asuman el compromiso de garantizar la completa eliminación de las armas químicas.
El gobierno sirio por su parte debe cumplir con los compromisos adquiridos con la OPAQ.
Los políticos, la opinión pública internacional y las organizaciones de Derechos Humanos deben presionar porque esta sea la prioridad de Rusia y EE. UU., de no hacerlo, mientras ambas potencias miden fuerzas, los grupos terroristas tendrían libre acceso a este tipo de armas que pueden ser usadas contra civiles de cualquier nación. Estaríamos ante un escenario dantesco que superaría lo visto hasta ahora con los ataques con explosivos y atropellos masivos en diversas partes del mundo.
La autor es catedrática en temas de Resolución de Conflictos.